Defensa de Julio Iglesias pide que España archive la denuncia por presuntos delitos sexuales

Julio Iglesias comienza con fuerza su defensa legal ante las acusaciones de dos de sus exempleadas, por presuntos delitos sexuales y trata de personas. A través de su abogado, José Antonio Choclán, el artista español pidió que archiven la denuncia.

Considerado una superestrella de la música en español, Julio Iglesias niega las acusaciones de las dos exempleadas. "Son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad", dijo el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor', 'Con la misma piedra', 'Por el amor de una mujer', entre otros éxitos. 

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La "Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional" para el cantante, de 82 años, indicó el letrado José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.

Dos exempleadas del artista latino que más discos vendió en el mundo presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que fue víctima de penetraciones no consentidas. De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

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El abogado del cantante defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, sólo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España".

Tampoco las denunciantes son españolas "ni residen habitualmente en España", agrega.

"No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", continúa.

Las ONGs Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones.