El mapa oculto del trabajo infantil en Ecuador y por qué la pobreza ya no explica todo

El trabajo infantil suele pensarse, casi por reflejo, como un problema derivado de la pobreza: familias sin ingresos suficientes que se ven obligadas a poner a trabajar a sus hijos. Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de 2025, procesados con el factor de expansión oficial del INEC, confirman que la pobreza importa, pero también revelan algo menos intuitivo: cuando se controla estadísticamente por el territorio y la etnia, el efecto de la pobreza monetaria pierde buena parte de su fuerza explicativa. Esto sugiere que el fenómeno responde a causas más profundas y estructurales que la sola carencia de ingresos.

Para llegar a estas cifras se trabajó directamente con los microdatos de la Enemdu 2025, la encuesta de empleo que levanta el INEC a lo largo de todo el año a nivel nacional. Se identificó a la población de 5 a 17 años y se construyó una variable proxy de trabajo infantil, que toma el valor de uno cuando el niño, niña o adolescente declaró haber trabajado durante la semana de referencia o tener un empleo del cual estuvo temporalmente ausente, y cero en caso contrario.

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Cada caso identificado en la muestra se multiplicó por su factor de expansión, la variable que permite proyectar los resultados de las personas efectivamente encuestadas hacia el total de la población del país, para así obtener cifras representativas a nivel nacional y no solo de la muestra levantada.

La tasa rural es casi 14 veces la urbana. Según el académico Pablo Samaniego, esta brecha se explica en gran medida por la fragilidad de la economía campesina, que depende de mano de obra familiar no remunerada para sostenerse: la agricultura familiar campesina se construye precisamente sobre esa base de trabajo compartido entre generaciones dentro del hogar.

Samaniego advierte, sin embargo, que buena parte de esta actividad corresponde a trabajo no remunerado dentro de la unidad doméstica, como alimentar animales o apoyar en la cosecha, y que el verdadero problema no es solo si el niño trabaja, sino si ese trabajo desplaza su escolarización.

Lo que revela el modelo: determinantes más allá de la pobreza

Para ir más allá de las comparaciones simples, GESTIÓN estimó un modelo de regresión logística cuya variable dependiente es binaria: 1 si el niño, niña o adolescente de 5 a 17 años trabaja, 0 en caso contrario. Las variables explicativas incluyen edad, sexo, área de residencia, autoidentificación étnica, condición de pobreza del hogar, características del jefe o jefa de hogar (sexo y nivel educativo), tamaño del hogar y región del país. El modelo se estimó sobre 68.849 observaciones con información completa y alcanzó un pseudo R² de 0,32, un ajuste considerable para datos individuales de corte transversal.

El resultado más relevante, desde el punto de vista de la política económica, es que vivir en una zona rural está asociado con una probabilidad 6,4 puntos porcentuales mayor de trabajar. Asimismo, los niños y adolescentes autoidentificados como indígenas presentan una probabilidad 5,7 puntos porcentuales mayor, incluso al considerar las demás variables del modelo. En cambio, cuando el análisis toma en cuenta el territorio, la etnia y las demás características del hogar, la pobreza por sí sola deja de mostrar un efecto claro sobre el trabajo infantil, aunque todavía mantiene una relación débil con el fenómeno.

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Este punto merece una lectura cuidadosa. No significa que la pobreza sea irrelevante. En los cruces descriptivos simples, los hogares pobres muestran una tasa de trabajo infantil más del doble que los no pobres. Lo que ocurre es que buena parte de ese efecto bruto queda absorbido por variables correlacionadas con la pobreza, como la ruralidad, la etnia y la región. Esto ocurre porque la pobreza, la ruralidad, la etnia y la región están estrechamente relacionadas y reflejan distintas dimensiones de una misma exclusión estructural.

Etnicidad y territorio: cuando el ingreso no alcanza a explicar

Consultado sobre por qué los niños y adolescentes indígenas muestran una probabilidad mayor de trabajar incluso después de controlar por pobreza y ruralidad, Samaniego plantea que la explicación pasa por una organización familiar y una división del trabajo dentro del hogar distintas a las de la población mestiza, y recuerda un episodio: durante el auge económico de 2008 y 2009, la población afroecuatoriana de 15 a 17 años presentaba una menor asistencia escolar, un resultado que en su momento interpretó desde el costo de oportunidad, ya que cuando el mercado laboral ofrece salarios atractivos, estudiar se vuelve relativamente más caro que trabajar.

