Malla curricular escolar tendrá nuevos contenidos con Ley sobre Ciberseguridad aprobada en la Asamblea

Las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) tampoco pudieron ponerse de acuerdo el 10 de febrero de 2026 en la aprobación de un paquete de reformas sobre Ciberseguridad que, en el papel, parece beneficioso.

La propuesta trabajada por la Comisión de Seguridad de la Asamblea hace cambios a seis leyes vigentes. Las principales: Ley de Transformación Digital y Visual: Ley de Educación Intercultural;  y Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

La asambleísta oficialista y presidenta de la mesa de Seguridad, Inés Alarcón, destacó que la reforma crea un catálogo nacional de servicios que se considerarán esenciales y de estructuras críticas, con las que el país no cuenta en la actualidad. 

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Además, que se establecen plazos de hasta 78 horas para que entidades públicas y privadas, que manejan plataformas tecnológicas con información ciudadana, reporten a las autoridades pertinentes incidentes o ataques.

Sin embargo, Alarcón aclaró que se establece una garantía para que la notificación como tal no constituya de por sí una prueba de negligencia. Esto para que las empresas privadas o públicas no teman hacer el reporte.

La falta de una notificación oportuna y otras acciones u omisiones que puedan generar un problema mayor si serán sancionadas con la siguiente escala:

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1. Infracciones Leves

   • Se considera infracción leve retrasar la actualización de políticas, planes o protocolos de ciberseguridad sin generar impacto operativo. Omitir reportes periódicos o notificaciones menores a la autoridad competente.
   • La sanción para el funcionario público será una multa de uno (1) a diez (10) salarios básicos unificados. Para empresas privadas o públicas, se aplicará una multa de entre el 0.1% y el 0.7% calculada sobre su volumen de negocio.

2. Infracciones graves

   • No implementar la política y estrategia de ciberseguridad; ocultar incidentes significativos que afecten la integridad de sistemas; obstaculizar verificaciones técnicas o auditorías dispuestas; reincidir en infracciones leves.
   • Los funcionarios del sector público serán sancionados con una multa de entre 10 a 20 salarios básicos unificados. A las empresas privadas o públicas se aplicará una multa de entre el 0.7% y el 1% sobre su volumen de negocios.

3. Infracciones muy graves

   • Ocultar incidentes críticos o comprometer la integridad de la información; no informar a la autoridad competente eventos de ataque cibernéticos que afecten derechos de terceros; negarse a cooperar con la autoridad o manipular evidencia; destruir registros digitales o incumplir planes de resiliencia en infraestructura crítica
   • La multa en este caso para funcionarios públicos puede ser de entre 20 a 40 salarios básicos, sin perjuicio de otras acciones. Para empresas públicas y privadas se aplicará una multa de entre el 1% y el 1.5% calculada sobre su volumen de negocios.

Alfabetización en seguridad digital

Otro de los aspectos que se destacó de la ley en el debate del martes 10 de febrero de 2026, al menos del lado de ADN, fue la inclusión de materias en la malla curricular para prevenir y enfrentar los peligros cibernéticos.

Especialmente, el reclutamiento de menores de edad a grupos del crimen organizado que estarían usando esas tecnologías para acercarse y captar a niños, niñas y adolescentes.

La propuesta plantea todo un programa de alfabetización digital para todos los niveles educativos, que deberá ser implementado por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones.

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La materias que se impartirían, una vez que la norma sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, y entre en vigencia son:

• Habilidades de autocuidado digital.
• Protección de datos personales y privacidad.
• Uso ético y responsable de tecnologías.
• Pensamiento crítico frente a contenidos digitales.
• Prevención de acoso y violencia digital.
• Identificación temprana de señales de riesgo e higiene digital.

Esto se complementa con una reforma a la Ley de Comunicación para que los medios de comunicación deban "destinar una hora diaria, no acumulable, para la transmisión de programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad, derechos y seguridad digital, elaborados por los Ministerios o Secretarías competentes".

Recuperando artículos de leyes cuestionadas

La normativa aprobada en segundo debate el martes 10 de febrero revive además dos artículos de la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).

Ambas plantean reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

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El oficialismo insiste en un plazo de 180 días para que el ente de control del Tránsito analice y verifique las acreditaciones de las empresas encargadas de la calibración de los medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones, en referencia a los radares.

Además, dispone que "si el país se encuentra en grave conmoción interna por seguridad, el Presidente de la República podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional".

El desacuerdo correísta

Si bien la bancada de la Revolución Ciudadana consideraba que hay temas que son necesarios normar para avanzar en una cultura de la ciberseguridad en el país, hay otros que les inquietan.

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El legislador correísta Gerardo Machado, que también es parte de la Comisión de Seguridad, resaltó la propuesta de alfabetización como un primer paso a lograr una verdadera "ciudadanía digital".

Sin embargo, al correísmo le parece que en otros capítulos, como en la reforma que se hace a la Ley de Telecomunicaciones, se le otorga demasiados poderes al Ministerio del ramo, lo que "podría derivar en un control más político que técnico".

Mencionó que en la norma se cataloga como infraestructura crítica al internet satelital de órbita que es el que llega y dar servicios a las comunidades alejadas.

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"Aunque el texto no habilita expresamente a la desconexión arbitraria y al espionaje, sí crea capacidades técnicas regulatorias que, en contexto de conmoción interna o estados de excepción, podrían ser interpretadas de forma expansiva con el argumento de seguridad nacional", dijo Machado.

Para el correísmo, los excesivos controles e intervención del Estado en plataformas y sistemas tecnológicos, que contendría la ley, podría generar una "ciudadanía vigilada".