Niegan hábeas corpus a favor de Abdalá Bucaram Ortiz y su orden de aprehensión sigue en firme
La Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso presentado por María Rosa Pulley, esposa de Abdalá Bucaram, en medio del proceso por presunta delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid-19.

Fotografía de archivo del expresidente Abdalá Bucaram.
- Foto
Procesada con IA a partir de video original
Autor:
Redacción Primicias
Actualizada:
Compartir:
Nuevo revés judicial para el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. La Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el hábeas corpus presentado a su favor, por lo que se mantiene firme la orden de aprehensión dictada por el Tribunal de Garantías Penales en el caso Pruebas Covid-19.
Este recurso fue presentado por María Rosa Pulley, esposa del expresidente Bucaram, el 4 de septiembre de 2026, un día después de que el Tribunal ordenara su detención por no haberse presentado en seis ocasiones a la audiencia en la que debía escuchar la sentencia.
Tras pasar por dos hospitales, Bucaram, de 74 años, permanece internado en la Clínica de Especialidades Borja, en Guayaquil, debido a un problema cardíaco.
Mientras permanece internado, la clínica, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, continúa bajo vigilancia de las fuerzas públicas.
Con el rechazo al pedido de hábeas corpus, una vez que reciba el alta médica, el expresidente Abdalá Bucaram deberá ser aprehendido para comparecer a la audiencia en la que conocerá su sentencia por el caso Pruebas Covid-19.
En la resolución emitida este 7 de septiembre, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas concluyó que no existe una amenaza inminente contra los derechos a la vida, la salud y la integridad del expresidente con la ejecución de la orden judicial.
Caso Pruebas Covid-19
El caso involucra a Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a otras dos personas, quienes son procesados por presunta delincuencia organizada. Los hechos están relacionados con la adquisición y comercialización de pruebas de covid-19, en una trama que involucra a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.
El pasado 14 de mayo, la Fiscalía General del Estado pidió que se condene al expresidente, a su hijo Jacobo y a las otras dos personas. Sin embargo, debido a su ausencia, la audiencia para conocer la sentencia ha sido declarada fallida en seis ocasiones.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar si existen agravantes.
Compartir:






