¿Cómo impactan las transferencias del Estado a las economías locales en Ecuador?

En América Latina y el Caribe, los gobiernos subnacionales son entidades muy dependientes de los recursos que les asigna el Gobierno central para subsistir y operar. En promedio, estas transferencias estatales representan el 58% de los ingresos totales de los municipios en la región. Lo que plantea un gran enigma: ¿realmente este dinero logra "aceitar" la maquinaria productiva de los territorios o termina diluyéndose en los laberintos de la ineficiencia y la burocracia local?

Para responder a esta pregunta, es necesario entrar en el terreno de la evaluación de impacto y la causalidad. En el mundo de la economía y las políticas públicas, distinguir entre una simple coincidencia (correlación) y una verdadera relación de causa y efecto es el gran desafío. No basta con observar que las ventas subieron en un municipio que recibió más dinero; es posible que las ventas hayan crecido por un factor externo, como una buena cosecha local o un aumento en el precio de un producto regional y no por la gestión municipal. Para resolver este dilema, los investigadores buscan lo que llaman un "contrafactual": una forma de comparar lo que sucedió con lo que habría sucedido si el dinero no hubiera llegado.

Identificar el impacto real requiere de un "experimento natural", una situación donde el azar o una regla externa decida quién recibe más recursos. Esto es precisamente lo que lograron los economistas Leonardo Sánchez, Gonzalo Sánchez y Wladimir Zanoni en su estudio publicado en febrero de 2026 en el ‘Journal of Development Economics’. Al analizar una reforma en Ecuador, pudieron aplicar una metodología que permite limpiar los datos de cualquier sesgo o factor externo, garantizando que el crecimiento observado en las ventas sea atribuible al flujo de las transferencias estatales.

El experimento natural de la reforma de 2018

El escenario para este análisis fue la reforma de 2018 al Modelo de Equidad Territorial (MET), el mecanismo mediante el cual el Estado ecuatoriano distribuye ingresos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Bajo las reglas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el sistema asigna fondos basándose en una fórmula matemática. En aquel año, se modificaron los pesos de los criterios de esta fórmula en el llamado Tramo B: el peso otorgado al tamaño de la población se redujo a la mitad (del 10% al 5%), mientras que se premió con mucha más fuerza el esfuerzo fiscal (que saltó del 10% al 25%) y el cumplimiento de metas de desarrollo (que subió al 15%).

Este cambio no fue una decisión arbitraria para favorecer a un alcalde sobre otro, sino un ajuste aplicado a nivel nacional. Esta particularidad permitió a los investigadores tratar la reforma como un experimento natural. Al comparar los municipios que "ganaron" presupuesto debido a su mejor desempeño fiscal frente a aquellos que recibieron menos por el cambio en el peso poblacional, el estudio pudo medir el impacto con precisión. Además, al contar Ecuador con un sistema donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es recaudado por una autoridad nacional (SRI) y no por los municipios, se eliminó el riesgo de que la eficiencia cobradora de una alcaldía contaminara los resultados del crecimiento local.

Un motor para las ventas y las Pymes

Los hallazgos de la investigación confirman que un incremento de 1% en las transferencias gubernamentales provocó un aumento del 0,94% en las ventas totales de los negocios en 2018, cifra que se elevó al 1,05% durante el año 2019. El impacto es aún más revelador cuando se analiza qué tipo de productos y empresas lideraron este crecimiento. Los investigadores descubrieron que los efectos más fuertes se concentraron en las ventas que no están gravadas con IVA. Esto incluye bienes y servicios esenciales para la población, como alimentos no procesados, servicios de salud, educación, transporte y agua potable.

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Además, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) despuntaron como las estructuras comerciales más beneficiadas. Debido a que las Pymes suelen operar con fuertes restricciones de liquidez y márgenes estrechos de flujo de caja, la inyección de capital público en sus territorios les permitió expandir sus ventas a un ritmo significativamente mayor que las grandes corporaciones.

