El Plan de Seguridad de Noboa anuncia reformas legales y nuevas intenciones de modificar la Constitución

Desde el inicio de su gestión en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha dejado en claro sus intenciones de modificar el marco legal ecuatoriano, incluida la Constitución de Montecristi. En su primer periodo, con una mayor aprobación, incluso concretó su primera victoria mayoritaria en una consulta y referendo.

Sin embargo, desde mayo de 2025 y pese a haber conseguido una mayoría legislativa, sus proyectos económicos urgentes se han topado con resistencia popular y legal. Por ejemplo, las más cuestionadas fueron las polémicas leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, que finalmente fueron dadas de baja por la Corte Constitucional (CC).

Y el principal eje transversal de sus propuestas ha sido la seguridad y la 'mano dura'. Por ejemplo, a través de las urnas, consiguió aprobar la extradición de ecuatorianos y el incremento radical de penas en ciertos delitos.

Pero las leyes de su segundo periodo han recibido decenas de demandas de inconstitucionalidad y sus últimas propuestas de cambios constitucionales fueron rechazadas, sea por la Corte o ya en las papeletas por la ciudadanía.

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Ahora, con el nuevo Plan de Seguridad Integral, presentado el 14 de julio, el Gobierno plantea a lo largo del documento su agenda legislativa para el resto del periodo. 

Ahí, el Ejecutivo enumera los problemas sociales y estructurales de gobernabilidad, desconfianza en las instituciones, corrupción, permeabilidad del sistema judicial, impunidad, desactualización tecnológica estatal. 

Las reformas en la mira

El Plan de Noboa anuncia una serie de propuestas de cambios legales. Por ejemplo, "ante el riesgo estructural contra la democracia frente a la infiltración e irrupción de estructuras ilícitas o criminales organizadas, se plantea la necesidad de contar con reformas normativas que garanticen la acción unificada para la seguridad".

Una arista en esa área es el sistema penitenciario, para el cual prevén una reforma integral y la profesionalización del cuerpo de vigilancia, que incluye un plan de carrera. Esto es algo que está en marcha, según el documento.

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También plantean "reformas para subsanar los conflictos normativos en la judicialización de delitos y en el empleo de Fuerzas Armadas". Así como otro paquete de modificaciones al Código Orgánico Integral Penal "respecto a los conflictos jurídicos actuales".

En la lista de entidades involucradas por el Ejecutivo para este trabajo aparecen la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura, que deberán impulsar las reformas constitucionales "necesarias para perfeccionar los mecanismos de calificación y nombramiento de las autoridades judiciales". 

En apenas un año, el Ejecutivo prevé complementar el marco normativo para la gestión minera a escala nacional. Otra propuesta será actualizar el marco legal de ciberseguridad y ciberdefensa, en el plazo de dos años, a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y el Comité Nacional de Ciberseguridad. 

El Plan encarga además a la Secretaría de Integridad Pública y al Consejo de Participación Ciudadana el impulso de normativa para fortalecer el control social, la denuncia eficaz, la rendición de cuentas y la imposición de responsabilidades.

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Así como la Superintendencia de Economía Popular, la Secretaría de Pueblos, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía General deberán "fortalecer los mecanismos de control sobre estructuras jurídicas que podrían financiar actividades que socaven la gobernanza estatal". Es decir, una mayor vigilancia sobre la sociedad civil y ONGs.

El Gobierno también habla de reforzar la fiscalización, de la mano de la Contraloría General, así como "fortalecer los códigos de ética y normas de conducta para los servidores públicos". Aunque el mismo Noboa derogó el Código de Ética del Ejecutivo, que apuntaba especialmente a los conflictos de interés.

El Plan apunta a un gran objetivo político: "corregir la desalineación constitucional con el entorno democrático actual del país, mediante reformas constitucionales, que incorporen de forma eficaz la acción unificada del Estado en materia de seguridad".  Y, según el documento, esto se trabajará en coordinación con la Corte Constitucional, la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral.