La ministra de Gobierno, María Paula Romo, será enjuiciada políticamente a las 10:00 de este martes 24 de noviembre. La principal operadora política del presidente Lenín Moreno no tiene un sucesor a la vista, en caso de ser censurada y destituida. La Asamblea necesita 91 votos para sacarla del cargo.
La actual Asamblea Nacional no se caracteriza por la fiscalización ni los juicios políticos oportunos. Pero esta mañana, a las 10:00, la atención se centrará en el juicio político que puede lograr la censura y destitución de la principal operadora política del presidente Lenín Moreno: María Paula Romo.
La ministra de Gobierno está por cumplir 26 meses en el cargo y ha sido el rostro más visible del Ejecutivo en varios de los momentos de crisis. El más notorio y que la lleva a juicio político es el paro de octubre de 2019, bajo estas causales:
- El uso de bombas lacrimógenas caducadas.
- El uso de bombas lacrimógenas en los alrededores de las “zonas de paz”: universidades que funcionaban como albergues y hospitales.
Romo tendrá tres horas para defenderse frente al Pleno del Legislativo, aunque de manera telemática, debido a la pandemia de Covid-19. Y, después de la intervención de los interpelantes, podrá replicar por otros 60 minutos.
Sin embargo, los argumentos de ambas partes están claros y se han repetido constantemente, en todas las plataformas disponibles. Y la Ministra de Gobierno no ha dado un paso atrás e insiste en que las decisiones operativas fueron las adecuadas y que las causales del juicio no son de su competencia.
Pero, el proceso en contra de la Ministra de Gobierno tiene implicaciones políticas más allá de la inmediata: removerla del cargo. Si Romo es censurada, ¿quién tomará las riendas de la gobernabilidad en el Ejecutivo?
Un Gobierno sin opciones en la mesa
El presidente Moreno tiene dificultades para reemplazar a sus ministros, en general. Las bajas y las rotaciones son elementos comunes en el Gabinete. Romo incluso fue su primera opción para ser su cuarta Vicepresidenta, pero la Asamblea lo impidió.
Por eso, el Ejecutivo ha planteado su apoyo a Romo desde el inicio del proceso. El mismo primer mandatario dijo que hay “demasiada política” en el juicio, que además se cruza con el periodo electoral. Pero, afirmó que acatará la decisión de la Asamblea, aunque le daría “mucha pena no poder contar con ella”.
Y la Ministra dijo a PRIMICIAS que no está cabildeando votos para quedarse en el Gobierno; que si la censuran, se irá. Pero, explicó también que el motivo del juicio, a sus ojos, es su papel dentro del Ejecutivo, que eso la convierte en un objetivo político para el Legislativo.
Por mi cargo tengo, para bien y para mal, mucho peso en la representación del Gobierno y la defensa de sus tesis, en su relación con los otros poderes del Estado.
María Paula Romo, ministra de Gobierno
Para Romo se trata de un tema laboral, no personal. Ya que si ella misma fuera ministra de otra rama, dijo en ese entonces, no tendría tantos conflictos políticos. Por lo que, si la destituyen, quien la suceda tendrá que realizar el mismo papel: ser la cara de muchas decisiones; ser, en sus palabras “el pararrayos del Gobierno”.
Aunque para la Ministra sí habría quien la reemplace, prefirió esperar a que se cuenten los votos en la sesión plenaria antes de discutir sus posibles reemplazos.
El proceso de reemplazo
Generalmente, cuando un miembro del gabinete deja su puesto sin previo aviso, uno de sus viceministros se encarga de subrogar las funciones hasta que el Primer Mandatario decida y nombre al reemplazo definitivo.
En el caso del Ministerio de Gobierno, Romo tiene dos subalternos inmediatos: el viceministro de Gobernabilidad, Chrystiam Cevallos, y el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño. Ambos son servidores públicos con una larga trayectoria.
El primero llegó al puesto apenas el 11 de septiembre, después de que Felipe Abril dejara el cargo. Cevallos era previamente el subsecretario de Articulación Intragubernamental.