Solo en 2019, las ventas exentas de IVA en Ecuador sumaron la cifra de USD 48.590 millones, representando casi un 45% de la economía. De acuerdo con los resultados del estudio, un aumento de 1% en las transferencias a los municipios logró expandir este segmento de mercado en aproximadamente USD 646 millones adicionales, lo que representó una inyección equivalente a un 0,60% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en ese año.

Los canales de transmisión: el gasto corriente y la inversión pública

Para que el presupuesto de un municipio termine efectivamente en la caja registradora de una tienda de barrio o en las cuentas de una pequeña empresa de suministros, el dinero debe recorrer canales de transmisión específicos. El estudio desglosa cómo la administración pública digiere estos fondos adicionales y los inyecta en la economía real. A diferencia de la creencia tradicional que asume que solo la infraestructura mueve la aguja económica, la investigación revela que el consumo operativo del municipio también juega un papel protagónico.

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El primer canal, y el más veloz en activarse, es el gasto corriente. Cuando las alcaldías reciben más recursos del Estado, aumentan el pago de salarios y la adquisición de bienes y servicios para su funcionamiento diario. Los datos de la investigación muestran que por cada 1% adicional de transferencias que recibe un municipio, su gasto corriente crece casi en la misma proporción. Este estímulo en el gasto operativo inyecta liquidez inmediata en la comunidad: al haber más empleados públicos con sueldos al día y una alcaldía comprando suministros de oficina o servicios básicos, el poder adquisitivo local aumenta, beneficiando sobre todo a los comercios que venden productos que no pagan IVA.

El segundo canal fundamental es la inversión pública o gasto de capital. Aquí, el aumento de los fondos estatales se traduce en contrataciones para obras de infraestructura y proyectos de desarrollo territorial. Aunque este rubro toma un poco más de tiempo en ejecutarse que el gasto corriente, es vital porque moviliza maquinaria, material de construcción y empleo técnico local.

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Los autores mencionan que la contratación pública (tanto para la operación administrativa de rutina como para la obra física) oxigena al sector privado. No es solo un trámite burocrático, sino un mecanismo directo que convierte los fondos fiscales en facturación real para las empresas locales, explicando por qué las pequeñas y medianas empresas (Pymes) logran un crecimiento tan fuerte en sus ventas cuando el Estado transfiere los recursos a tiempo.

Lecciones y advertencias para la política pública

Las transferencias del Gobierno central a los GAD no son únicamente una herramienta de financiamiento público, sino también un mecanismo capaz de dinamizar la actividad económica local. Cuando estos recursos llegan a los municipios, se transforman en salarios, compras públicas, contratación de servicios, obras e inversión territorial. Ese flujo de liquidez termina activando la demanda local y elevando las ventas de las empresas, especialmente de las Pymes.

Sin embargo, el hallazgo no debe interpretarse como una defensa automática de mayores transferencias sin condiciones. El estudio mide el efecto agregado de recibir más recursos, pero no evalúa si cada municipio los ejecuta de manera eficiente ni si el gasto se orienta hacia los proyectos de mayor impacto social y productivo. En otras palabras, las transferencias pueden mover la economía local, pero su capacidad para generar desarrollo sostenible depende de la calidad de la planificación, la ejecución y la rendición de cuentas de los gobiernos locales.

Un sistema de transferencias bien diseñado puede convertirse en un motor de crecimiento inclusivo si combina tres elementos: reglas de asignación transparentes, incentivos al esfuerzo administrativo y fortalecimiento de las capacidades locales para ejecutar recursos con eficiencia. La reforma de 2018 mostró que cambiar los criterios de distribución puede modificar los incentivos de los municipios y generar efectos reales sobre la economía de sus territorios.

Para Ecuador, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se transfiere a los GAD, sino en cómo se asigna, cómo se ejecuta y qué resultados genera. Las transferencias estatales pueden “aceitar” la maquinaria productiva local, pero para que ese impulso no se diluya en gasto ineficiente, deben estar acompañadas de mejores mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación.

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El principal hallazgo del estudio es que los recursos públicos sí pueden convertirse en ventas, empleo y liquidez para las economías locales. Pero el reto es lograr que ese efecto de corto plazo se transforme en desarrollo territorial de largo plazo.