Una república, si pueden conservarla: 250 años del experimento estadounidense

El 4 de julio de 2026, Estados Unidos celebró el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, un documento fundacional que proclamó la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales e impulsó una revolución cuyos ecos aún resuenan hoy.

El 4 de julio es, ante todo, la celebración de una idea. Cuando los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia en Filadelfia aquel sofocante día de verano de 1776 plasmaron sus nombres en aquel pergamino, no se limitaban a anunciar una separación política de Gran Bretaña. Se jugaban la vida —literalmente, puesto que la traición era un delito capital— en la premisa de que el gobierno legítimo emana del consentimiento de los gobernados, no de la herencia dinástica ni del derecho divino.

Once años después, al abandonar la Convención Constitucional, a Benjamin Franklin le preguntaron qué tipo de gobierno habían creado los delegados. “Una república”, respondió, según se cuenta, “si pueden conservarla”. La condición no era una mera figura retórica. Era una advertencia.

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Es importante recordar que la Declaración de Independencia no fue suficiente por sí sola. La guerra que siguió duró otros siete años después de 1776. El Ejército Continental a menudo no recibía paga, frecuentemente pasaba hambre y, en ocasiones, estaba al borde de la disolución. El invierno de Valley Forge en 1777-1778 no fue una metáfora: fue una verdadera catástrofe en la que murieron 2.000 soldados por enfermedades, exposición a la intemperie y hambre. La Revolución Americana no fue el proceso sencillo e inevitable que la mitología retrospectiva hace parecer. Fue una lucha ardua y contingente, y su supervivencia dependió tanto de los préstamos y poder naval de los franceses como del coraje de los colonos.

Cuando se firmó el Tratado de París el 3 de septiembre de 1783, reconociendo la independencia estadounidense, la república aún carecía de la maquinaria de un gobierno eficaz. Los Artículos de la Confederación, bajo los cuales Estados Unidos había operado desde 1781, dejaron al Congreso sin poder para recaudar impuestos, regular el comercio o hacer cumplir sus propias decisiones. El experimento estadounidense estuvo peligrosamente cerca del fracaso antes de haber comenzado.

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Lo que lo salvó fue la Constitución, redactada en Filadelfia en el verano de 1787 y ratificada el 21 de junio de 1788. La Constitución creó un gobierno federal lo suficientemente fuerte como para mantener hermanada la unión, preservando al mismo tiempo los derechos de los estados y los individuos. Dividió el poder horizontalmente entre tres ramas —ejecutiva, legislativa y judicial— y verticalmente entre el gobierno federal y los estados, en un sistema de controles y equilibrios diseñado precisamente para evitar la concentración de poder en una sola persona.

Los redactores no eran ingenuos respecto a la naturaleza humana. Habían leído a Montesquieu, Locke y Hume, y comprendían que el poder tiende a corromper y que la ambición debía contrarrestarse. El sistema que diseñaron no era elegante. Era, por diseño, frustrante, lento y propenso a la parálisis. Ese era el objetivo.

Pero la Constitución, en su redacción original, presentaba una profunda contradicción moral: consideraba a las personas esclavizadas como tres quintas partes de una persona a efectos de la distribución de escaños en el Congreso (aunque los esclavos no podían votar, ni tampoco las mujeres, los indígenas, la mayoría de los latinos y quienes carecían de propiedades), impedía que el Congreso prohíba la importación de personas esclavizadas hasta 1808 y exigía la devolución de los esclavos fugados a sus amos. Quienes la redactaron sabían que esto era una contradicción.

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Jefferson, autor del elocuente discurso de la Declaración sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, poseyó más de 600 personas esclavizadas a lo largo de su vida. Incluso tuvo seis hijos con una de sus esclavas, Sally Hemings (sus propios hijos también nacieron esclavos). La república nacida en 1776, en este aspecto fundamental, aún no era la república que proclamaba ser.

La Declaración de Derechos, ratificada el 15 de diciembre de 1791, abordó una serie de preocupaciones diferentes: el temor a que un gobierno federal poderoso pisoteara las libertades individuales. Las primeras diez enmiendas a la Constitución garantizaban la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión y de petición; el derecho a portar armas; la protección contra registros e incautaciones irrazonables; el derecho al debido proceso; el derecho a un juicio con jurado; y la protección contra castigos crueles e inusuales.

Estas no eran abstracciones teóricas. Eran garantías arduamente conquistadas por una generación fundadora que había vivido bajo un soberano que enviaba tropas a acuartelarse en sus hogares y jueces que respondían ante la Corona. La Declaración de Derechos convirtió a la Constitución no solo en un marco de gobierno, sino en una estatuto de libertades. Se basaron en la tradición de la Carta Magna de 1215.