Además del actual Ministerio de Gobierno, Cevallos ha ejercido cargos de gestión política en el Ministerio de Hidrocarburos, Petroamazonas, Secretaría de la Política, Gestión de Riesgos, IESS, Ministerio de Recursos Naturales y en el Ministerio de Gobierno de 2009.
Mientras que Pazmiño, general retirado de la Policía y docente universitario, llegó al equipo de Romo en febrero de 2019.
En caso de que la Ministra pierda su cargo, uno de los dos deberá hacerse cargo de la entidad si el presidente Moreno así lo decide. Caso contrario, para los últimos seis meses de gobierno y la entrega del poder, el Mandatario podría nombrar inmediatamente un reemplazo.
Dentro de su mismo gabinete ejecutivo hay pocos perfiles aparentes para el cargo y sus implicaciones. Además, la mayoría de sus ministros y secretarios llevan poco tiempo en los puestos. Y varios de ellos tienen perfiles especializados en áreas distantes como Defensa, Relaciones Exteriores, Finanzas, Energía, Salud.
Sin embargo, hay perfiles que han desempeñado cargos variados y que podrían ocupar el puesto por unos meses, de ser necesario. Sean o no cercanos al Mandatario. Aunque siempre queda la opción de nombrar a alguien externo al gobierno, como pasó con el nuevo ministro de Finanzas.
El complejo escenario en el Legislativo
En la votación para la posible censura y destitución de Romo, cada voto contará. El actual panorama legislativo está marcado por la división de las bancadas, que en las últimas decisiones importantes no se han comportado de manera orgánica.
La negociación es especialmente difícil sin la misma ministra de Gobierno, que se encargaba de los cabildeos dentro del Legislativo para las leyes y propuestas más importantes del Ejecutivo. Sin su figura en medio, las bancadas actuarán con mayor libertad.
Para censurar y destituir a Romo, la Asamblea necesita los votos de las dos terceras partes del Pleno, es decir, 91. Es un número alto, pero que ya se ha logrado en anteriores ocasiones, como en el archivo de la Ley de Crecimiento Económico.
Los 137 legisladores están separados en ocho bancadas, más el grupo de los independientes, que contiene a dos de los tres proponentes del juicio político contra la Ministra. La distribución de las fuerzas de la sesión plenaria va así:
La bancada más grande es la de Alianza PAIS, que probablemente vote dividida, como lo ha hecho en las últimas decisiones importantes.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, ha expresado que se analizará las pruebas, sin adelantar su posición ni la de su bloque. Pero en plena campaña electoral, en la que su candidata presidencial, Ximena Peña, busca distanciarse del oficialismo, es posible que una buena parte de PAIS vote para censurar a Romo.
Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano son los más orgánicos, y votarán en bloque a favor de la destitución de Romo. Ambos han mostrado de frente su rechazo a la Ministra, más allá incluso de las causales del juicio político que enfrentará. Entre los dos, suman 45 votos.
Creo es el gran misterio, con sus 18 legisladores. Su coordinador, Luis Pachala, aseguró que por actividades de campaña electoral han dejado la reunión para tomar una decisión como bloque, para la noche de este 23 de noviembre.
Pero, aunque como bancada tomen una posición, también es posible que hayan divisiones. En Creo hay quienes apoyan a la ministra, y quienes creen que brindarle su apoyo dañaría la figura de su candidato presidencial, Guillermo Lasso.
Las minoritarias BIN y BADI siempre votan divididas, por lo que no será novedad que mantengan esta actitud. Y SUMA reúne apenas tres curules.
Quedan los independientes, que generalmente votan en contra del Gobierno, y suman entre todos 19 votos.
¿Podrá Romo ejercer un nuevo cargo público?
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que entraron en vigencia el 10 de noviembre de 2020, establecen una nueva sanción en el caso de la censura de funcionarios después de un enjuiciamiento político: la prohibición de ejercer cargo público durante los siguientes dos años.
Esta nueva sanción, sin embargo, podría no aplicar para el caso de la Ministra de Gobierno, pues los hechos por los que es juzgada y su proceso de fiscalización comenzaron antes de que las reformas estuvieran en vigencia.
Sin embargo, estará en manos de los asambleístas tomar esta decisión. La ley reformada señala que la Asamblea deberá “poner en conocimiento del ministerio rector” su decisión después del juicio político.
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