Tres versiones personales, dos audios y un teléfono son parte de la colaboración del exasambleísta Daniel Mendoza para el caso en el que se investiga la corrupción en la construcción del hospital de Pedernales.
El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía y la Policía realizaron el operativo denominado Fortuner en varias ciudades de Manabí.
Nueve personas fueron detenidas. En la lista resaltaba el nombre de Jean Carlos Benavides, exasesor del exasambleísta Daniel Mendoza y secretario ejecutivo de su organización política: Mejor.
A raíz de esa captura, aunque en Twitter negaba relación con los supuestos actos de corrupción, Mendoza sabía que la justicia también iría por él.
A 10 días de esos operativos, el manabita empezó a recopilar las evidencias que ahora le permiten colaborar con la Fiscalía y buscar una eventual rebaja de pena. El 14 de mayo de 2020, Mendoza se reunió con el también exasambleísta Eliseo Azuero, en la casa de este último.
La conversación que mantuvo con Azuero ese día fue grabada. El audio fue cifrado como 'La Verdad'. Y más adelante, Mendoza grabó otro contacto telefónico con su excolega y lo denominó 'La llamada'.
Una vez detenido, Mendoza pidió a su hermano que cargará esos audios en la plataforma Mega y se los envíe de forma anónima a la Fiscalía a través de la cuenta 'verdad ecuador', que se registró con el correo electrónico [email protected].
En esos audios, Azuero habla de la entrega de dinero a varias personas, cuyos nombres coinciden con otros legisladores de la bancada de minorías.
Además, se menciona varias veces a un personaje identificado como María Paula. Por la coincidencia en el nombre, la ministra Romo aseguró que se trata de un intento de presionarla y de tergiversar el caso.
El 14 de septiembre de 2020, en su tercera ampliación de versión ante la Fiscalía, Mendoza reveló que él grabó esos audios y se los entregó a los investigadores.
A través de su padre, Mendoza hizo llegar a la Fiscalía un teléfono con información relacionada con el caso.
Ahora, ese teléfono, los dos audios y sus tres versiones son la carta de Daniel Mendoza para posicionarse como colaborador y obtener beneficios, ya que en el camino también ha aceptado varios delitos.
El hombre del maletín
Tal como ocurría en la década de los 90 en el extinto Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional 2017-2021, al parecer, también caminó el denominado 'hombre del maletín'.
Se trata de una figura utilizada para personificar la entrega de sobornos a legisladores a cambio de votos para leyes específicas.
En los audios grabados y entregados por Mendoza, él y Azuero ya hablaron de una supuesta repartición de dinero entre asambleístas. Pero, en su tercera versión, Mendoza dio detalles de los montos y de las leyes que estaban en juego.
Según Mendoza, el reparto entró en juego cuando Azuero necesitó cobrar el dinero que -por concepto de sobornos- le habían entregado los constructores manabitas relacionados con los hospitales de Bahía de Caráquez y Pedernales.
Mendoza le pidió a su asesor, Jean Carlos Benavides que ayudará a efectivizar los cheques. Esto ocurrió a finales de abril.
"Debo mencionar la permanente insistencia que Elíseo (Azuero) ejercía sobre este tema, especialmente porque en esas fechas se estaba tratando un proyecto de Ley Económica urgente que estaba a mi cargo e intentaba presionarme o él y sus compañeros de bancada no votarían a favor", contó Mendoza.
Daniel Mendoza durante una sesión de la Comisión de Régimen Económico en abril de 2020. Asamblea.
Benavides colaboró en la efectivización de USD 360.000, que "sirvieron para cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada". Esos pagos son a los que se hace referencia en uno de los audios.
Luego, Azuero habría recibido otros USD 185.000 a través de una cuenta de Jorge Jalil, quien era el subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Y, finalmente, se acordó él cobró de 10 cheques que sumaban USD 400.000. Sin embargo, hasta antes de que Benavides fuera detenido solo se logró cobrar USD 20.000.
El Secob y la ANT
La supuesta estructura de corrupción, que según la Fiscalía era comandada por Azuero y Mendoza, al parecer no tuvo alcance únicamente en Secob.
Tanto Mendoza como Edmundo Tamayo, quien fue ubicado por Azuero en la dirección del Secob, confirmaron en sus versiones el poder que tenían Azuero y otros legisladores en esa entidad.
Además, Mendoza reveló que los legisladores también recibieron puestos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como "cuota política".
Incluso, indicó que el dinero que se incautó en la detención de Jean Carlos Benavides no estaba relacionado con el Hospital de Pedernales sino con la ANT. Esa información consta en el teléfono que Mendoza entregó a la Fiscalía a través de su papá.
Según Mendoza, en ese teléfono hay una matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En ese documento está detallado "el reparto de espacios relacionados con la ANT".
Es decir, los nombres de los asambleístas que han recomendado perfiles para las direcciones de esa entidad en cada dirección provincial.
En el caso de Mendoza, recibió la Dirección del Guayas. "Este tipo de espacios como la ANT generan ingresos provenientes de trámites (...) en un intento de recabar fondos para el movimiento Mejor".
Bahía y Pedernales
En cuanto a las obras hospitalarias en Manabí, Mendoza ha aceptado en dos de sus versiones que junto a Azuero coordinó el cobró y efectivización de sobornos para las obras de los hospitales de Bahía de Caráquez y Pedernales.
En el caso de Bahía, a través de Mendoza, Azuero gestionó la adjudicación del contrato de fiscalización a la empresa Joalnapi, de Franklin Calderón, hombre de confianza de Mendoza.
Por esa obra, Calderón ofreció el pago de sobornos entre USD 300.000 y USD 350.000 que serían repartidos entre Azuero y Mendoza, a través del movimiento Amigo.
En Pedernales, en cambio, Mendoza dice que solo pidió espacio para ubicar a gente de su confianza en la mano de obra.
Habitantes de Pedernales, en Manabí, reclaman este 22 de julio por la falta de un hospital. Iván Maestre
Pero, dijo que Azuero y Calderón coordinaron la adjudicación del contrato al Consorcio Pedernales-Manabí, que según la Fiscalía desvío más de USD 8 millones del anticipo entregado por el Gobierno hacia cuentas y personas cercanas de los dos exasambleístas.
Por el momento, las diligencias del caso continúan y la Fiscalía sigue tomando versiones.El único que no se ha presentado es Azuero.
Aunque está prófugo, la Fiscalía lo ha convocado a través de su abogado para que hable de manera telemática, pero no ha participado de las diligencias.
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