El verdadero riesgo de El Niño 2026 no está en la lluvia, sino en la vulnerabilidad del país
El eventual retorno de El Niño en 2026 vuelve a colocar en discusión la capacidad de prevención del Ecuador. Más que medir únicamente lluvias o caudales, el debate exige observar las condiciones sociales sobre las que impacta el fenómeno.
Inundación en la vía Babahoyo-Jujan, en marzo de 2024, el último año que se desarrolló el fenómeno de El Niño.
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Cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial advierten sobre el calentamiento del Pacífico ecuatorial, en Ecuador la conversación suele concentrarse en centímetros de lluvia, caudales de ríos y zonas de posible inundación. Esa información es necesaria, pero no basta para entender el alcance real del fenómeno. El impacto de El Niño no depende únicamente de la intensidad de las precipitaciones, sino de las condiciones sociales, sanitarias y territoriales sobre las que actúa.
Según Marcelo Aguilar, médico tropicalista y epidemiólogo experto en control de enfermedades transmisibles, el fenómeno climático es solo el detonante. El tamaño del daño se define mucho antes, en la estructura social sobre la que cae el agua: viviendas ubicadas en zonas de riesgo, servicios básicos insuficientes, sistemas de salud debilitados, inseguridad alimentaria y territorios donde la presencia estatal llega tarde o no llega.
Esa distinción no es teórica, pues tiene cuatro décadas de evidencia detrás. Desde el devastador episodio de 1982 y 1983 hasta el más reciente de 2023 y 2024, Ecuador ha aprendido, a un costo altísimo, que un mismo fenómeno puede dejar saldos radicalmente distintos según el terreno social sobre el que cae. La pregunta de fondo, de cara al evento que se anuncia para finales de 2026, no es solo cuánta lluvia traerá, sino sobre qué país caerá.
1982-1983: cuando El Niño dejó de ser una bendición
Para generaciones de agricultores de la Costa, El Niño tenía una connotación casi benigna: anunciaba lluvias que favorecían ciertos cultivos. El episodio que se extendió entre fines de 1982 y mediados de 1983 borró esa imagen para siempre. Considerado uno de los más intensos del siglo XX, dejó varios meses de lluvias extremas, desbordamientos de ríos, deslizamientos y poblaciones costeras incomunicadas.
Según la CEPAL, las pérdidas en Ecuador bordearon los USD 640,6 millones: el 83 % correspondió a daños directos y el 17 % a daños indirectos. El golpe se concentró en los sectores productivos, con alrededor de USD 405,6 millones en agricultura, ganadería, pesca e industria; en transporte, con USD 209,3 millones; y en sectores sociales, como salud, educación y vivienda, con USD 23,6 millones.
El costo humano fue alto. En abril de 1983, un deslave en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, cobró más de un centenar de vidas. La pesca también sufrió, con daños estimados dentro del impacto productivo del evento. El gobierno de Osvaldo Hurtado impulsó la campaña ciudadana “Unidos somos más”, que buscaba reunir 100 millones de sucres y, según registros de prensa, alcanzó una recaudación de 119 millones de sucres, una cifra simbólica frente al tamaño de los daños. Naciones Unidas pidió entonces al país planificar obras de mitigación para el siguiente episodio, una advertencia que se atendió solo en parte.
1997-1998: el desastre que el país todavía recuerda
Si 1982 a 1983 cambió la percepción, 1997 a 1998 definió el trauma. Sigue siendo el evento de mayor impacto en la historia reciente del Ecuador y la referencia obligada cada vez que se anuncia un nuevo Niño. Las cifras económicas varían ligeramente según la fuente, algo que conviene explicitar: la CEPAL estimó el daño total en USD 2.869,3 millones, con 27% de daños directos y 73% de daños indirectos, mientras la CAF lo elevó a cerca de USD 2.882 millones.
La proporción frente al PIB también cambia según la metodología: la CEPAL ubicó el impacto en alrededor del 17% del PIB de 1997, mientras la CAF lo estimó en cerca del 15%. Más allá del número exacto, el orden de magnitud es inequívoco: el evento equivalió a una parte enorme de la economía nacional.
El sector productivo fue el más golpeado, con USD 1.515,7 millones en daños. Dentro de ese rubro, el agropecuario y la pesca concentraron USD 1.243,7 millones. En el campo, se estimaron 843.873 hectáreas de cultivos perdidos y afectados, de las cuales 683.630 correspondieron a cultivos perdidos y 160.243 a superficie que no llegó a sembrarse. Los daños fueron severos en productos como banano, arroz, maíz duro, caña de azúcar, café, soya y cacao.
El balance social fue devastador. Según la CEPAL, alrededor de siete millones de personas, cerca del 60% de la población del país, vieron alteradas sus condiciones de vida por El Niño de 1997 a 1998. La Defensa Civil registró 292 fallecidos, 162 heridos y 40 desaparecidos. En vivienda, se reportaron 1.641 casas destruidas y 7.461 afectadas, sobre todo en provincias como Azuay, Cañar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Napo.
El fenómeno desató, además, desplazamientos internos y migración desde zonas rurales y costeras hacia centros urbanos. La lección que dejó la CEPAL es incómoda: el daño de 1997 a 1998 fue casi cuatro veces mayor que el de 1982 a 1983, no solo por la intensidad meteorológica, sino también por factores estructurales, como la mayor concentración de población, infraestructura y actividades productivas en zonas expuestas al riesgo.
2015-2024: la era de la prevención
El episodio de 2015 a 2016 fue uno de los más fuertes registrados a escala global, comparable con los de 1982 a 1983 y 1997 a 1998, según la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, en Ecuador sus efectos fueron menores que los de los grandes eventos históricos. Hasta mayo de 2016, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó aproximadamente 27.000 personas directamente afectadas, 31 fallecidos, 6 desaparecidos y 807 albergados. La diferencia deja una lección importante: la intensidad global de El Niño no se traduce de manera automática en el mismo nivel de desastre en cada país.
