No es TikTok, la violencia contra y entre adolescentes se incubó durante 12 años
Los asesinatos de adolescentes pasaron de 21 a 148 por trimestre entre 2014 y 2026, la cifra más alta de la que se tenga registro. La conversación pública apunta a las redes sociales, pero los datos señalan una raíz más vieja: pobreza, aulas vacías y un Estado que llega tarde. El reclutamiento digital es apenas el último eslabón de una cadena que se forja mucho antes de la pantalla.
Adolescente asustada detrás de un celular
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Yvette Moya-Angeler
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Cada vez que una nueva cifra de violencia golpea a la niñez ecuatoriana, el dedo señala a la misma sospechosa: la red social. TikTok, el algoritmo, el video que se viraliza y “engancha” a un menor hasta entregarlo a una banda.
No obstante, los números que el país acumula desde hace más de una década cuentan otra historia, menos tecnológica y más incómoda. Entre 2014 y 2026, los homicidios de adolescentes de 12 a 17 años durante el primer trimestre se multiplicaron por siete: de 21 a 148 casos. Ninguna aplicación existía con la fuerza actual cuando esa curva empezó a inclinarse. El reclutamiento digital es real y se está acelerando, pero llega a un terreno que la exclusión social preparó durante años. Entender la tragedia exige mirar lo que falla antes de que el adolescente encienda el teléfono.
Una curva de 12 años, no un repunte de un trimestre
La tentación estadística es leer la violencia como noticia: el dato del trimestre, la comparación con el año anterior, el repunte. Bajo esa lente, 2026 apenas supera a 2025. La lente correcta, sin embargo, es la serie larga, y ahí el panorama es otro. En 2014 se registraban 21 homicidios de adolescentes en el primer trimestre; entre 2017 y 2020 la cifra incluso bajó a niveles de un dígito, con apenas 6 casos en 2018.
Desde 2021 la curva se dispara: 12 en 2021, 32 en 2022, 67 en 2023, 86 en 2024, 142 en 2025 y 148 en 2026. No es un pico aislado, es una pendiente sostenida que convierte al primer trimestre de 2026 en el más letal de la historia para este grupo etario.
La curva de la violencia letal no viaja sola. La serie de aprehensiones y detenciones de adolescentes dibuja el mismo ascenso: tras caer a 531 casos en 2021, durante la pandemia, rebotó hasta 888 en el primer trimestre de 2026, su nivel más alto.
El detalle revelador está en la velocidad: mientras las detenciones generales crecieron apenas 0,29% interanual, las de adolescentes saltaron 34,7%, el mayor incremento entre todos los grupos poblacionales. Dos curvas paralelas: los que mueren y los que entran al sistema penal suben al mismo tiempo. Eso no describe un problema digital reciente; describe un proceso estructural que lleva años incubándose y que la conversación sobre algoritmos tiende a aplanar.
Lo que falla antes de la pantalla: pobreza y aula vacía
Si la pregunta es por qué un adolescente resulta “captable”, la respuesta empieza en su entorno material. “Entre el 30% y el 40% de adolescentes que viven en situaciones de pobreza enfrentan diversas carencias, y eso los vuelve mucho más vulnerables y susceptibles a creer en las falsas promesas que reciben por redes”. explica Grace Vásquez, especialista en Incidencia Política y Protección Infantil, en entrevista para GESTIÓN. En un país donde cinco de cada diez niños viven en pobreza, la oferta de un grupo criminal no compite contra una vida estable, sino contra la ausencia de ella.
El segundo factor es educativo. Alrededor de 150.000 adolescentes abandonan la escuela cada año, y ese desenganche multiplica el riesgo. “Haber abandonado la educación puede aumentar la posibilidad de que los y las adolescentes se vinculen a estos procesos”, advierte Vásquez. La pandemia profundizó la herida: durante el confinamiento, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes se conectaron de forma masiva, primero por obligación escolar y luego para recreación, justo cuando la deserción se disparaba. El resultado es una generación con más horas frente a la pantalla y menos vínculo institucional que la sostenga.
Esa combinación, pobreza más aula vacía, no es un dato marginal. Es el suelo sobre el que opera cualquier reclutamiento, digital o no. Antes de que aparezca un mensaje en una red social, ya existe un adolescente sin red de protección, sin proyecto educativo y rodeado de carencias que un grupo criminal sabe leer con precisión.
El espejismo que vende la narcocultura
Sobre ese terreno fértil opera un mensaje cuidadosamente diseñado. El análisis del contenido vinculado a la narcocultura digital muestra a qué apela: el 35% gira en torno al dinero y el lujo; el 24%, al duelo público y los tributos a los caídos; el 20%, a la lealtad y la traición; y porciones menores a la rivalidad territorial, la ironía que normaliza la violencia y la invitación directa. La estética no improvisa: ofrece exactamente aquello de lo que la exclusión priva.
