En soledad, la Conaie retoma sus 10 demandas originales

Un trabajador de una gasolinera al norte de Quito, durante sus actividades, el 15 de diciembre de 2021. API

La principal demanda era la "reducción y no más subida del precio de los combustibles". La Conaie pedía congelar el precio del Diesel a USD 1,50 y el de la gasolina Extra y Ecopaís a USD 2,10. Es decir, 40 ctvs menos por galón.

Durante el paro, el Gobierno aceptó reducir los precios en 15 ctvs y congelar en USD 2,40 el galón de Extra y Ecopaís y en USD 1,75 el del Diésel.

Además, la Conaie exigía la derogación de los decretos 1158, 1183, 1054, sobre la liberalización de los precios de los combustibles. Esto no sucedió.

Y el tercer punto de este demanda era ejecutar el proceso de focalización del subsidio a los combustibles, para los segmentos de agricultores, campesinos, transportistas y pescadores. Este análisis ha fracasado varias veces, sin llegar a concretarse. Sin embargo, el ministro de Transporte, Darío Herrera, afirma que arrancarán con el plan en septiembre.

El movimiento indígena pedía "alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas)".

Aunque no hubo la moratoria planteada, sí hubo una condonación de deudas de hasta USD 3.000 en BanEcuador, la reestructuración de créditos vencidos de entre USD 3.000 y 10.000, con tres años de gracia y a 10 años plazo. 

La Junta de Regulación Financiara también acordó reestructurar los microcréditos, préstamos para pymes y créditos educativos en bancos privados y cooperativas.

La parte final de esta demanda establecía: "no al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago".

Una comerciante en el Mercado Mayorista en Quito, en julio de 2022.  Mercado Mayorista/Twitter

La tercera demanda trataba sobre los "precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más". Así como "no al cobro de regalías en las flores".

Sobre el pedido de generar un precio referencial para 44 productos, el Ejecutivo explicó que algunos de ellos ya tienen un precio fijo, pero que se incrementarán más productos a la lista, para alcanzar el 30% de lo planteado.

De todas formas, en la mesa de fomento productivo, las partes acordaron el levantamiento de precios referenciales al productor y canales de comercialización, de metodologías para establecer precios locales y una campaña de socialización y aplicación de política de precios.

Sobre las demandas de empleo y derechos laborales, la Conaie exigía "políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular".

La mesa de diálogo sobre esta temática fue la que más problemas tuvo y la que alcanzó menos consensos. Según el Gobierno se están cumpliendo la mayoría de acuerdos, según las organizaciones indígenas esto no ha sucedido.

En este punto, también constaba la exigencia del pago de las deudas con el IESS, que ascendería a USD 8.900 millones. Aunque el Ejecutivo reconoció la deuda y ha hecho dos desembolsos de USD 140 y 300 millones.

Plantón de las comunidades que se oponen a la minería en Fierro Urco en la Corte de Justicia de Loja.  @Fierro_Urco

Otra de las peticiones incluía la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, una auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales y la derogatoria de los decretos 95 y 151.

A finales de junio de 2022, el presidente Lasso firmó la derogatoria del decreto 95, que trazaba una serie de acciones para abrir el sector petrolero a la inversión privada.

Durante el proceso de diálogo, el Ejecutivo acordó también suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.

Y la moratoria en 16 bloques petroleros en el suroriente, medida que estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa. Este mismo requisito se estableció para la otorgación de títulos.

En el listado de demandas está el respeto a los 21 derechos colectivos, entre ellos la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena, la consulta previa, la organización y autodeterminación de los pueblos.

La amplitud de esta demanda toca varias problemáticas, por lo que, dependiendo del tema, fue tratada en distintas mesas del diálogo. Aunque hubo una propia de derechos colectivos.

Por ejemplo, en este aspecto, el presidente Lasso creó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, duplicó el presupuesto en el área y ofreció el rediseño de los currículos y de las políticas públicas del sistema educativo, así como el mejoramiento de la infraestructura y sus servicios.

Imagen referencial de una agencia de Banco del Pacífico en enero de 2023. PRIMICIAS

La Conaie pedía el "alto a la privatización de los sectores estratégicos", mencionando al Banco del Pacífico, las hidroeléctricas, el IESS, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, servicios de salud, entre otras.

Nada de esto ha sucedido. Y el presidente Lasso, ese mismo junio, se comprometió a que no habría no habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos.

Sin embargo, la intención de vender el Banco del Pacífico sigue en pie, aunque el proceso no se ha concretado, por falta de ofertas.

Los manifestantes también pedían políticas de control de precios y de la especulación en el mercado, para los productos de primera necesidad. Y señalaban como problema a "los intermediarios y el abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados".

A los dos días de iniciado el paro, el 15 de junio de 2022, el presidente Lasso emitió un decreto para que los gobernadores “intensifiquen y fortalezcan los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos, en especial, los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial”.

En este tema ha habido otros consensos posteriores:

• La creación de una canasta básica en el área rural.
• La difusión de la tarifa de la dignidad en el consumo de energía eléctrica.
• La reforma al Acuerdo Ministerial 69, que establece el reglamento para la intervención de los intendentes, subintendentes y comisarios de la Policía, que son quienes controlan la especulación en los precios de los productos.
• La actualización de la resolución de la tarifa social de los servicios de telefonía móvil e internet fijo para la población vulnerable.

Pero hubo otros temas denominados “críticos” en los que no se alcanzaron acuerdos, como el establecimiento de precios referenciales para productos industrializados.

Estudiantes rinden el examen de ingreso a las universidades, en septiembre de 2022. Senescyt

Sobre salud y educación, la Conaie pedía:

• Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal.
• Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior.
• Mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

Durante el paro nacional, el presidente decretó la emergencia en el sector de salud, así como ha ido tomando medidas como la compra catalogada de medicamentos y la externalización de las farmacias.

Sin embargo, el sector sigue en crisis, no hay insumos, medicinas ni personal suficiente para atender la demanda de los pacientes, especialmente en el IESS.

Según la Senescyt, los cambios en los reglamentos de Educación Superior permitirán a las universidades incrementar los cupos estudiantiles. Además, el Gobierno argumenta que también impulsa las carreras técnicas y la repotenciación de escuelas y colegios.

La última de las demandas de la Conaie tenía que ver con la crisis de inseguridad.

Por lo que exigían "protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador".

Sin embargo, pese a las acciones del Gobierno, no se ha podido encontrar una solución a este complejo problema. Según el Ejecutivo, se requiere además la colaboración de las funciones Legislativa y Judicial, que mantienen sus propias crisis y pugnas políticas.