Servidores públicos salientes y sus familiares serían sujeto de análisis de la UAFE para control de lavado de activos

La Ley de Transparencia Social, aprobada el 26 de agosto por la Asamblea Nacional, faculta a la UAFE para realizar análisis financiero y económico a "servidores públicos salientes" de las entidades del Gobierno central, de acuerdo con el período en el que hayan ejercido funciones. 

Concretamente, la medida está dirigida a: 

• Máximas autoridades de las entidades públicas del Gobierno central. 
• Viceministros, subsecretarios, directores o subdirectores de las entidades de la Función Ejecutiva. 
• Familiares de los funcionarios mencionados hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos) y segundo de afinidad (cuñados, abuelos o nietos del cónyugue)

Este análisis podrá realizarse "a petición de parte y bajo discrecionalidad institucional", explica la norma en su disposición reformatoria tercera, que incluye reformas a la Ley de Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación de otros Delitos. 

• En qué consiste la nueva evaluación que se aplicará a los servidores públicos y que podría terminar en destitución

Y deberá incluir la información general, financiera, tributaria, económica, patrimonial, societaria y demás que estime necesaria la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

La UAFE es la entidad responsable de la recopilación de información y realización de reportes para la prevención y erradicación del lavado de activos. 

Una vez realizado el análisis, la UAFE no podrá realizar un nuevo análisis financiero o económico de esas autoridades por el mismo período, aclara la norma.