Una historia económica extraordinaria

La historia económica de Estados Unidos durante los 250 años transcurridos desde su independencia es, objetivamente hablando, extraordinaria. En 1776, las 13 colonias sumaban una población de aproximadamente 2,5 millones de personas y una economía predominantemente agraria. Hoy en día, Estados Unidos cuenta con una población de 349 millones de habitantes y una economía cuyo PIB nominal supera los USD 30,6 billones, el mayor del mundo por un margen considerable, y que representa aproximadamente el 26% de la producción mundial a pesar de albergar menos del 5% de la población mundial.

Aún más sorprendente es la dimensión per cápita: Estados Unidos tiene el PIB per cápita más alto entre los países con más de 10 millones de habitantes, alrededor de USD 90.000, una distinción que refleja no solo la magnitud de la economía estadounidense, sino también su extraordinaria productividad.

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Este milagro de productividad no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación de factores: abundantes recursos naturales, sí, pero, sobre todo, un marco legal e institucional que protegía los derechos de propiedad, garantizaba el cumplimiento de los contratos, fomentaba el espíritu empresarial y atraía a inmigrantes que aportaban sus habilidades, sus ahorros y su ambición. La Revolución Industrial encontró terreno fértil en Estados Unidos, y el posterior liderazgo del país en electrificación, producción en masa, aviación, informática, biotecnología e inteligencia artificial refleja una capacidad sostenida de innovación tecnológica sin parangón en la historia moderna.

Al mismo tiempo, se vislumbran algunas amenazas en el horizonte, como la enorme deuda pública (la deuda pública bruta ha alcanzado el 126% del PIB; Trump habrá añadido cerca del 40% de la deuda total hasta enero de 2029), y la inminente insolvencia del Fondo Fiduciario de la Seguridad Social (la “Bella Ley” de Trump y los republicanos aceleró la insolvencia de 2033 a 2032).

Las amenazas internas a la Constitución

No se puede escribir sobre el 250º aniversario de los Estados Unidos sin hablar abiertamente de las amenazas que enfrenta hoy. La administración Trump y sus aliados republicanos han lanzado el ataque más sostenido contra la gobernanza constitucional estadounidense en la historia reciente.

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Los ataques son de gran alcance: contra la independencia del poder judicial, la libertad de prensa, la separación de poderes, los derechos de los inmigrantes y la integridad de las elecciones. Pero el más reciente, y en cierto modo el más descarado, es el intento de eludir la Decimocuarta Enmienda.

La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, es una de las adiciones más trascendentales a la Constitución. Su primera sección declara, inequívocamente, que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Esta ciudadanía por derecho de nacimiento —ius soli , en terminología jurídica— ha sido ley vigente durante más de 150 años. Fue el mecanismo mediante el cual la república finalmente comenzó a cumplir la promesa de la Declaración de Independencia, extendiendo la plena dignidad de la ciudadanía a quienes antes habían sido excluidos.

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El intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva —de reinterpretar, por decreto, una disposición constitucional que requiere una enmienda constitucional para ser modificada— no es una mera discrepancia política. El 30 de junio, la Corte Suprema ratificó el derecho a la ciudadanía por nacimiento, rechazando la orden ejecutiva de Trump.

La Primera Enmienda no protege la libertad de expresión porque siempre sea agradable, sino porque la alternativa —un gobierno con la potestad de decidir qué discurso es permisible— es incompatible con la auto-gobernanza. Como el propio Thomas Jefferson escribió en una carta : “Si de mí dependiera decidir si debiésemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría ni un instante en preferir lo segundo”.

Estados Unidos, a sus 250 años, no es ni la república perfecta de la mitología patriótica ni el imperio irremediablemente corrupto que describen sus críticos acérrimos. Es algo más complejo e interesante: un país que ha fallado repetidamente en estar a la altura de sus ideales fundacionales y que, aunque nunca con facilidad ni a bajo costo, ha encontrado repetidamente la capacidad de corregirse.

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La abolición de la esclavitud, liderada por Abraham Lincoln, requirió una guerra civil que cobró la vida de 700.000 personas. El sufragio femenino requirió siete décadas de lucha. El fin de la guerra de Vietnam exigió protestas masivas. El movimiento por los derechos civiles requirió enfrentarse a mangueras de agua a presión, perros policía y el asesinato de muchos de sus líderes. Ninguna de estas correcciones fue inevitable. Fueron logradas por personas que se tomaron en serio la obligación implícita en el autogobierno: que la república pertenece a sus ciudadanos y que estos son responsables de su evolución.

Esa obligación recae también sobre las nuevas generaciones. El 250º aniversario de la Declaración de Independencia es motivo de celebración. Pero también es motivo de reflexión. La condición de Franklin —si pueden conservarla— nunca ha sido tan pertinente como en julio de 2026. Vale la pena conservar la república. La cuestión, como siempre, es si suficientes ciudadanos están de acuerdo y si están dispuestos a hacer lo que se requiere para mantenerla.