ESPECIAL | Crisis en la Judicatura, nombramiento de Fiscal y tensiones con la Corte Constitucional redefinieron el frente institucional
La Judicatura designó un Fiscal General encargado sin concurso. En paralelo, Mario Godoy dejó la presidencia del organismo y un excolaborador del Gobierno asumió el cargo de forma transitoria, antes de la llegada de la exjueza Mercedes Caicedo. Se suma la tensión con la Corte Constitucional.
Exteriores de la Corte Constitucional de Ecuador, en el norte de Quito.
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El transcurso de los últimos 12 meses ha reconfigurado el panorama institucional de Ecuador. Durante el primer año de mandato ordinario del presidente Daniel Noboa, la atención pública se ha volcado hacia las dinámicas de las distintas entidades del Estado y su relación con el Ejecutivo.
Uno de los principales focos atraviesa al órgano de gobierno de la Función Judicial. Este período ha estado marcado por complejas transiciones dentro del Consejo de la Judicatura y por el prolongado proceso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. A esto se suma un extenso pulso institucional con la Corte Constitucional, que terminó de configurar uno de los frentes de mayor tensión en el país.
Entre renuncias, subrogaciones que se extienden en el tiempo y resoluciones administrativas debatidas en los tribunales, el sistema judicial pone en escena uno de los retos de su independencia.
Cambios en la Judicatura y la Fiscalía
La configuración del actual escenario judicial comenzó a gestarse desde el período extraordinario previo, tras la anticipada salida de Guillermo Lasso. En julio de 2024, Mario Godoy dejó su cargo como procurador en Petroecuador -entidad que pertenece al Ejecutivo- para asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
Después, en septiembre de 2025, entró en el tablero otra entidad, que aunque pertenece a la Función de Transparencia, tiene impacto directo en la Judicial: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El organismo ratificó en el puesto a Godoy para el período que debe concluir en 2031.
En esa misma época se integraron al organismo vocales como Damián Larco, quien fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) nombrado por Noboa. Y esas dos figuras salidas del Ejecutivo lideraron un nuevo bloque de mayoría dentro de la Judicatura.
Mientras esto sucedía, la Fiscalía General del Estado también experimentó cambios. En mayo de 2025, la fiscal titular Diana Salazar renunció para asumir la Embajada en Argentina, puesto al que había sido nominada por el Gobierno de Noboa un año antes, ya que -por procedimiento diplomático- el país anfitrión debía analizar y aceptar la propuesta primero.
Esa salida coincidió con el fin del periodo legal para el que Salazar fue designada en abril de 2019 y en el que se prorrogó por 42 días, debido a que el CPCCS, enredado en sus crisis internas, no había nombrado su reemplazo a tiempo. Esto dejó al mando del Ministerio Público al fiscal subrogante Wilson Toainga.
Cinco meses después, en octubre de 2025, la Judicatura liderada por Godoy y su nueva mayoría designaron a Leonardo Alarcón como nuevo fiscal general encargado, un nombramiento que fue cuestionado debido a que el fiscal manejaba investigaciones sensibles contra opositores políticos del Presidente de la República.
Para noviembre, Toainga renunció definitivamente y Alarcón asumió el control pleno de la Fiscalía General del Estado, asegurando su permanencia por varios meses ante el lento avance del concurso de méritos retrasado en el Consejo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, la aparente estabilidad conseguida en la Judicatura se fracturó a mediados de diciembre de 2025. El escándalo estalló cuando se reveló que personal de confianza de Godoy habría presionado al juez anticorrupción Carlos Serrano para favorecer a un narcotraficante serbio.
La revelación desencadenó un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, lo que obligó a la bancada oficialista de ADN a retirar su apoyo a Godoy, quien finalmente renunció a la Judicatura y fue censurado a mediados de febrero de 2026.
La caída de Godoy desató de inmediato una serie de movimientos inusuales para determinar su sucesión, que le correspondía a la vocal suplente Alexandra Villacís. Ella no pudo asumir la presidencia de la Judicatura, debido a que el Ministerio de Trabajo registró repentinamente en su sistema un impedimento legal para que ejerza un cargo público, por una supuesta deuda tributaria.
Eso bloqueó su posesión y una madrugada de ese mismo febrero el Pleno del organismo nombró a Damián Larco, exdirector del SRI con Noboa y sin tener título de abogado, como presidente temporal del Consejo de la Judicatura.
Mientras tanto, en los primeros días de marzo de 2026, se cerraron las inscripciones del concurso para designar al nuevo Fiscal General, un proceso donde destacaron perfiles nuevamente con lazos con el Ejecutivo, como el propio fiscal encargado Leonardo Alarcón y José de la Gasca, exministro de Gobierno en la administración de Noboa.
A la par, la disputa por la Judicatura continuaba y se trasladó a los tribunales cuando Villacís obtuvo un fallo favorable de habeas data a finales de marzo, el cual ordenó al Ejecutivo rectificar de inmediato el error administrativo que marcaba el supuesto impedimento en el Ministerio de Trabajo.
