Tasa de 100% a los productos colombianos fue demandada ante la Corte Constitucional

La resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), emitida el 9 de abril, que estipula elevar el arancel o tasa de seguridad a los productos importados de Colombia de 50% a 100%, fue demandada ante la Corte Constitucional por el economista Andrés Albuja. 

El Máximo Tribunal Constitucional recibió la demanda el 11 de abril de 2026 y ya realizó el acta de sorteo para tramitar la acción de constitucionalidad, quedando a cargo del juez constitucional Alí Lozada Prado. 

El incremento del arancel entraría en vigor el próximo 1 de mayo de 2026. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Producción de Ecuador, esta acción se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

La demanda presentada también impugna las resoluciones previas de la Aduana, del 24 de enero y 28 de febrero de 2026, con las que se impusieron las tasas de 30% y 50%, respectivamente. Sin embargo, ambas resoluciones ya se encuentran derogadas. 

¿Qué dice la demanda?

Según el documento, con las tres resoluciones del Senae, referentes a la tasa de seguridad, se vulneran  principios constitucionales como:

• Principio de integración latinoamericana, al "atacar la estructura de la CAN". 
• Seguridad jurídica y fraude procesal. Según Albuja, con la emisión de una nueva resolución, que deja sin efecto resoluciones previas que recibieron demandas de inconstitucionalidad, se rompe "la certeza del derecho y la confianza ciudadana en las instituciones". 
• Seguridad nacional y seguridad energética. Para el economista, ambos principios se ven amenazados con la imposición de la tasa, que provocó la suspensión de la interconexión eléctrica con Colombia. "Esto pone en riesgo la soberanía energética al forzar al país a depender de un parque térmico vulnerable, incrementando el riesgo de apagones nacionales y afectando sectores estratégicos de defensa y salud". 
• Soberanía económica y prevención de la economía negra. "La norma fomenta el contrabando y el lavado de activos en la frontera norte, convirtiendo una medida aduanera en una amenaza a la seguridad interna del Estado", señala la demanda. 
• Derechos de la naturaleza, al incrementarse la quema de Fuel Oil para el funcionamiento de plantas termoeléctricas, lo que provoca mayor contaminación ambiental. 

Albuja solicita  a la Corte, como medidas cautelares, la suspensión de los efectos de las tres resoluciones del Senae (0006, 0017, 0031), siendo el objeto de la demanda que se declare la inconstitucionalidad, por vicios de forma y fondo, de las tres resoluciones. 

Además, con esta acción se pretende que se disponga el cese inmediato de cualquier gravamen que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional. Y se exhorte al Ejecutivo a retomar los tratados de integración para garantizar la seguridad energética nacional.