En 2023, hay más desafíos y presión política sobre las instituciones

Las organizaciones indígenas y campesinas que lideraron el paro de junio de 2022 evaluarán lo conseguido en las mesas de diálogo del Gobierno. En febrero, la Conaie, la Feine y la Fenocin anunciarán su postura sobre los 218 acuerdos que el Ejecutivo dice que se alcanzaron en las 10 mesas de negociación, que pusieron fin al paro. Aunque la decisión de marcar ese plazo fue de la Conaie, las otras agrupaciones se sumaron para mantener la unidad. Pese a que la Fenocin quiso reactivar las manifestaciones tras el ultimátum de noviembre de 2022. La expectativa recae sobre la Conaie y su decisión, porque no se ha descartado que existan nuevas movilizaciones. Eso dependerá de lo que digan las bases, según su presidente Leonidas Iza. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, adelantó que caerá el peso de la ley sobre quienes obstruyan servicios públicos o causen daños a bienes públicos o privados.

El presidente Guillermo Lasso medirá su popularidad en las urnas, el 5 de febrero, a la par de las elecciones seccionales, con las preguntas que llevará a referendo constitucional. Los ocho temas contienen asuntos polémicos como: la extradición de narcocriminales, reducir el número de legisladores y modificar el proceso para la selección de autoridades de control. Varias de ellas servirán para reforzar la institucionalidad, según el Gobierno. En esta contienda electoral hay 11 organizaciones políticas y sociales inscritas para hacer campaña. Siete de ellas, la mayoría, se opone a los planteamientos del Ejecutivo y apoyará el 'No'.

Dentro del Legislativo también está en juego la institucionalidad. En mayo, las organizaciones políticas volverán a medir su fuerza de negociación, con la renovación de autoridades de la Asamblea. Aunque, en el primer proceso de negociación el oficialismo logró captar aliados y puestos clave, el escenario en el Pleno ha ido cambiando y las alianzas iniciales se han desintegrado, al igual que los bloques legislativos. La presidencia de la Asamblea, sus dos vicepresidencias, las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa y las presidencias de todas las comisiones permanentes deberán cambiar. En ese momento se conocerá cuáles son los nuevos pactos legislativos o si los que existen actualmente permanecen vigentes. Además, de las nuevas autoridades dependerá la relación con el Ejecutivo, que hasta el momento ha sido tensa y con pocos acuerdos alcanzados. En sus manos estará el tratamiento de los proyectos de ley que presente el Gobierno de Lasso y de su propuesta de reforma constitucional.

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y los procesos en curso para designar a las autoridades de control tienen el tiempo contado. El 5 de febrero, gracias a las preguntas 6 y 7 del referendo, su futuro podría cambiar. Si estas propuestas son aprobadas por la ciudadanía, los actuales miembros del CPCCS perderán la potestad para designar autoridades de control y los concursos que no hayan llegado a su fin serán descartados. Los candidatos que buscan conformar el próximo CPCCS verán modificadas sus funciones, e incluso, podrían ser los últimos en ser electos por votación popular. En medio de este panorama, el organismo debe resolver su propia crisis interna, ya que todas sus decisiones dependen del bando que controle el CPCCS, lo que ha abierto frentes con las funciones Judicial, Ejecutiva y Legislativa.

Las elecciones seccionales del 5 de febrero dirán qué agrupación política tiene mayor poder en cada territorio. El resultado será determinante para el Ejecutivo, ya que mucho de su trabajo en las provincias depende de la buena relación que mantenga con las autoridades locales. De igual forma, servirá para que las demás organizaciones políticas puedan tener tarimas locales, ya sea para una próxima reelección en 2027 o para impulsar candidaturas en las elecciones generales de 2025. La disputa por las alcaldías de Quito y Guayaquil, donde hay mayor concentración de electores, se caracterizarán por la fragmentación debido al elevado número de candidatos. Y, es probable, que quienes lleguen al poder tengan un apoyo limitado de la ciudadanía, como ya pasó en 2019.

La crisis de institucionalidad también se ve en las entidades de la Función Judicial. Hay falta de jueces especializados y un déficit de fiscales, el bajo presupuesto, la ausencia de garantías para los operadores de justicia y los atentados en su contra se repiten. A esto se suman las críticas desde Estados Unidos, que afirma que el narcotráfico ha permeado a las fuerzas del orden y a las autoridades de justicia, e incluso a las del propio Gobierno, que les exige hacer su trabajo frente a los constantes dictámenes a favor de miembros de bandas delictivas. Además, está pendiente la designación del presidente de la Judicatura.