Aunque el argumento inicial se centró en que el Gobierno debía dar por terminado el contrato con Amazonas Tanker Pool, este ha ido mutando con la obtención de más información. Ahora, los legisladores opositores se centran en la renovación del contrato como su argumento en el juicio político contra Lasso.
El período de pruebas del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso está por terminar, y con ello, la posibilidad de seguir incorporando información al caso.
La Comisión de Fiscalización tendrá hasta el próximo 6 de mayo para aprobar su informe, que debe recomendar o no que el proceso siga en el Pleno de la Asamblea.
De momento, es difícil predecir por dónde irá el informe. En los 10 días que tiene la comisión para redactarlo, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización deberán decidir qué hallazgos y qué argumentos se priorizan.
El escenario es complejo, pues no hay una mayoría establecida. Por ello, tanto la oposición como el oficialismo tratarán de llevar el informe hacia sus criterios que, durante las comparecencias, ya se han ido poniendo en evidencia.
La oposición se centra en la renovación del contrato
La mayoría opositora, integrada por UNES, el PSC, parte de la ID y parte de Pachakutik, ya definió sus argumentos en la solicitud de juicio político en contra del presidente Lasso. Pero los han ido ajustando.
Originalmente, la acusación por peculado en contra de Lasso se centraba en que supuestamente se revirtió de forma irregular la terminación del acuerdo entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker Pool.
Esto se derivaba de una carta que el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, entregó al presidente Lasso. Allí, denunciaba que fue separado del cargo tras haber dado por terminado dicho acuerdo.
Aquí se hablaba de presiones de Hernán Luque, expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y presidente del directorio de Flopec.
Durante la investigación, sin embargo, logró probarse que Estupiñán no dijo toda la verdad. Él mismo revirtió la terminación del contrato con Amazonas Tanker, dado que seguir por ese camino hubiera sometido al país a un lesivo arbitraje internacional.
Por ello, el argumento de la oposición ha mutado: ya no se enfocan en si se debía o no dar por terminado anticipadamente el acuerdo, sino en que este se haya renovado automáticamente.
El contrato con Amazonas Tanker establecía una cláusula inicial de dos años, que se cumplían en diciembre de 2022. Desde ese mes, Flopec podía pedir su salida del pool, o este se renovaba automáticamente.
Para la oposición, en esta renovación está la causal para pedir la destitución de Lasso. Argumentan que, aunque el contrato con Amazonas Tanker era perjudicial según la Contraloría, el Gobierno no hizo nada para que este no se renovara.
Es más, cuestionan que se firmó una nueva adenda en octubre de 2022, que estaría vigente.
El Gobierno se defiende
Aunque los argumentos de la oposición van cambiando, el Gobierno se mantiene en su principal defensa: el contrato con Amazonas Tanker fue perjudicial en el gobierno de Lenín Moreno, según la Contraloría, pero actualmente es beneficioso para Flopec y genera ganancias.
La defensa de Lasso en el juicio político se ha centrado en los excelentes resultados financieros que obtuvo Flopec en 2022, gracias al acuerdo con Amazonas Tanker.
Por lo tanto, argumentan que no puede haber peculado si no ha habido pérdidas. Los USD 6,1 millones de los que habla la Contraloría -dicen- son sólo adjudicables al período de Moreno. Por lo que no se puede hablar de una responsabilidad del Gobierno, y menos aún del Presidente, en este caso.
"El actual Gobierno tomó cartas en el asunto al pedir que se presente una denuncia en la Fiscalía y solicitó a Contraloría que analice los contratos"
Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia
La defensa del Mandatario, a cargo del abogado Édgar Neira y el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, además se ha centrado en señalar las contradicciones de la misma Asamblea sobre el contrato con Amazonas Tanker.
Y aquí han apuntado específicamente a la asambleísta Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), una de las proponentes del juicio político y presidenta de la Comisión de Régimen Económico.
Esa comisión aprobó, en octubre de 2022, un informe que concluye que la asociación Amazonas Tanker ha generado una utilidad de unos USD 24 millones. Aquí nunca se habla de perjuicio.
Esta contradicción, para la defensa del Presidente, evidencia que no hay peculado, pues no ha habido un perjuicio durante este Gobierno en este contrato.
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