Del acoso escolar a indicios del crimen en las aulas: suben 42% los menores aprehendidos en colegios de Ecuador

Los adolescentes con uniforme escolar entraron al baño, acorralaron a un estudiante y le mostraron armas de fuego frente a la mirada paralizada de Daniela, una maestra que confiesa sentir "terror" en su propia aula, en un colegio de Quito. El caso develó la presencia de miembros de un grupo de delincuencia organizada (GDO) en la institución educativa. 

Hasta hace poco, el mayor desafío para los profesores era lidiar con casos como el de Matías (nombre protegido), un niño de una escuela del norte de Quito que insultaba y golpeaba a sus compañeros. El seguimiento del departamento de psicología permitió establecer que la agresividad era el reflejo de la violencia intrafamiliar que padecía en su casa.

Ahora, esa violencia intrafamiliar convive con indicios del crimen organizado. El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo (2025) contiene un árbol de problemas, elaborado a partir de información recabada con estudiantes y profesores en el país. Allí se identifica la "perpetuación de ciclos de violencia y discriminación" entre miembros de la comunidad educativa, a partir de una causa: "Ver la violencia como una forma aceptable de ejercicio de poder o control".

El numeral 2 de ese árbol hace referencia al "abandono escolar", por cuatro factores: al bajo rendimiento, tentativa de suicidio y embarazo adolescente se suma uno nuevo, la captación por parte de bandas delictivas.

Según el Ministerio del Interior, 130 menores fueron aprehendidos en 2025 dentro del contexto educativo, por distintas causas. Se trata de un aumento del 42% frente a los 91 casos reportados en 2024. La situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes se documenta también en los datos de violencia de esta Cartera de Estado: 561 homicidios de menores de 17 años se reportaron en 2025, un incremento de 35% frente a los 415 asesinatos de menores de edad en Ecuador en 2024. 

La violencia y los daños en los estudiantes

La psicóloga clínica María José Sevilla, de la Fundación Azulado, señala que uno de cada cinco niños sufre algún tipo de violencia en "un país donde todavía se acepta y normaliza el castigo físico".

Pero en la actualidad la violencia intrafamiliar convive con el terror armado. Según el Ministerio de Educación, 55.534 alertas de riesgos psicosociales se detectaron en los planteles de Ecuador entre el 2022 y el 2025. Más de la tercera parte de esos casos se registró solo en el último año: 19.554 alertas en 2025, que corresponden al 35%.

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El primer lugar de alertas lo ocupan los casos de embarazo, maternidad y paternidad temprana, como muestra el siguiente gráfico sobre los riesgos psicosociales detectados. Le siguen los reportes de violencia física. En tercer lugar, y como puerta de entrada directa a las redes criminales, está el uso y consumo de drogas, que documentó más de 8.940 atenciones en el sistema entre 2022 y 2025. La violencia psicológica se ubica en el cuarto lugar.

El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo 2025 señala que un factor de riesgo es el contexto donde viven los estudiantes. "La exposición a la violencia en comunidades, como robos, extorsiones y enfrentamientos entre bandas, se traduce en comportamientos agresivos y en la normalización de la violencia en el aula".

Este ambiente hostil y de vulnerabilidad detonan en la salud mental de los estudiantes. Según la Política Nacional de Salud Mental, durante el 2024 se registraron 1.143 muertes por suicidio, con 155 casos en la población de menores de 17 años. Una de las víctimas era un niño de apenas ocho años.

Carne de cañón para las mafias

Según expertos consultados por PRIMICIAS, el crimen organizado aprovecha el debilitamiento del tejido social y familiar para empujar a los menores hacia grupos delictivos.

Edgar Zúñiga, director académico de la Escuela de Psicología de la UDLA, explica que estas organizaciones operan mediante seducción y engaño, ofreciéndoles a los jóvenes un falso sentido de pertenencia y seguridad económica.

"El chantaje alrededor de lastimar o violentar a sus familias es lo que les obliga a estar inmersos en este tipo de situaciones".

Edgar Zúñiga, director académico de la Escuela de Psicología de la UDLA

De acuerdo con el Estudio Situacional del Observatorio de Niñez y Adolescencia, los 561 menores de edad asesinados durante 2025 representan una cifra aterradora: un menor asesinado cada 15 horas. 

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La letalidad se ensaña con jóvenes que estaban en edad del bachillerato: 466 de las víctimas tenían entre 15 y 17 años.

La solución estatal, una materia en el pénsum

Frente a la crisis de traumas complejos y el acecho de los GDO en las instituciones educativas, la respuesta del Estado llegó desde el Legislativo. El 22 de abril de 2026, la Asamblea Nacional aprobó reformas legales que obligan al Ministerio de Educación a incluir la materia de "Psicoeducación" en la malla curricular escolar, dando un plazo de 12 meses para su implementación.

El objetivo formal es enseñar salud mental, resiliencia emocional y respuestas ante crisis. Sin embargo, para los especialistas, curar el trauma de la violencia extrema con una asignatura escolar puede resultar insuficiente y riesgoso.

Emilio Carrillo, docente de Psicología de la UIDE, señala que la psicoeducación es un método terapéutico y no una simple materia para transferir conocimientos. Sostiene que aplicarla en un entorno donde los niños están expuestos a traumas constantes, y sin profesionales preparados para contenerlos, "puede llegar a ser contraproducente" y generar crisis emocionales masivas en las aulas.

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Edgar Zúñiga considera que brindar información es valioso para que los estudiantes no se dejen manipular. No obstante, enfatiza que buscar solución con una materia “aísla el problema y revictimiza a los menores”, dejándolos con la carga de protegerse solos frente a sus agresores. 

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El experto agrega que se necesitan intervenciones estatales completas, que incluyan políticas de seguridad reales, selección rigurosa de docentes y fortalecimiento familiar. De lo contrario, advierte Zúñiga, esta nueva ley quedará simplemente como una "cortina de humo" que no afrontará los problemas estructurales que hoy le cuestan la vida a la niñez ecuatoriana.

Con él coincide Carrillo, quien identifica una desconexión de la ley con la realidad. "¿Qué pasa con esa violencia que ha incluido a los jóvenes en el microtráfico o en la captación de grupos de delincuencia organizada? ¿En qué punto la psicoeducación va a poder abordar esa dinámica?". Para el académico, el abordaje de la salud mental debería ser transversal en todo el currículo, no en una materia.