Después del ‘halón de orejas’, el Gobierno acusa a la Corte Constitucional de entrometerse en sus funciones

El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, remitió un pedido de aclaración a la Corte Constitucional (CC), sobre su dictamen del 21 de febrero, que ordenó la creación de una comisión interinstitucional para evaluar la gestión de las autoridades en el tema de seguridad.

“Ante la falta de capacidad, voluntad política y coordinación de estas instituciones, esta Corte se ve en la necesidad de adoptar, como medida para evitar la desnaturalización del estado de excepción, la creación de un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado”, adviertió el máximo tribunal del país en su sentencia.

En el dictamen 1-25-EE/25, los jueces también establecieron el “seguimiento y evaluación de los esfuerzos de las autoridades para transitar al régimen constitucional ordinario y contar con herramientas para responder al problema”.

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Pero, al Gobierno le llama la atención que la Corte disponga la creación de dicha comisión y mecanismo de seguimiento, “sin justificar el fundamento constitucional para ejercer esta facultad e ignorando las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, vinculadas al ámbito de seguridad”.

Según el equipo jurídico del presidente Daniel Noboa, la Corte está “emitiendo política pública” en el ámbito de seguridad, por lo que afirman que las disposiciones de establecer la comisión, el mecanismo de seguimiento y de remitir información pública “resultan inaplicables”.

Esto pese a que el artículo 436 de la Constitución establece que las decisiones del máximo tribunal "tendrán carácter vinculante". Y el 440 ordena que "las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables". 

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Sin contar que las aclaraciones y ampliaciones de las sentencias en Ecuador, en general, no modifican el contenido de las decisiones.

De todas formas, en su documento del 7 de marzo, el Ejecutivo sostiene que no hay normativa legal que permita a la Corte “realizar diseño, planeamiento o elaboración de políticas públicas de ningún tipo, menos aún a disponer acciones concretas de ejecución de tales facultades de las que carece”.

Además, el Gobierno afirma que el dictamen resulta "inejecutable" porque: 

• “Es evidente que la Corte Constitucional está invadiendo esferas privativas de competencias y atribuciones exclusivas del Presidente de la República”.
• “Está incurriendo en intromisión de funciones al arrogarse facultades que no le competen”.
• Está “incurriendo en una evidente inconstitucionalidad, violentando sendos principios constitucionales como el de separación de poderes, de competencia, de supremacía constitucional, seguridad jurídica entre otros”.
• “Socava la soberanía misma del Pueblo que ha elegido a su mandatario para que dirija el país”.

Sobre el conflicto armado interno

Los jueces han insistido durante casi un año que los dictámenes sobre los estados de excepción no justifican la existencia de un conflicto armado interno y de que “sus beneficios son casi inexistentes ante la falta de resultados reales y las graves consecuencias que empiezan a evidenciarse”.

En su última sentencia, la Corte exigió al Gobierno que, si decide declarar nuevos estados de excepción, estará obligado a justificar que ya “ha implementado las medidas disponibles en el régimen ordinario y demostrar que aquellas que no están disponibles y son necesarias, no responden a su inacción o negligencia, sino que se encuentran en proceso de ejecución”.

Ante los cuestionamientos a su gestión de la seguridad, el gobierno del presidente Daniel Noboa acusa a la Corte de mostrar “severas inconsistencias” en sus parámetros y de “realizar escrutinios cada vez más restrictivos” y “realizar determinaciones que no son de su competencia”.

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Así, el Ejecutivo reclama que la Corte cuestione los esfuerzos del Primer Mandatario y de las fuerzas del orden para combatir la crisis de seguridad que vive el país. Y afirma que los argumentos de los magistrados no se ajustan al conflicto nacional, sino a “otro tipo de conflictos”.

El Gobierno también califica de incomprensible la decisión del tribunal de negar la extensión de la declaratoria de estado de excepción a las cárceles del país. Por eso el abogado del presidente Noboa pide que los jueces aclaren los criterios de esa parte del dictamen.