El presidente del PSG es investigado por supuesto conflicto de intereses en adjudicación de derechos de televisión

La Brigada Financiera Anti-Corrupción (BFAC) comenzó sus investigaciones en abril, luego de una reunión de la Liga de Fútbol Profesional sobre la atribución de los derechos televisivos del campeonato francés, en la que Nasser Al-Khelaifi pudo haber incurrido en una toma ilegal de intereses.

La investigación comenzó tras una denuncia de la asociación Anticor, precisó la fiscalía, confirmando una información del diario L'Équipe.

El abogado del dirigente catarí, aseguró a la agencia AFP que Al-Khelaifi, que preside el PSG desde que el club francés fuera comprado en 2011 por el fondo Qatar Sports Investments, "ha actuado siempre de manera independiente, imparcial y objetiva".

Las autoridades, no obstante, investigan si Al-Khelaifi, a través de sus distintos cargos (además de presidir el PSG es miembro del consejo de administración de la LFP y presidente de beIN Media Group) favoreció a este grupo mediático durante el proceso de licitación de los derechos televisivos de la liga francesa en 2024.

Ese año, tras varios meses de negociaciones que fracasaron, la LFP llegó a un acuerdo con DAZN para la retransmisión de ocho partidos cada jornada por USD 459 millones, mientras que el paquete restante se adjudicó al canal de Al Khelaifi, por USD 114 millones.

Sin embargo, DAZN resolvió el contrato unilateralmente, abonando una compensación a la LFP.

La investigación se centra en si Al-Khelaifi presionó a otros presidentes de clubes para favorecer a beIN Sports.

En los últimos años, Al-Khelaifi se ha enfrentado a varios procedimientos judiciales. En febrero de 2025 fue imputado por complicidad en abuso de poder relativo al voto de accionistas en una empresa, indicó el jueves una fuente cercana al caso.

También se enfrentó a acusaciones por presunta corrupción en las candidaturas de Qatar para los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2017 y 2019, pero este caso fue anulado definitivamente a mediados de febrero de 2023 por el Tribunal de Casación francés, que dictaminó que la justicia francesa no tenía competencias para procesarlo.