Corte Constitucional desestima pedido de exportadores de banano que reclamaban por sanciones desproporcionadas
La Corte Constitucional desestimó una acción de protección presentada por el gremio Acorbanec. Los exportadores planteaban que las sanciones de la Ley de Banano son desproporcionadas.
Racimos de banano de exportación de Ecuador, el 20 de septiembre de 2024.
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La Corte Constitucional desestimó una acción de protección presentada por un gremio de exportadores de banano ecuatoriano en contra de los artículos 4 y 7 de la Ley de Banano.
La Corte Constitucional notificó su decisión a las partes involucradas este 28 de febrero de 2025.
Los dos artículos establecen las sanciones para los exportadores que no cumplan con el pago del Precio Mínimo de Sustentación (PSM) de la caja del banano a los productores, que es de USD 7,25 en 2025.
Richard Willians Salazar Veloz, representante de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec) había presentado el pasado 21 de julio de 2022 una acción de protección ante la Corte Constitucional.
Y, tras más de dos años, la Corte Constitucional decidió desestimar el pedido del gremio.
Los exportadores planteaban en su recurso constitucional que las sanciones de la Ley de Banano son desproporcionadas, por lo que sostenían que iban en contra de lo que establece el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución que dice:
"La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza".
¿Qué sanciones establece la Ley?
El artículo 4 de la Ley de Banano determina que se sancionará a los exportadores y/o comercializadores que no paguen el precio mínimo de sustentación a los productores y no efectúen dicho pago en el plazo de ocho días desde el embarque definitivo-
Y detalla que se aplicará una multa de entre 25 a 50 veces el monto de evasión, la suspensión de exportar por 15 días y, si existe reincidencia la sanción puede ser de 30 a 60 días, y puede llegar hasta la suspensión definitiva de la licencia de exportación.
En cambio, el artículo 7 establece como prohibiciones especiales "cualquier forma de renuncia estipulada entre productores y exportadores", que implique una disminución efectiva del derecho del productor a recibir al menos el precio mínimo de sustentación.
Además, prohíbe que en las liquidaciones de pago de las cajas de productos consten descuentos no autorizados por el productor.
El artículo 7 dice que, en caso de que el exportador no cumpliera, será sancionado con la multa equivalente al 500% de los valores indebidamente descontados y se devolverá al productor el valor correspondiente.
De ahí que, sobre el artículo 4, la Corte Constitucional dijo que se observa que las medidas dispuestas representan un grado de satisfacción alto del fin constitucional.
"Frente al detrimento que ocasiona la sanción para los exportadores y comercializadores, se observa que el beneficio que aquella medida genera para los productores es superior, cabe señalar que en su conjunto no implicaría una cuestión inmanejable para los comercializadores y exportadores, que no estarían en la imposibilidad de asumir el eventual pago de la sanción".
Según la Corte, existe proporcionalidad en cuanto a las sanciones establecidas a los exportadores y comercializadores por la falta de pago del precio mínimo de sustentación a los productores. Así, la Corte concluyó que el artículo 4 de la ley impugnada no es contrario al artículo 76 de la Constitución.
Sobre el artículo 7, la Corte Constitucional también observó que representa un "grado de satisfacción alto del fin constitucional".
"Consecuentemente, esta Corte considera que existe proporcionalidad de la sanción impuesta a los exportadores por efectuar en las liquidaciones de pago deducciones no autorizadas por los productores", dice el documento.
La decisión de desestimar el pedido de los exportadores fue tomada con seis votos a favor de los jueces constitucionales Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Richard Ortiz Ortiz.
En cambio, tres jueces constitucionales dieron voto salvado: Karla Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonnet y Daniela Salazar Marín.
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