Aunque el Gobierno invita al diálogo, su respuesta al paro nacional es policial y militar. Desde el movimiento indígena, insisten en su lista de 10 peticiones.
El paro nacional llega a su cuarto día. Aunque la jornada no se ha tornado tan violenta como la de octubre de 2019, las manifestaciones y cierres de vías se mantienen. El movimiento indígena asegura que no cederá hasta que el Gobierno responda a sus 10 peticiones, presentadas el lunes 13 de junio.
El Gobierno recién abrió la puerta al diálogo el miércoles 15 de junio, luego de tres días de movilizaciones, de la detención y posterior liberación de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
En rueda de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, invitó a los manifestantes al Palacio de Carondelet para dialogar. Sin embargo, advirtió que la respuesta del Estado será "firme" e insistió en el discurso de que el paro no permite a las fuerzas del orden actuar contra el narcotráfico.
En esta misma línea se pronunció el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter. Allí, escribió que no cederá ante "grupos violentos".
Mientras, los indígenas se aglomeran en el cantón Mejía, en las afueras de Quito, con la posibilidad de ingresar a Quito masivamente en los próximos días.
En este escenario, el diálogo está cerrado, pues Iza asegura que mantendrán las movilizaciones hasta que haya respuestas. Del lado del Gobierno, no hay una invitación formal a conversar desde noviembre de 2021, cuando la Conaie rompió el diálogo.
La salida es el diálogo
Históricamente, los levantamientos indígenas solo han cedido con conversaciones entre los gobernantes y los manifestantes, o dura represión. En tres décadas, todos los presidentes han enfrentado este tipo de protestas, y la mayoría han optado por sentarse a dialogar.
Los primeros levantamientos indígenas datan de los años 90, con peticiones centradas en los conflictos de tierras, el derecho a la educación intercultural bilingüe y el reconocimiento del estado pluricultural.
El gran levantamiento de 1990, en el gobierno de Rodrigo Borja, terminó con la asignación de títulos de propiedad. Y el de 1994, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, con un diálogo mediado por la Iglesia Católica que terminó en un consenso.
Los levantamientos de 1997, 2000 y 2003 terminaron con la caída de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, respectivamente.
En 2006, la gran Marcha por el Agua, ya en el tiempo de Rafael Correa, terminó con una dura represión en Quito. Para ese entonces, el movimiento indígena estaba debilitado, a través de la división de la Conaie y la suma de algunas organizaciones indígenas al lado correísta.
El paro de octubre de 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, terminó tras 11 días de violentas protestas, también con diálogos, en esta ocasión con mediación de las Naciones Unidas. Aquí el Gobierno tuvo que ceder, y derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina.
En estas manifestaciones, la detención de los líderes de las protestas no ha sido común. Aunque en el gobierno de Correa, sí se apresó a líderes locales y comunitarios en protestas de menor escala, e incluso llegó a apresarse al entonces presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez.
Imagen de archivo de manifestantes en Quito durante el paro nacional de octubre de 2019. EFE
La lista de pedidos
Los 10 puntos que la Conaie plantea al Gobierno son la base de su protesta, aunque esta sumó, durante 24 horas, el pedido de liberación de Iza, procesado penalmente por paralización de servicios públicos.
Los 10 puntos que plantea el movimiento indígena son:
- Reducción del precio de los combustibles y fijación de nuevas tarifas: el galón de Diésel a USD 1,50 y el galón de Extra y Ecopaís a USD 2,10. Además, entrar a un proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio.
- Moratoria y renegociación de deudas con reducción de tasas de interés en el sistema financiero.
- Fijación de precios justos para los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abono, papas, choclo, tomate y más.
- Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar la economía popular. Además de pagar la deuda al IESS.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, y una auditoría para la reparación integral por impactos socioambientales.
- Respeto a los 21 derechos colectivos.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, CNT, IESS, carreteras, etc.
- Políticas de control de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Asignación de un presupuesto urgente para frenar el desabastecimiento de los hospitales. Garantizar la mejora de la infraestructura educativa.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia y delincuencia.
Algunos de estos puntos ya están sobre la mesa desde las conversaciones entre Iza y el Ejecutivo, desarrolladas en septiembre de 2021. Pero con el corte de las conversaciones, no hubo avances.
El tema de la gasolina sigue siendo el más problemático. Y ahora se le suma el anuncio del Gobierno de vender gasolina de mayor octanaje, con un alza en su precio.
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