Correístas, en la mira de la justicia por presunta conspiración

El gobierno acusa a Rafael Correa y sus seguidores de promover un plan de desestabilización, financiado con dinero venezolano. Mientras el expresidente insiste, desde Bélgica y vía Twitter, en unas elecciones adelantadas, sus colaboradores en Ecuador son requeridos por la justicia.

Los seguidores de Correa son el objetivo de la justicia por los hechos violentos que se registraron en los 11 días de manifestaciones.

Cinco personas relacionadas con el expresidente están detenidas, por la supuesta coordinación de acciones para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno durante las protestas del paro nacional.

La prefecta Paola Pabón y dos asesores de Revolución Ciudadana fueron detenidos en Quito y recibieron prisión preventiva. Serán investigados por el supuesto delito de rebelión.
La exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y una asesora, también cumplen prisión preventiva por asociación ilícita.

Siete personas relacionadas con la bancada de Revolución Ciudadana, la escisión correísta de Alianza PAIS, y el movimiento Fuerza Compromiso Social, con el que el correísmo participó en las últimas seccionales, están bajo la protección de la Embajada de México, en Quito.

Gabriela Rivadeneira es una de ellas. En un comunicado dijo que el Gobierno apunta a la “oposición con representación parlamentaria, en una estrategia que combina estigmatización con distintas formas de persecución”.

La casa de Rivadeneira fue allanada este 15 de octubre, y un día antes, la de Virgilio Hernández. La Policía también ingresó a las oficinas de Compromiso Social como parte de las investigaciones.

El paradero de Hernández es desconocido.

Mientras tanto, Rafael Correa, desde Bélgica, insiste en que las elecciones deben ser adelantadas. Para esto, se necesitaría que la Asamblea Nacional aplique el mecanismo de la muerte cruzada.

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