Pese a la orden judicial, la Cartera de Trabajo dilató su cumplimiento hasta que la abogada Villacís finalmente renunció a su cargo a inicios de abril, ante la falta de garantías operativas. Exactamente seis días después de su dimisión, el Ministerio levantó la inhabilidad.
A finales de abril de 2026, la exjueza nacional Mercedes Caicedo llegó desde la Corte Nacional de Justicia para asumir la vocalía pendiente y la presidencia definitiva de la Judicatura.
En la primera sesión, el organismo destituyó a la jueza Nubia Vera, magistrada que denunció presiones directas de Mario Godoy y que había fallado a favor de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Asimismo, los vocales nombraron como director nacional de Transparencia a Roberto Guzmán, hermano del abogado defensor de Godoy.
Durante todo ese tiempo, el CPCCS ha continuado en el epicentro de las críticas por no ser capaz de avanzar en el concurso de designación del próximo Fiscal General. Mientras que el presidente Noboa recibió el visto bueno de la Corte Constitucional (CC), en abril, para llevar a referendo su propuesta de restarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana de forma definitiva.
El proyecto del Gobierno, planteado en septiembre de 2025, busca regresar la competencia para designar a todas las autoridades de control a la Asamblea Nacional, donde Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene una mayoría simple.
Y, en caso de que la pregunta llegue a las urnas en las elecciones seccionales adelantadas para noviembre y la ciudadanía la respalde, esto podría implicar que todos los concursos que lleva el CPCCS se declaren desiertos y deban esperar al nuevo modelo en un plazo de 27 meses. Lo que dejaría autoridades prorrogadas en las funciones Judicial (incluida la Fiscalía), Electoral y de Transparencia.
La Corte Constitucional
Uno de los pilares del Estado es la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en Ecuador. Y, básicamente, es la última instancia en todo tipo de querella entre entidades públicas o incluso privadas.
El Gobierno la ha acusado de no tener balances ni contrapesos. Y en este primer año de gestión, el presidente Noboa ha criticado varias de sus decisiones, como reiteró en una charla en el Atlantic Council, en Washington, el último jueves 14 de mayo.
Este pulso se inició tras su segunda posesión, luego de que el Mandatario impulsó cambios legales a través de proyectos económicos urgentes enviados a la Asamblea Nacional, donde tiene la mayoría.
Los dos primeros proyectos legales fueron el de Solidaridad Nacional y el de Integridad Pública, que entraron en vigencia en junio de 2025. Pero el logro oficialista se vio opacado por las decenas de demandas ciudadanas de inconstitucionalidad que llegaron en contra de ambas normas y el freno parcial que les puso la misma Corte Constitucional a inicios de agosto.
Inmediatamente, las principales figuras del Gobierno y de ADN alzaron sus voces para señalar que los jueces constitucionales eran enemigos del pueblo y que buscaban garantizar los derechos de los delincuentes al frenar las leyes urgentes.
Y el mismo Noboa convocó a dos marchas contra los magistrados, una en Quito y una en Guayaquil, que estuvieron acompañadas de grandes pancartas con los rostros de los jueces y con mensajes negativos publicados en algunos sitios en Quito.
El 13 de agosto, desde Carondelet se impulsó una propuesta de referendo que incluía el enjuiciamiento político de los magistrados de la Corte Constitucional en la Asamblea Nacional, para que puedan ser censurados y destituidos, con una mayoría simple; es decir, menos votos que los requeridos para la destitución de un ministro de Estado (dos terceras partes).
Seis días después, el Ministerio de Energía pidió a la Corte Constitucional que devuelva el edificio donde funcionan sus oficinas, que estaba cedido a través de un convenio interinstitucional. Tras críticas en redes sociales, el Ejecutivo dio marcha atrás y dejó insubsistente el pedido.
Ya para enero de 2026, el Primer Mandatario publicó una imagen de los jueces en sus redes sociales, para acusarlos de impedir las concesiones de energía a privados, por declarar parte de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica como inconstitucional. Aunque el fallo no lo impedía totalmente.
En marzo, el secretario Jurídico de la Presidencia y exjuez constitucional, Enrique Herrería, acusó a la Corte de supuestas presiones contra el Ejecutivo, referentes con el recientemente suscrito acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos.
En un episodio distinto, en abril, la Contraloría General del Estado entró en escena tras la divulgación de informes reservados sobre el patrimonio privado de dos magistrados de la Corte Constitucional, documentos que habían sido remitidos a la Fiscalía para el inicio de una investigación.
En medio del escándalo provocado por la filtración y la apertura de una indagación previa, la Contraloría atribuyó a la Fiscalía la responsabilidad sobre la reserva de la información. La Fiscalía no se pronunció al respecto. Dos días después, uno de los jueces de la Corte Constitucional, que no es parte de los investigados, renunció a su cargo: Raúl Llásag.
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