La literatura académica ecuatoriana respalda esta lectura estructural. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador) titulado “Factores asociados al trabajo infantil en el Ecuador”, realizado por Lorena Moreno, señala que los modelos de oferta laboral reflejan procesos de conflicto cooperativo dentro del hogar, donde la decisión de que un menor trabaje depende de la interacción entre ingresos, normas familiares y contexto territorial.

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Un estudio de Juan Ponce y Fander Falconí, publicado por el MIES-INFA, documenta una mayor incidencia en la Sierra y la Amazonía frente a la Costa, asociada con la predominancia de actividades agrícolas familiares en esas regiones, el mismo patrón geográfico que arroja el modelo logit de este artículo, replicado más de una década después con datos de 2025.

Una investigación de Danilo Reiban y Stefos Efstathios, publicada en la revista Dialógica a partir de la Enemdu 2023, examina las desigualdades educativas en niños de 5 a 14 años, encuentra brechas educativas estadísticamente significativas que perjudican a la niñez rural, con mayor inasistencia escolar por motivos económicos y laborales y sobrerrepresentación en trabajo agrícola. El estudio concluye que garantizar el derecho a la educación exige políticas territorializadas e interculturales, articuladas con protección social.

La edad es, junto con la ruralidad, uno de los predictores más consistentes del modelo: en promedio, cada año adicional de edad está asociado con un aumento de 2,7 puntos porcentuales en la probabilidad de trabajar, aunque ese efecto se modera levemente hacia el final de la adolescencia. La tabla muestra un salto especialmente marcado a partir de los 15 años, exactamente el umbral que menciona Samaniego: la edad mínima legal para trabajar en Ecuador, y también el momento en que se completa la educación general básica obligatoria establecida en la Constitución.

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Para Samaniego, ese punto de quiebre no es casual. Una vez terminada la educación básica obligatoria, muchos adolescentes, sobre todo en el campo, se retiran del sistema escolar, en parte porque ya cumplieron con el mandato constitucional mínimo y en parte porque el hogar necesita su fuerza de trabajo.

Los que quedan fuera de ambos sistemas

Un ángulo que complementa el diagnóstico es el de quienes no están ni en el trabajo ni en la escuela. Según los datos obtenidos a partir de la Enemdu, el 3,82 % de los NNA de 5 a 17 años no trabaja ni asiste a clases. Aunque este grupo no forma parte del trabajo infantil, enfrenta una situación especialmente vulnerable porque permanece fuera tanto del sistema educativo como de cualquier actividad laboral y no cuenta con la educación como vía de movilidad.

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La cifra confirma que el problema no es únicamente el trabajo infantil en sí, sino la combinación de trabajo, abandono escolar y ausencia de alternativas que atrapa a una parte de esta población fuera de ambos sistemas, el productivo y el educativo, justo en la etapa donde una salida del colegio suele ser irreversible.

Qué puede hacer el Estado

Los resultados del modelo tienen implicaciones directas para el diseño de política pública. Sugieren que las transferencias monetarias condicionadas, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas: si la pobreza del hogar pierde peso explicativo frente al territorio y la etnia, el problema requiere una respuesta más focalizada que la sola ampliación de subsidios.

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Samaniego coincide en que el subsidio del Bono de Desarrollo Humano debería modificarse, pero identifica el transporte escolar como el otro problema fundamental en las zonas rurales: la distancia y las horas que exige llegar a la escuela son, en su experiencia, una barrera tan determinante como el ingreso del hogar. Cita como referencia el programa mexicano Prospera, antes llamado Oportunidades, que durante tres décadas ha identificado al transporte como uno de los factores críticos para sostener la asistencia escolar.

En síntesis, la evidencia cuantitativa y la lectura cualitativa convergen en una misma conclusión: la respuesta estatal más eficaz no es una política única y homogénea a nivel nacional, sino una combinación de inversión territorial focalizada en transporte y oferta educativa rural y amazónica, pertinencia intercultural en el diseño de la política educativa, y fortalecimiento del capital educativo de las madres y jefas de hogar.

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El trabajo infantil en Ecuador no es únicamente un problema de ingresos insuficientes. Es también una expresión de desigualdades históricas en el acceso a educación, transporte, protección social y oportunidades económicas dignas, especialmente en las zonas rurales, indígenas y amazónicas.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.