El próximo presidente asumirá el poder el 24 de mayo de 2021 y se hará cargo de un país con una economía debilitada. También deberá enfrentar una deuda elevada y solventar las metas acordadas con el FMI.
El ganador de los comicios presidenciales tiene varios desafíos de por medio. El mayor de ellos es económico, puesto que Ecuador atraviesa una situación de decrecimiento ocasionada por la pandemia.
Solo en 2020, el país sufrió una contracción económica del 9%. A esto se suma la falta de recursos suficientes para una recuperación.
Precisamente, la escasez de dinero motivó al Gobierno saliente a suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un crédito de USD 6.500 millones entre 2020 y 2022.
Pero para recibir esos fondos, el próximo Gobierno y su presidente deben honrar compromisos.
En 2020, Ecuador recibió USD 4.000 millones y si cumple las metas en este 2021 llegarán los otros USD 1.500 millones.
Entre los objetivos acordados consta reducir el déficit fiscal de USD 7.324 millones a USD 2.813 millones entre 2020 y 2021.
Metas difíciles de cumplir
Según el secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, reducir el déficit es una tarea "bastante difícil". En medio de la pandemia es complicado aumentar los ingresos y reducir los gastos.
"Es clave seguir con el acuerdo con el Fondo porque el país podría recibir desembolsos cercanos a USD 5.000 millones de los organismos multilaterales", advirtió Carrera.
Sin embargo, en este año el país necesita USD 15.000 millones para cubrir las siguientes obligaciones:
- USD 6.000 millones para cubrir el déficit fiscal.
- USD 4.500 millones para pagar las amortizaciones de deuda.
- USD 3.000 millones para pagar el vencimiento de los Certificados de Tesorería (Cetes).
- USD 1.500 millones para cubrir los atrasos en el Presupuesto.
El Gobierno saliente quiere que esos recursos no provengan de las reservas del Banco Central. Para ello alista una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf).
Justamente este cambio legal es uno de los compromisos adquiridos con el FMI.
Según el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, la reforma protegerá la dolarización e impedirá que se use al BCE como "caja chica".
Otra meta es una reforma laboral que facilite las contrataciones.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cinco de cada 10 ecuatorianos con empleo estaba en la informalidad. Los desempleados aumentaron alrededor de 115.000 personas entre 2019 y 2020.
La urgencia de más recursos
Para el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, otro reto del nuevo gobierno es recuperar las inversiones. "Eso permitirá generar empleo y reducir la pobreza", dijo.
Según cifras del Banco Central, las inversiones totales cayeron en USD 6.000 millones en el último año.
Acosta y Carrera coinciden en que la reactivación de las inversiones dependerá de nuevos acuerdos comerciales. Ambos mencionaron especialmente uno con Estados Unidos.
Al mismo tiempo el nuevo Gobierno necesita inyectar recursos a Petroecuador. La producción petrolera cayó 9,7% debido la rotura de los oleoductos y el desplome del precio del crudo.
Plan para bajar la deuda
La próxima administración también deberá presentar un programa de sostenibilidad fiscal de cuatro años.
El Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) ordena disminuir, de manera paulatina, la deuda pública hasta el 40% del PIB en 2032.
La deuda pública ecuatoriana ascendió a USD 63.163 millones en 2020. Esa cifra equivale al 65,3% del PIB, según el Ministerio de Finanzas.
Según Carrera, la reducción de la deuda pública depende de crear superávit fiscal y del crecimiento de la economía.
Lo primero se lograría, opinó Carrera, con una reforma tributaria que es otro de los compromisos con el FMI.
El objetivo es lograr USD 2.000 millones adicionales al Presupuesto del Estado. Entonces el superávit fiscal se lograría con la combinación del aumento de ingresos tributarios y petroleros, pero también con la reducción del gasto.
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