El Congreso brasileño prorroga la prohibición de las casas de apuestas en línea por 60 días, mientras el Gobierno insiste en la eliminación definitiva
El Congreso Nacional de Brasil prorrogó por un plazo de 60 días la vigencia del decreto que prohibió las casas de apuestas en línea en el país. El Gobierno insiste en la eliminación definitiva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firma un decreto que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea, el viernes 25 de septiembre en Sao Paulo (Brasil).
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EFE
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El Congreso Nacional de Brasil prorrogó este miércoles 11 de noviembre, por un plazo de 60 días, la vigencia del decreto que prohibió las casas de apuestas en línea en el país.
La prórroga fue autorizada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para evitar la caducidad del decreto, firmado el pasado septiembre por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, bajo la justificación de que las apuestas deportivas han causado un grave daño a la economía de las familias.
Pese a que existe la posibilidad de prórroga por un período igual, el objetivo del Gobierno brasileño es la prohibición definitiva de las apuestas en línea. Para que esto pase, la medida debe ser aprobada por el Congreso antes de su fecha de vencimiento.
El domingo 8 de noviembre, Lula volvió a defender el fin de las apuestas en un comunicado oficial. El presidente afirmó que la prohibición ya está teniendo un impacto positivo en el consumo y la economía, y declaró que las plataformas “destruían vidas”.
El decreto está siendo cuestionado en los tribunales por medio de numerosas demandas judiciales, aunque el Tribunal Supremo ha paralizado todos los procesos hasta que analice la situación.
La decisión de Lula, anunciada en plena campaña electoral, causó un rechazo inmediato en el sector de apuestas y en el ámbito deportivo, puesto que la mayoría de los clubes de fútbol tenían a las plataformas de juegos de azar como sus principales patrocinadores.
Las apuestas fueron legalizadas en Brasil en 2018 durante el Gobierno de Michel Temer y reguladas formalmente en 2023 por el actual Ejecutivo.
El sector movilizó en 2025 una facturación de cerca de USD 39.500 millones a través de 85 empresas con licencia legal.
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