La crisis es generalizada en las cinco funciones del Estado

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia atraviesan un mal momento. Entre la dificultad para aprobar leyes, autoridades cuestionadas, instalaciones destruidas y personal incompleto, la institucionalidad apenas sobrevive.

Las cinco funciones del Estado tienen problemas administrativos, logísticos o políticos que impactan de una forma o otra en su desempeño.

Aunque muchas instituciones arrastran problemas heredados, la división política en el país y los constantes cambios administrativos restan estabilidad a los procesos que cada institución debe llevar adelante. ¿Qué sucede en cada una?

1. El Ejecutivo con trabas en la gestión

El presidente Lenín Moreno se reunió con los ministros este 3 de octubre. Secom

Por primera vez, la Vicepresidencia ha tenido tres huéspedes durante un mismo periodo de gobierno. Esta crisis dentro del oficialismo modificó también la relación con el Legislativo.

El presidente Lenín Moreno no tiene respaldo en la Asamblea, por lo tanto, no puede aprobar las leyes que requiere para su gestión. Por ejemplo, las primeras reformas económicas urgentes fueron archivadas. Un segundo paquete, mucho más modesto, está nuevamente en trámite en el Legislativo. De los 20 proyectos de ley que ha enviado, una docena sigue esperando trámite.

Tras el paro de octubre, el Mandatario tuvo que dar de baja el Decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Y exigir un mayor trabajo en territorio a los ministerios y secretarías.

La gestión del presidente Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el gabinete no tienen una buena aprobación entre la opinión pública.

Según los datos de Perfiles de Opinión, la evaluación de la gestión de los mandatarios mantiene una tendencia a la baja. Alrededor del 70% de ecuatorianos la califica entre mala y muy mala.

2. El Legislativo fragmentado y de poco impacto

La Asamblea Nacional archivó el 17 de noviembre el proyecto de ley de Crecimiento Económico. API

El oficialismo llegó con un bloque de mayoría al Legislativo, pero no duró. Las divisiones internas hicieron que las filas afines al presidente Moreno se redujeran a 42. Además, los otros movimientos también sufrieron deserciones por roces políticos.

Ahora, hay ocho grupos de legisladores: Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, Creo, PSC, SUMA, los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI) y los independientes.

Esta fragmentación mantuvo incluso bloqueadas dos comisiones por cinco meses: la de los Trabajadores y la de Gobiernos Autónomos. La primera se reorganizó tras la renuncia de María José Carrión a su presidencia, el 1 de octubre. La segunda sigue con problemas de inasistencia.

Este periodo legislativo también ha estado caracterizado por la salida de varios asambleístas titulares, sea por procesos legales, porque terciaron en las elecciones seccionales o porque se consideran perseguidos políticos.

3. Peligra la presidencia de la Función Electoral

La sesión 063 del CNE del 26 de noviembre de 2019, inició con la presencia de todos los consejeros. Al final se perdió el quórum. CNE

La división dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) es solo uno de sus problemas. Los otros dos son: el juicio político en contra de la presidenta, Diana Atamaint, y los problemas de presupuesto.

Ya en julio, tres consejeros fueron multados por los jueces electorales por los problemas sucedidos durante las elecciones seccionales en Los Ríos. Y ahora, Atamaint enfrenta una posible destitución a manos de la Asamblea. La acusan de incumplimiento de funciones.

De todas formas, la situación del CNE ya era crítica antes y sus problemas financieros pueden extenderse durante el próximo año. El organismo electoral perdió a más de la mitad de su personal, especialmente los técnicos especializados, por un desfase con el Ministerio de Finanzas.

Aunque los funcionarios fueron reincorporados, esta inestabilidad impacta directamente en la planificación electoral de 2021.

4. Una Función Judicial inestable

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre. API

Las polémicas por sentencias o ausencia de sentencias en determinados casos mediáticos ha puesto la lupa sobre el trabajo de la Función Judicial. Especialmente en casos de corrupción y de violencia de género. Los plantones y manifestaciones afuera de cortes y juzgados no son inusuales.

Incluso la Fiscalía ha presentado denuncias en contra de jueces ante el Consejo de la Judicatura.

Pero a esto se añadió, hace un mes, la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El organismo se quedó de la noche a la mañana con tres salas vacías: Contencioso Tributario, Civil y Mercantil y de la Niñez y Adolescencia. Solo una docena de magistrados superaron el proceso, dirigido por el Consejo de la Judicatura.

Los nuevos jueces son temporales y provienen de las provincias, hasta que la Judicatura seleccione nuevamente a los jueces nacionales faltantes para completar la institución. Mientras tanto, la Corte tiene más de 8.000 causas pendientes por resolver.

5. Transparencia: intentos de desmantelamiento y falta de instalaciones

Los integrantes de la Función de Transparencia sesionaron el lunes 20 de mayo de 2019. Consejo de Participación

Después de un periodo de transición, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), parte de la Función de Transparencia, tiene varios frentes abiertos que intentan modificarlo o desaparecerlo definitivamente.

Por ejemplo, la Asamblea lleva adelante un trámite de enmiendas constitucionales con el propósito de quitarle su atribución de nombrar autoridades. Al momento, el informe plantea que la designación de 10 autoridades de control retorne a manos del poder Legislativo.

Pero a la par, el Consejo Nacional Electoral revisa más de 200.000 firmas presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática, que busca la eliminación total del Cpccs. Este proceso requiere, además de un debate en la Asamblea, de una votación nacional que apruebe la eliminación de la entidad.

Así también, esta Función tiene otra institución en problemas: la Contraloría. Sus instalaciones fueron quemadas en Quito, durante las manifestaciones de octubre. Esto ha ocasionado problemas y retrasos en los procesos de investigación que lleva adelante el organismo que vigila el uso de recursos públicos.

Ahora sus funcionarios están trabajando en instalaciones prestadas y habilitadas temporalmente en otros edificios públicos, hasta que se reconstruyan sus propias oficinas centrales.