El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y miembro de la Conaie, aceptó que la dirigencia del movimiento tuvo problemas y dijo que, si han cometido errores, deberán pedir disculpas al país. En diálogo con PRIMICIAS, comentó las manifestaciones en Quito.
El Consejo Ampliado del movimiento indígena se reunió en Quito, este miércoles 23 de octubre, para analizar el futuro del diálogo con el gobierno. Entre los asistentes a la reunión estuvo Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
Todos estuvieron incomunicados. Para participar en el encuentro era obligatorio dejar los celulares en la planta baja. Las medidas de seguridad y control de la guardia indígena se han incrementado desde la movilización que paralizó al país, entre el 3 y el 13 de octubre.
Iza dejó la Asamblea por un momento para dialogar con PRIMICIAS. En medio de pasillos y habitaciones llenas de cajas con donaciones sobrantes de las manifestaciones, una pequeña cabina sirvió de espacio para la conversación.
El dirigente recordó que vienen “de una tradición de pueblos de paz, pero tampoco humillados”. Y reconoció que, tras diez años de correísmo y dos años de diálogo sin resultados con el gobierno del presidente Lenín Moreno, la última movilización estalló en niveles “exorbitantes de indignación” y violencia.
Iza apuntó la responsabilidad a la actitud del Ejecutivo: el defender las medidas, opacar las protestas y la represión.
Y aceptó que el movimiento indígena apenas logró controlar a sus miembros porque la cantidad, en ocasiones, los desbordaba. En algunos lugares, señaló, no fue posible ese control, precisamente porque eran manifestaciones sin organización de base.
Sobre las responsabilidades legales y políticas, el presidente del MICC asegura que el gobierno debe dar el primer paso y dejar de eludir las suyas, especialmente, sobre derechos humanos.
Al igual, dijo que los dirigentes del movimiento indígena, si tuvieron excesos, deben asumirlos y pedir disculpas al país, no ser irresponsables con lo que dicen y evitar que se desacredite así la lucha social.
Iza afirmó que no hay división en la cúpula del movimiento indígena, pese a las discrepancias que se vieron durante las manifestaciones. Pero, reconoció, que hubo problemas de comunicación entre ellos y las bases, lo que ocasionó problemas.
Además, defendió la organización comunitaria para las movilizaciones, porque “todo” fue autogestión: el transporte, la alimentación y la amplificación. A lo que se sumaron las donaciones y solidaridad de la ciudadanía.
Por lo que para él las acusaciones de que recibieron dinero de “las FARC, de Maduro, de Correa, es menospreciar la autosuficiencia que tiene el pueblo al momento de la lucha”. Descartó también que la movilización haya sido de carácter político partidista o con intenciones de desestabilización.
Además, Iza dijo que una de las definiciones del Consejo del 23 de octubre fue que no se puede permitir que la proyección de los dirigentes más importantes sea electoral. Ese escenario se definirá en su debido momento.
Los procesos judiciales
Sobre el caso de la Contraloría, Iza dice que se tiene que escuchar las versiones de lo sucedido en las investigaciones. Pero lo califica como una estrategia del Ejecutivo de combate político.
Sobre la denuncia por secuestro en contra de siete dirigentes indígenas, el dirigente lo califica como una provocación por parte del Gobierno. A su forma de ver, los dirigentes intermediaron para evitar que los policías sean lastimados por los manifestantes enardecidos que los capturaron.
El alcance del movimiento indígena
Para el dirigente, el movimiento indígena representa al sector que da de comer a las grandes ciudades. Porque, aunque acepta que solo el 7,02% se reconocen como población indígena, ellos están íntimamente ligados a otros sectores, como las comunidades y juntas de agua.
Además, considera que en las últimas manifestaciones fueron el vocero principal de “todos” los sectores: en términos económicos las clases media, media baja y pobre; y en términos sociales las comunidades, transportistas, estudiantes, amas de casa, jubilados, junto a la movilización de los trabajadores.
A sus ojos, la propuesta integral del movimiento indígena acaparó su respaldo.
Desde su perspectiva, el diálogo del que habla el Gobierno está desgastado. Dice que en dos años han logrado mínimos resultados. Es por eso que ahora se movilizaron por la derogatoria del Decreto 883.
Sobre la mesa del diálogo, señala que hay dos visiones: “aparece como una imposición” de parte de los manifestantes y, a la vez, el gobierno “está cuidando que esto no aparezca como presión”.
Pero, aunque ese diálogo esté pausado, sostiene que todos los sectores deben sentarse en esa mesa, para tomar “decisiones económicas conjuntamente, no una decisión unilateral del movimiento indígena y los pequeños productores”.
Pero hacerlo de una forma responsable sin “generar un caos y no llegar a nada”.
Iza cuestiona la falta de transparencia del gobierno sobre los compromisos adquiridos en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Porque las deudas adquiridas por todos los gobiernos recaen sobre el pueblo.
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