En 1998, 125 países firmaron el Estatuto de Roma, que daba paso a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). Los únicos países en contra fueron China, Israel, Libia, Irak, Qatar, Yemen y Estados Unidos. Otros, como India, Arabia Saudita, Turquía, Corea del Norte, Pakistán en Indonesia se abstuvieron.

Entre los argumentos hubo alusiones a una supuesta pérdida de soberanía, desconfianza hacia un tribunal internacional con poderes independientes, preocupación de una politización del organismo, rechazo a la facultad de la Corte de juzgar a nacionales de países no firmantes y la inclusión de conflictos armados internos.

Sin embargo, más adelante, en 2002, 60 países ratificaron el estatuto y la CPI se estableció formalmente en La Haya, en Países Bajos. Desde entonces, la Corte tiene la competencia para investigar y juzgar a las personas que hayan cometido crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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En estos 24 años, el tribunal ha procesado a decenas de individuos y ha emitido dictámenes que marcaron hitos en la justicia internacional. Por ejemplo: Bosco Ntaganda recibió 30 años de prisión por 18 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el Congo y Dominic Ongwen fue condenado a 25 años por 61 crímenes cometidos en Uganda.

Sin embargo, hay investigaciones de la Corte que han causado revuelo, especialmente entre sus detractores. Se trata de aquellos que involucran a potencias globales, líderes políticos en funciones o conflictos geopolíticos de alta intensidad.

Los principales son el caso de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, la invasión rusa de Ucrania, la situación de Venezuela, el genocidio gazatí por parte de Israel y la persecución de género liderada por El Talibán en Afganistán.

El efecto Trump

En sus dos periodos presidenciales, el magnate estadounidense Donald Trump ha emprendido campañas contra los miembros de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, en el de 2017-2021, en medio de las acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas en Afganistán, impuso sanciones económicas y restricciones de visado para los funcionarios fiscales del tribunal.

Esto se revirtió durante la gestión del demócrata Joe Biden. Sin embargo, tras su reelección en 2025 el mandatario republicano retomó su campaña contra la CPI, intensificándola. Especialmente por la orden de arresto que emitió el organismo contra su aliado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de cometer crímenes de guerra en Gaza, en noviembre de 2024.

En febrero de 2026, Trump lanzó las primeras medidas contra el fiscal de turno del organismo, bloqueando sus activos en ese país y prohibiendo su entrada a territorio estadounidense. En agosto, el Departamento de Tesoro anunció las mismas sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la CPI.

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Y, en octubre, Washington incorporó a la propia Corte Penal Internacional a su lista de entidades sancionadas, endureciendo el bloqueo institucional y financiero contra el Tribunal de La Haya. Esto sucedió como reacción a que una exjueza del organismo recibió el Premio Nobel de la Paz.

Las acciones de la Casa Blanca contra los miembros de uno de los tribunales más importantes del mundo han recaído sobre 17 personas hasta el momento. El objetivo del gobierno trumpista es paralizar la capacidad de actuación de la Corte y la amenaza ha sido directa: "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo".

Pero la estrategia de Washington también incluye su brazo diplomático, puesto que ha pedido a sus aliados que abandonen la jurisdicción y apoyo de la Corte. Así lo hizo ya Venezuela, intervenida por Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro.

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El gobierno de Trump también aprovechó su plan de cooperación militar y económica especialmente con los nuevos gobiernos de derecha de América Latina para instarlos a que dejen el organismo. Durante el encuentro de la Alianza de las Américas contra los Carteles, en Panamá, Estados unidos pidió oficialmente a los 18 miembros que repliquen su postura.

Todas estas medidas de coerción y amenazas por parte de la Casa Blanca han sido aplaudidas por Israel y criticadas por varios países como Alemania, Dinamarca, Canadá, Portugal, España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Japón, Reino Unido y la Unión Africana (con sus 55 países), así como por las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La Comisión Europea incluso dijo estar "dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor". Mientras tanto, la Presidenta de la Corte rechazó las sanciones de Estados Unidos y afirmó que se trata de un ataque contra la soberanía de los países miembros del Estatuto de Roma, contra el derecho internacional y contra las víctimas de atrocidades masivas.

"La CPI no cede ante amenazas externas que sólo beneficiarán a aquellos que cometen los crímenes más serios, que preocupan a la comunidad internacional".

Tomoko Akame, presidenta de la Corte Penal Internacional

¿Qué pasa con Ecuador?

Ecuador fue uno de los 125 países que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 y de los 60 que lo ratificaron en 2002. Desde entonces, el país ha reconocido el trabajo de la CPI y expresado su confianza en los magistrados. En 2017, el Estado reconoció que la progresiva universalización del Estatuto era un objetivo irrenunciable, más allá de las consideraciones políticas coyunturales.

Al final del correísmo e inicio del morenismo, Ecuador respaldó los exámenes preliminares sobre el conflicto en Afganistán en 2003, iniciados por el fiscal Fatou Bensouda, el primero sancionado por Estados Unidos. Ahí Ecuador se comprometió nuevamente a evitar que se debiliten el alcande y las competencias de la Corte, así como a apoyar su financiamiento y métodos de trabajo.

Este respaldo a la justicia internacional se mantuvo en el periodo anterio de gobierno, ya que el presidente Daniel Noboa aceptó la aprobación de la Ley de Cooperación entre el Estado Ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Esta fue publicada en el Registro Oficial el 16 de mayo de 2024.

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Además, el Mandatario logró la aprobación del cambio constitucional que habilitó la extradición de ecuatorianos, lo que permitiría que si algún ciudadano comete los delitos que investiga la CPI pueda ser juzgado en La Haya.

Sin embargo, en este nuevo periodo, tras la campaña lanzada por Estados Unidos, el presidente Noboa se refirió por primera vez, el 17 de septiembre pasado, a la situación del tribunal internacional. Y afirmó que ese tipo de instituciones se han "ideologizado demasiado", y que "ya no tratan temas de manera objetiva".

Esto pese a que su ministro del Interior, John Reimberg, se reunió apenas tres semanas antes con el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, para hablar de cooperación en materia penal internacional.