Dos menores detenidos por ataque armado en aeropuerto de Guayaquil van a internamiento preventivo

Un juez de Guayaquil dictó este jueves, 18 de junio de 2026, internamiento preventivo para los dos menores implicados en el ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil que acabó con la vida de un cabecilla de Los Águilas.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado, que procesará a los dos menores de 15 y 16 años por el presunto delito de asesinato.

Ambos estarían involucrados en la muerte de Carlos Suástegui, cabecilla de la banda de Las Águilas, brazo armado de la temido grupo criminal Los Choneros.

• Cabecilla de Los Águilas asesinado en el Aeropuerto de Guayaquil era socio de Junior Roldán, este es su pasado delictivo

Los dos menores fueron detenidos por guardias de seguridad en el área del parqueadero de la terminal aérea, tras el crimen. Habían camuflado sus armas en un peluche y un ramo de flores para disparar a Suástegui, en la puerta de salida de los arribos internacionales.

Suástegui era considerado un delincuente de "alto riesgo" y un "objetivo criminal priorizado" por las autoridades e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, en en su cuenta de X.

Guayaquil es una de las ciudades que desde este miércoles están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Es el último de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno", para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como "terroristas" y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.