Nueva Ley permite al Estado contratar seguros para blindarse ante caída de precios de petróleo y oro

La nueva Ley de Integridad Pública, vigente desde este 26 de junio de 2025, permite que las empresas públicas y el Banco Central de Ecuador (BCE) contraten coberturas o seguros para blindarse ante los riesgos por las fluctuaciones de los precios de commodities.

¿Qué son los commodities? Se trata materias primas de origen natural como el petróleo, el oro, el trigo o el cacao.

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Así, el artículo 90.1 de la nueva ley autoriza al BCE y a las empresas públicas a "realizar operaciones de hedging o cobertura sobre el precio de commodities, con el objetivo de mitigar el riesgo asociado a las fluctuaciones internacionales de dichos precios".

Este artículo permitiría, por ejemplo, a la estatal Petroecuador contratar un seguro para cuando caiga el precio del petróleo o cuando suban los precios de los derivados de petróleo que importa Ecuador, explica el exviceministro de Finanzas Fabián Carrillo.

Y, por otro lado, permitiría al BCE contratar seguros para cuando caigan los precios del oro, que es parte de las reservas internacionales que custodia la entidad, agrega.

La inestabilidad del precio del petróleo en lo que va del año ya está golpeando al Presupuesto General del Estado, pues el Ministerio de Finanzas preveía que el precio del barril de petróleo ecuatoriano en 2025 sea de USD 63,7 en promedio. 

Sin embargo, entre enero y mayo de 2025 el precio promedio ha sido de USD 60,97. De hecho, la última proyección del BCE es que el precio promedio sea de USD 57 este año.

¿Cómo funcionan estos seguros?

Este mecanismo consiste en que un gobierno paga una prima (una tarifa mensual o anual) al vendedor del seguro, con lo que garantiza un precio mínimo para el petróleo, que se acuerda en un contrato.

En el caso de Ecuador, el Ministerio de Finanzas presupuestó que en 2025 necesitaba un precio del barril de petróleo mínimo de USD 63,7 para cubrir una parte del gasto público.

De ahí que si el precio cae por debajo de eso, el Gobierno de Noboa tendrá dificultades para cubrir esa brecha.

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Para aplicar una cobertura frente a una caída, el gobierno compraría una opción de venta con un precio de convertibilidad de USD 63,7 por barril; es decir, si el precio se mantiene por encima de los USD 63,7, no se ejecuta el seguro.

Pero si el precio baja y es de USD 57, por ejemplo, el seguro pagará la diferencia entre USD 63,7 y USD 57 por barril; esto es USD 6,7.

Un reporte de Revenue Watch Open Society Institute (descargue el documento aquí) explica que la prima de seguros de este tipo es más elevada para productos básicos inestables como el petróleo. Es algo parecido a lo que ocurre con los seguros de autos, que son más caros para los modelos que tienen más riesgos de sufrir siniestros, por ejemplo.

"Para conseguir que los inversionistas acepten el riesgo de esta apuesta de dirección única, los gobiernos tendrán que pagar una prima que refleje el riesgo de los inestables precios del petróleo", dice el reporte. Es decir, estos seguros son costosos.

Entidades podrán contratar instrumentos más complejos

El "hedging" no solo es un seguro como tal, es un tipo de estrategia en el mercado financiero para proteger una inversión ante algún movimiento desfavorable en el mercado que traiga pérdidas.

De ahí que la Ley dice que además de la contratación de seguros, para cubrirse ante el riesgo de las fluctuaciones de los precios, las entidades podrán realizar "operaciones a través de derivados financieros, estructurados y no estructurados".  

Los derivados financieros son instrumentos cuyo rendimiento está directamente vinculado al precio de un segundo activo conocido como "subyacente".

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Los activos subyacentes pueden ser una acción, una tasa de interés, una divisa como el dólar o el petróleo. Un ejemplo de estos instrumentos son los contratos futuros que implican, acordar hoy un precio para comprar o vender algo en el futuro.

El nuevo artículo de la Ley de Integridad Pública añade que el costo de la cobertura o hedging se establecerá en función del mercado y se pagará con cargo al presupuesto de la entidad pública que realiza la operación. 

"La no ejecución de una cobertura no supondrá un perjuicio para el Estado por el valor pagado para su contratación", dice el documento.

¿Es necesario un seguro para el oro y petróleo?

La exgerente del BCE, Verónica Artola, considera que un seguro para el oro no parece muy necesario, ya que es un activo de refugio, cuyo precio es menos volátil que el de otros commodities. De hecho, desde 2024 ha alcanzado precios récord.

Y aunque un seguro petrolero puede sonar más necesario en el caso de Ecuador— porque los precios del petróleo son más volátiles y el Presupuesto del Estado depende en parte de estos ingresos—  contratar este tipo de instrumentos puede ser muy costoso y arriesgado, por eso, no son tan comunes en el mundo, añade Artola.

En el pasado esta idea estuvo en planes, pero no convenció a las autoridades, por lo complejo que podría ser la operación, dice la exgerente.

Artola recuerda que durante el Gobierno de Lenín Moreno se analizó adquirir un seguro petrolero, "pero había preocupaciones sobre qué pasaría si el país salía perdiendo con esta costosa contratación, quién se haría responsable, vendrían observaciones de Contraloría", añade.

Carrillo dice que en teoría, haría sentido contratar ahora un seguro petrolero, porque en lo que va de 2025, el precio del petróleo ha tenido importantes fluctuaciones por la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y todavía hay incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente aunque ya haya cesado aparentemente la "guerra de los 12 días".

Pero Carrillo también coincide con Artola en que será desafiante para Ecuador entrar a este terreno nuevo. 

En el pasado, otro factor que impidió que se contrate el seguro petrolero era la poca capacidad técnica e institucional en las empresas del sector público para gestionar estos instrumentos adecuadamente, recuerda el exviceministro. Y agrega que esa situación no ha cambiado.

"Empresas públicas, como Petroecuador, no tienen capacidad institucional para hacer un proceso adecuado de licitación, con adecuadas bases para una contratación de este tipo de instrumentos que son complejos y nuevos en Ecuador", dice Carrillo.

El exviceministro dice, además, que no hay un mercado muy desarrollado en el país todavía.