El episodio de 2023 a 2024 volvió a poner a prueba la gestión preventiva. En mayo de 2023, Ecuador declaró alerta amarilla en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias ante la posible evolución del fenómeno de El Niño. Las proyecciones iniciales fueron elevadas: la Secretaría de Gestión de Riesgos estimó posibles pérdidas cercanas a USD 3.793 millones en el sector primario, con mayor exposición en agricultura, camaroneras, ganadería y pesca artesanal.
No obstante, el impacto final fue menor al escenario previsto. El 8 de mayo de 2024, el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) declaró inactivo el evento en Ecuador, al considerar que sus efectos eran mínimos y recomendar el cambio de alerta a blanca.
La conclusión de esta etapa es clara: El Niño sigue siendo una amenaza relevante, pero su impacto no depende solo de la magnitud climática. El monitoreo, la alerta temprana, la infraestructura, la preparación institucional y la vulnerabilidad social influyen en la forma en que el fenómeno se convierte, o no, en desastre.
No enferma el clima, enferma la desigualdad
La primera advertencia de Aguilar desarma la idea de “desastre natural” como golpe parejo. “Los eventos climáticos afectan de forma muy diferenciada según las condiciones de vida de las personas”, señala a GESTIÓN. El ejemplo es reconocible en toda la Costa: asentamientos levantados a lo largo de cauces que permanecen secos en verano “pero que en estos eventos se convierten en torrentes inmensos”.
La calidad de la vivienda, el acceso al agua y a los servicios de salud convierten a la pobreza en un multiplicador del riesgo. Y ese riesgo tiene una expresión sanitaria precisa: un “complejo patógeno” que se despliega por fases, enfermedades por vectores que aumentan antes del pico de lluvias, brotes durante la inundación y un rebrote cuando las aguas se retiran.
Desde el enfoque de la determinación social de la salud, Aguilar es categórico: “El mayor determinante del riesgo de enfermar y morir va a depender de la inserción social”. Las fracciones más pobres concentran el mayor impacto, y a las carencias históricas se suma hoy un factor que no existía con esta intensidad en los grandes eventos del pasado: la violencia.
“Genera una condición de exclusión territorial, de marginación”, explica; hay zonas a las que los servicios de salud, la vacunación, programas específicos simplemente no llegan. La desigualdad sanitaria ecuatoriana puede medirse, y la desnutrición crónica infantil (DCI) la retrata con crudeza: el promedio nacional esconde brechas enormes según ingreso, etnia y territorio. Es justamente el terreno sobre el que El Niño multiplicará el daño.
Del mar a la mesa, el golpe a la seguridad alimentaria
El daño económico sobre los hogares vulnerables se traduce, casi de inmediato, en daño nutricional. Aguilar identifica un mecanismo propio de la costa ecuatoriana y peruana: “Las altas temperaturas del mar generan la migración de especies de peces hacia zonas más frías”, lo que limita el recurso alimentario de las poblaciones pesqueras.
A eso se suman las crecidas que arrasan los cultivos de ciclo corto y, en espejo, las sequías que El Niño provoca en la Sierra “mientras llueve tremendamente en el Litoral”. “El problema alimentario es uno de los que más afecta”, resume; tanto en Ecuador como en Perú se ha documentado el aumento de la desnutrición infantil durante estos episodios. La magnitud potencial de la afectación agrícola no es menor, como muestran los dos eventos de referencia frente a la proyección del más reciente.
¿Prevención real o respuesta tardía?
Frente a la alerta declarada y al anuncio de brigadas y medicamentos, Aguilar es escéptico, y su crítica es estructural más que coyuntural. “Durante los últimos años la política de salud no ha estado en la agenda del gobierno”, afirma: reducción sistemática de presupuestos, debilitamiento del sistema y ausencia de una política clara para fortalecer la atención primaria. Reconoce que algunos municipios han iniciado obras de drenaje y protección frente a inundaciones, pero insiste en que “se requiere una acción mucho más amplia”.
La advertencia de Naciones Unidas existe; la información sobre los efectos de El Niño también. Lo que falta, sostiene, es decisión y financiamiento. Las cifras de gasto preventivo dan la razón a su diagnóstico: la inversión se concentra en la fumigación reactiva y desaparece en lo que evita el brote de raíz educación comunitaria e investigación del vector.
2026-2027: un evento potencialmente fuerte en un país más vulnerable
El tema vuelve a ser urgente. Tras un inusual período de tres años de La Niña entre 2020 y 2023 y una fase neutral posterior, los principales centros de monitoreo advierten el retorno de condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial. La NOAA confirmó condiciones de El Niño en junio de 2026 y estimó una probabilidad relevante de que el evento alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026 e inicios de 2027. La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, señaló una alta probabilidad de desarrollo del fenómeno durante 2026, aunque mantuvo cautela sobre su intensidad máxima.
Aguilar introduce un matiz que cambia el cálculo. El riesgo no depende solo de la magnitud del fenómeno, sino también del contexto en el que ocurre. Un océano más cálido puede amplificar ciertos impactos climáticos, pero el daño final estará condicionado por la vulnerabilidad social, la capacidad de respuesta institucional, la infraestructura disponible y la situación sanitaria del país.
En ese sentido, el escenario ecuatoriano es más complejo que en episodios anteriores: a la exposición climática se suman pobreza, inseguridad alimentaria, debilidad de servicios públicos y violencia territorial. La pregunta, entonces, no es solo cuán fuerte será El Niño, sino qué tan preparado está el país para enfrentarlo.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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