Fiscalización: terreno minado para el juicio político contra Lasso

La Comisión de Fiscalización es un escenario impredecible para el Gobierno. En esa mesa legislativa, comenzará este lunes el trámite del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Y del informe de dicha comisión dependerá el futuro del Mandatario.

El trámite durará aproximadamente un mes. La comisión deberá entregar, al final de ese plazo, un informe que recomiende o no la censura y destitución de Lasso en el Pleno de la Asamblea, después del análisis de las pruebas y la defensa de Lasso.

Predecir lo que sucederá es difícil de momento. La Comisión de Fiscalización no tiene mayorías fijas. De entres sus nueve miembros, la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) tiene tres curules y la mayoría opositora, cuatro.

Por esta razón, el desarrollo del juicio político contra Lasso dentro de esa mesa legislativa dependerá en gran medida de a qué bando se alineen los dos independientes: Bruno Segovia y el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio.

Segovia, separado de Pachakutik y cercano al excandidato presidencial Yaku Pérez, actúa independientemente del oficialismo y la oposición. Mientras que Villavicencio tuvo una posición más cercana al oficialismo al inicio del periodo, pero se ha ido separando y ahora mantiene críticas contra Lasso.

El juicio político en Fiscalización

Villavicencio convocó a la Comisión de Fiscalización para sesionar este lunes 3 de abril a las 14:00 y avocar conocimiento del juicio político contra el presidente Lasso. Este es el primer paso del trámite dentro de esa mesa legislativa.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo primero que tiene que hacer la Comisión de Fiscalización es notificar al presidente Lasso sobre el inicio del proceso. Debe enviar la solicitud de juicio político, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional.

Con esto, el Mandatario tiene un plazo de 10 días para ejercer su derecho a la defensa y presentar una contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas que considere necesarias. Lasso puede actuar por sí mismo o a través de delegados o procuradores.

En este mismo plazo de 10 días, los acusadores pueden también presentar sus pruebas. La Comisión de Fiscalización, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio.

Con la contestación de Lasso o sin ella, se otorgará el plazo de 10 días más para la actuación de las pruebas. Es decir, en este tiempo se recabarán pedidos de información o comparecencias.

Vencido este plazo, la Comisión de Fiscalización tiene 10 días más para entregar un informe motivado para conocimiento del Pleno; este debe especificar las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente.

Entonces, el presidente de la Asamblea tiene tres días para notificarlo a todos los asambleístas, y después 48 horas para convocar al Pleno de la Asamblea para tratar el informe de la Comisión de Fiscalización.

Los vacíos legales

El proceso dentro de la Comisión de Fiscalización, sin embargo, podría llegar a complicarse por la falta de mayorías. De hecho, en varios de los últimos juicios políticos contra ministros o funcionarios, los miembros de esta mesa no han logrado llegar a acuerdos.

Aquí queda un vacío legal, que ya fue advertido por la vicepresidenta de la comisión, ana Belén Cordero (BAN): "La ley no dice expresamente qué sucede si es que un informe no es aprobado en la Comisión de Fiscalización en el caso de un juicio político contra el Presidente".

En el caso de los juicios políticos a funcionarios como ministros o secretarios, cuando no hay los votos para un informe, se remite al Pleno un resumen de las posiciones de cada uno de los asambleístas. Sin embargo, al tratarse del primer juicio político contra un Presidente en más de 40 años, no hay pista de cómo actuar en este caso.

Si llegara a suceder este escenario, la Asamblea deberá decidir cuál es el camino.

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