¿Menos ministerios, menos gastos? Los datos muestran que no es así
El presidente Daniel Noboa anunció una segunda reducción de su Gabinete, que pasará de 14 a 10 ministerios, con el objetivo de optimizar recursos y lograr eficiencia administrativa. Sin embargo, los registros presupuestarios de los últimos 18 años revelan que borrar entidades del organigrama estatal no se ha traducido en un ahorro del dinero público.
El presidente Daniel Noboa (centro) junto a su gabinete, el 8 de junio de 2026.
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Para evaluar la efectividad de la próxima reducción ministerial, el antecedente más inmediato es el primer ajuste implementado por el actual mandatario. El 24 de julio de 2025, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 60, el cual ordenó una contracción del Gabinete, reduciendo de 20 a 14 los ministerios y de nueve a tres las secretarías con rango de ministerio. La medida incluyó fusiones complejas, como la absorción de las carteras de Deporte, Cultura y la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) por parte del Ministerio de Educación y la unión de Ambiente con Energía y Minas.
En su momento, la justificación central fue la eficiencia administrativa y se anticipó la desvinculación de aproximadamente 5.000 servidores públicos. No obstante, al analizar las cifras de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los resultados evidencian un ahorro casi imperceptible.
En el período de enero a mayo de 2025, operando con una estructura que sumaba 167 entidades dentro del Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno devengó USD 4.082 millones exclusivamente en la partida de gasto en personal. En contraste, durante el mismo período de 2026, ya con la nueva estructura que se redujo a 156 entidades en el PGE, el desembolso en nómina alcanzó los USD 4.025 millones.
La diferencia neta en la reducción de la masa salarial fue de apenas USD 57 millones. En términos globales, esta cifra representa una caída insuficiente para alterar la trayectoria del resultado fiscal. Y se complica más al constatar que, mientras el gasto en personal se mantenía casi estático, el gasto devengado total del Estado en ese mismo lapso experimentó un salto, pasando de USD 14.497 millones en los primeros cinco meses de 2025 a más de USD 19.564 millones a mayo de 2026.
Una historia que se repite
El fenómeno del gasto al alza no es exclusivo de la actual administración. La serie histórica desde 2008 hasta la actualidad da cuenta de que la organización estatal ecuatoriano posee una notable capacidad para absorber los shocks de reestructuración sin reducir el gasto.
Durante la presidencia de Rafael Correa el aparataje estatal experimentó una expansión. Para el año 2016, los registros del MEF documentan la existencia de más de 200 entidades activas en el presupuesto. Esta proliferación de ministerios, coordinaciones, secretarías, institutos y agencias coincidió con un gasto total del Estado que alcanzó un máximo histórico de USD 37.735 millones en 2014 y un costo directo en la nómina superior a los USD 9.000 millones anuales.
El fin del superciclo de las materias primas y los crecientes desequilibrios en las finanzas públicas forzaron un cambio de timón. A partir de 2017, la administración de Lenín Moreno adoptó un enfoque consolidación fiscal que tuvo como eje visible el desmantelamiento de la estructura heredada. Moreno eliminó de un plumazo los ministerios coordinadores, la Secretaría de la Administración Pública, la Secretaría del Buen Vivir y forzó fusiones controversiales como la del Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política para crear el Ministerio de Gobierno.
Para el cierre de 2021, el Estado había sufrido un reestructura significativa: el número de entidades activas se desplomó a 157, lo que representaba unas 50 instituciones menos que en el Gobierno anterior. Cualquier modelo contable básico sugeriría una caída en el gasto corriente. Sin embargo, la ejecución del MEF revela lo contrario. A pesar del recorte de medio centenar de instituciones, el gasto en personal no logró bajar de los niveles históricos; de hecho, en 2019 alcanzó un pico temporal de USD 9.975 millones antes de estabilizarse en USD 9.419 millones para el cierre de 2021.
Esta incongruencia se mantuvo durante el mandato de Guillermo Lasso. A pesar de mantener un discurso de extrema prudencia fiscal y operar con un promedio de 160 entidades activas, la masa salarial rompió un nuevo techo. Para finales de 2023, el gasto devengado en personal superó la barrera de los diez mil millones, cerrando ese año con una nómina de USD 10.129 millones.
La inercia de la masa salarial
Una pregunta que se desprende de estos hechos es ¿por qué la eliminación de instituciones no logra quebrar la curva ascendente del gasto en remuneraciones? La respuesta técnica reside en la composición del empleo público y las rigideces del marco legal laboral del Estado.
