Tres conflictos alimentan las teorías de la conspiración en la Asamblea

Los legisladores de UNES y una parte de Pachakutik plantearán la creación de una comisión que revise lo actuado por el Consejo de la Administración Legislativa y las autoridades del Legislativo. El fantasma de la muerte cruzada reaparece.

La situación dentro de la Asamblea Nacional se pone cada vez más tensa. Las bancadas negocian una posible destitución de las autoridades del Legislativo, que podría llegar a concretarse el 24 de febrero de 2022, en una de las tres sesiones del Pleno ya convocadas.

Detrás de estas “pretensiones desestabilizadoras” hay tres temas que causan conflicto entre los legisladores.

La derogatoria de la reforma tributaria.
La nueva propuesta de reforma en materia de inversiones.
Los juicios políticos pendientes.

De momento, hay al menos un bando en firme: la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la facción más radical del indigenista Pachakutik.

Ambas fuerzas hablan de frente acerca de la posibilidad de iniciar el proceso de destitución de las autoridades de la Asamblea.

Y esto podría concretarse si es introducido un cambio del orden del día en la sesión de las 14:00 de este jueves 24 de febrero.

Es algo que solo podría ocurrir en la sesión de las 14:00, porque las otras dos, previstas para las 11:00 y para las 19:00, son continuaciones y no hay espacio para cambios en el orden del día de las mismas.

¿Golpe a Llori?

La actual designación de autoridades de la Asamblea se consiguió con votos de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), de Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID); esto permitió la elección de Guadalupe Llori como presidenta del Poder Legislativo.

Pero ahora la situación es distinta, empezando por la ruptura dentro de Pachakutik y por los acercamientos entre su facción más radical y el correísmo.

Tras esos movimientos políticos, ahora se habla de cambiar las autoridades (presidencia y dos vicepresidencias) y hasta de un cambio en la integración del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Para hacerlo, cualquier asambleísta deberá mocionar la creación de una comisión pluripartidista ad hoc de cinco miembros, designada por el Pleno.

Esta comisión se encargaría de investigar si ha habido incumplimiento de funciones para dar paso a las discusiones de cambios.

La creación de esta comisión demanda de 70 votos, que se lograrían si UNES (que tiene 47) se junta con los radicales de Pachakutik (que son al menos nueve) y se les suman los miembros del PSC (que son 14) y uno que otro independiente.

Las matemáticas mandan. Pero en la Asamblea ni siquiera los votos de los radicales de Pachakutik (PK) están asegurados.

Para la muestra: Salvador Quishpe (PK) y el cañarí Joel Abad (PK), que se sumaron originalmente a esa facción rebelde, ahora se muestran en favor de que Llori se quede en la Presidencia de la Asamblea.

El conservador Partido Social Cristiano (PSC) tampoco ha asegurado su apoyo a los llamados “desestabilizadores”.

De hecho, la bancada del PSC votó recientemente contra la destitución de Ruth Arregui como superintendente de Bancos, en un juicio político cuyo desenlace fue empujado por UNES, Pachakutik y la ID.

Tanto la bancada oficialista BAN como la Izquierda Democrática han anticipado que no estarían a favor de la reestructuración de las autoridades de la Asamblea.

Los tres del conflicto

Detrás de esta iniciativa de cambiar a las autoridades de la Asamblea hay dos asuntos que han causado polémica y que podrían ser incluidos como posibles causas de incumplimiento de funciones.

La derogatoria de la reforma tributaria

La reforma tributaria logró ser aprobada, en diciembre de 2021, por el llamado ministerio de la ley, gracias a la abstención de la bancada correísta.

Frente a este escenario, tanto UNES como la facción radical de Pachakutik presentaron proyectos de derogatoria a la reforma. Fueron entregados en noviembre y diciembre de 2021, con el objetivo de que la reforma no entrara en vigencia.

Sin embargo, su trámite se demoró en el CAL. Por lo que el 27 de enero de 2022, Mario Ruiz (Pachakutik) logró incluir un cambio en el orden del día en la sesión del Pleno para aprobar una resolución con el objeto de “evitar que el CAL archive la derogatoria” de la reforma tributaria.

Obtuvo el respaldo de UNES, de Pachakutik y del PSC. Pero Guadalupe Llori suspendió la sesión antes de tratar ese punto.

Dos días después, el CAL resolvió enviar una consulta a la Corte Constitucional, pues consideró que existe una contradicción en la Ley sobre si la Asamblea tiene la potestad o no derogar impuestos. La Corte no se ha pronunciado aún.

Esta decisión causó el rechazo de UNES y de Pachakutik. Ellos ahora anuncian que ese sería uno de los incumplimientos de funciones que derivarían en la destitución de todos los miembros del CAL.

En un intento por calmar las aguas, Llori convocó a la reinstalación de la sesión del 27 de enero último, para las 19:00 del 24 de febrero. El único punto en esa sesión será la resolución propuesta por Ruiz.
Cuáles son los juicios políticos pendientes

La facción radical de Pachakutik presentó un pedido de juicio político para los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Este proceso tiene el apoyo de UNES y el PSC.

El pedido ya fue calificado por el CAL, pero deberá seguir su trámite en orden cronológico.

Hay pedidos de juicio político que ya fueron presentados antes y que, por lo tanto, deberían ser tratados antes. El primero es el que ya está en trámite ante la Comisión de Fiscalización, contra el contralor Carlos Riofrío.

Después, debería tratarse el juicio político contra el procurador, Íñigo Salvador, por iniciativa de UNES. Y luego, el proceso contra los vocales del CNE, impulsado justamente por la facción radical de Pachakutik.

Alterar el orden cronológico violaría la ley de la Función Legislativa, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

Pero UNES, Pachakutik y el PSC creen que se debe dar prioridad a este proceso. Y esto se haría también a través de una resolución del Pleno que, sin embargo, aún no han planteado.

Una destitución de los cuatro vocales de mayoría podría “voltear” la situación en el Cpccs, a favor de la minoría, cercana a estas tres fuerzas para tener mayor control sobre:
- Los concursos que están en trámite: Contraloría, renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
- El nuevo pendiente: la designación del superintendente de Bancos, tras la destitución de Ruth Arregui.
- Los que pueden venir si se concretan los juicios políticos contra el Procurador y los cinco vocales del CNE (en cuyo caso ya no sería solo una renovación parcial).

Vuelve el fantasma

A todo esto, se suma que el Ejecutivo entregó ya la reforma en materia de inversión, presentada como proyecto económico urgente. Esto significa que la Asamblea tiene 30 días para tramitarla o pasará con el ministerio de la ley, como la reforma tributaria.

Gran parte del futuro de la ley dependerá de a qué comisión sea remitida. Lo más probable es que pase a la de Desarrollo Económico, que ya tramitó la reforma tributaria, por tener una integración menos hostil para el Gobierno.

Hay que considerar que la de Régimen Económico está dirigida por Mireya Pazmiño, quien es parte de la facción radical de Pachakutik.

Sin embargo, de cara al trámite de esta nueva ley, vuelve el fantasma de la muerte cruzada.

Si la iniciativa llegara a bloquearse, el Gobierno podría analizar la posibilidad de disolver a la Asamblea si “de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”.