Ahí está la bisagra del fenómeno. El 35% que exhibe dinero y lujo conversa directamente con ese 30% a 40% de adolescentes que crece entre carencias. El contenido no inventa un deseo; lo capitaliza. “Los grupos de delincuencia organizada promueven un estilo de vida que sabemos que es falso, pero que, al repetirse de forma permanente en redes, puede hacer que niñas, niños y adolescentes empiecen a creer que sí es posible”, señala Vásquez. La promesa va más allá del consumo: apela a la pertenencia y, de manera paradójica, a la protección frente a la misma violencia que el grupo genera.
El componente del duelo, ese 24% de tributos a los muertos es quizá el más perverso, porque convierte la consecuencia letal del crimen en símbolo de estatus. Morir joven se ritualiza, se estetiza y se vuelve aspiracional. No es la tecnología la que fabrica ese anhelo; la tecnología solo lo distribuye a escala y con una eficiencia que ningún canal anterior tuvo.
Víctimas y, a la vez, detenidos
La estadística suele separar dos figuras que en la realidad ecuatoriana se confunden: el adolescente asesinado y el adolescente que delinque. Los datos sugieren que, cada vez más, son la misma persona en distintos momentos de una misma trayectoria.
Las cifras de muerte lo confirman desde un ángulo extremo: en 2024, las agresiones y homicidios fueron la primera causa de muerte de niñas, niños y adolescentes, con el 15,7% del total, por encima de cualquier enfermedad o accidente. La segunda causa fueron las lesiones autoinfligidas (el suicidio), con el 10,2%. La violencia, en sus dos direcciones, encabeza la lista.
Del lado de la victimización activa, el perfil de las detenciones es elocuente. El 24,7% de los adolescentes aprehendidos portaba un arma de fuego o un arma blanca, una proporción 2,6 veces mayor que la de los adultos. Y las causas por las que son judicializados dibujan el ecosistema que los absorbe: en 2024 destacan la intimidación (381 casos), el tráfico ilícito de sustancias (338), la tenencia y porte de armas (191), la extorsión (108) y el secuestro (103). No son delitos de oportunidad aislados; son funciones dentro de una estructura criminal que necesita mano de obra desechable y barata.
La normalización tiene incluso métrica social. Consultados sobre si conocen a algún adolescente que forme parte de bandas o pandillas, el 17,3% respondió que sí, cifra que sube al 20,2% en zonas urbanas y baja al 12,3% en las rurales. Para uno de cada cinco adolescentes urbanos, el crimen organizado no es una abstracción mediática: es un compañero, un vecino, una posibilidad cercana. Esa cotidianidad, y no solo el algoritmo, es la que vuelve plausible el salto.
Lo que se discute y lo que falta en la ley
Si el problema es estructural, la respuesta no puede agotarse en regular una aplicación. Vásquez sitúa la primera tarea en el plano legislativo: en la Asamblea Nacional se discute una ley para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. “Es una propuesta con aportes importantes para actualizar el enfoque, pero lo que planteamos es que incorpore expresamente el reclutamiento digital”, precisa. El vacío normativo no es solo de plataformas; es de un marco que todavía no nombra con claridad la forma más nueva del problema.
El segundo frente es institucional. La especialista insiste en fortalecer las rutas de protección y denuncia, y en dotar de capacidad real a las áreas especializadas como la Policía de Ciberdelitos, la Dirección de Ciberdelincuencia, la Fiscalía, que son las llamadas a responder cuando un caso estalla.
De poco sirve detectar la captación si el sistema que debe recibir la alerta está saturado o desarticulado. A ello se suma un componente educativo que, advierte, debe empezar mucho antes de los 14 o 15 años: los niños se exponen a pantallas desde los 2 o 3, y la alfabetización digital y la autoprotección tienen que llegar a esa misma edad, e involucrar a padres, cuidadores y docentes.
El tercer actor son las propias plataformas. Vásquez reclama mecanismos de protección “desde el diseño”, no como parche posterior, y recuerda que la discusión es global: cada vez más países exigen a las grandes empresas herramientas efectivas para proteger a la niñez en línea. Sin embargo, ninguna de estas medidas funcionará de forma aislada.
La pantalla es el último tramo de un camino que arranca en la pobreza, pasa por el aula que se vacía y se alimenta de un Estado ausente. Atacar solo el final es tratar el síntoma más visible de una enfermedad que Ecuador dejó avanzar durante más de una década. El reto, como sugiere la propia curva, no es apagar una aplicación, sino reconstruir todo lo que falla antes de que el adolescente la abra.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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