Cuando una decisión ejecutiva determina la fusión de dos carteras, el ahorro fiscal se circunscribe, casi en su totalidad, al nivel jerárquico superior. Es decir, en la práctica se eliminan los salarios de dos ministros, un puñado de viceministros, subsecretarios y directores nacionales de áreas transversales (como talento humano o comunicación).
No obstante, el mandato de garantizar la continuidad de los servicios públicos obliga a la entidad absorbente a integrar a sus filas al grueso de la nómina técnica y operativa amparada por nombramientos definitivos o contratos ocasionales.
A esto se suma el costo financiero transitorio de las reestructuraciones. La serie mensual de ejecución presupuestaria del MEF revela el siguiente patrón: en los meses inmediatamente posteriores a la expedición de un decreto de fusión o eliminación de gabinetes, los picos de gasto mensual tienden a elevarse debido al pago de liquidaciones, indemnizaciones por supresión de partidas y la regularización de pasivos laborales. Lejos de generar un alivio inmediato a la caja fiscal, la reorganización del Estado exige inyecciones de liquidez a corto plazo para desvincular personal.
Si la nómina no cede, ¿dónde recae el recorte?
La inercia del elevado gasto en personal ha obligado a los distintos gobiernos a buscar liquidez en otras partidas presupuestarias para intentar equilibrar las cuentas fiscales. Los datos del MEF muestran que los ajustes no se hicieron a costa del organigrama, sino sacrificando la inversión y la compra de bienes y servicios.
El caso más dramático es el colapso de la Inversión en Activos No Financieros (ANF), el rubro que comprende obras públicas, adquisición de bienes de larga duración e infraestructura. A medida que se fusionaban ministerios bajo la premisa de ahorrar, la inversión se convirtió en la variable de ajuste. En los últimos tres años, esta contracción llegó a niveles mínimos: en 2023 se ejecutaron apenas USD 451 millones, en 2024 bajó a USD 446 millones y para 2025 una leve recuperación a USD 612 millones.
Simultáneamente, el Estado aplicó un torniquete al gasto en la compra de bienes y servicios. En 2023, este rubro se ubicó en USD 2.098 millones, experimentando una caída a USD 1.876 millones en 2024, para cerrar 2025 en USD 2.091 millones. Cifras tres veces inferiores a los que se gastaba en 2022 cuando este gasto sumaba USD 6.752 millones. Este comportamiento tiene una estrecha relación con el deterioro de la calidad de los servicios públicos denunciado recurrentemente por la ciudadanía.
Pero no es todo, mientras la obra pública era sacrificada a favor de la consolidación fiscal, otros dos rubros experimentaron un crecimiento importante, explicando por qué el gasto total del Estado sigue una trayectoria alcista a pesar de la eliminación de ministerios.
El primer rubro es el servicio de la deuda, específicamente el pago de intereses. En 2023, el país destinó USD 3.218 millones a intereses (tanto externos como internos). Esta cifra saltó a USD 3.571 millones en 2024 y escaló a USD 4.100 millones en 2025. El Estado ecuatoriano, incapaz de reducir su inflexible gasto corriente a través de meras reestructuraciones institucionales, también ve cómo su liquidez es devorada por el costo de sus obligaciones financieras.
De manera paralela, las transferencias corrientes (que engloban las asignaciones obligatorias, las contribuciones a la seguridad social y el pago de bonos sociales) han mantenido una tendencia al alza. Pasaron de USD 5.445 millones en 2023 a USD 6.540 millones en 2025. Dentro de este paraguas, destaca el peso creciente de los aportes estatales a la seguridad social: las transferencias al IESS subieron de USD 2.802 millones (2023) a USD 3.221 millones (2025). Al ser gastos dictados por la Constitución y leyes específicas, estos recursos están blindados frente a cualquier intento del Ejecutivo de fusionar o eliminar dependencias centrales, demostrando de nuevo que achicar el organigrama es apenas un espejismo contable.
La ilsuión óptica de achicar el Estado
El ajuste del presidente Noboa hacia un gabinete de 10 ministerios envía un fuerte mensaje político de austeridad y control. Sin embargo, el historial fiscal de Ecuador muestra que tachar entidades del organigrama gubernamental no soluciona el problema de fondo.
La evidencia de casi dos décadas es clara: reducir ministerios sin una reingeniería profunda de las contrataciones y procesos internos es apenas una ilusión óptica. El Estado ecuatoriano no ahorra cuando fusiona entidades; tan solo reubica a su burocracia mientras ahoga rubros vitales como la obra pública. Acortar el organigrama resulta un mero ajuste de membretes contables: la caja fiscal sigue soportando el mismo (o mayor) peso, pero el país pierde la inversión necesaria para su desarrollo a mediano y largo plazo.
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