Bomberos de Guayaquil buscan abogado ante demandas por incendio en el Multicomercio | Afectado reclama USD 20.000 por daño psicológico

El incendio del edificio Multicomercio le pasa factura al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que desde el 26 de mayo de 2026 busca un abogado penalista que lo defienda de las demandas y denuncias de los afectados, quienes alegan una "cadena de omisiones" como causas del flagelo.

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La mañana del 11 de febrero de 2026, las llamas se tomaron este céntrico edificio, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, compuesto por cinco torres de oficinas y departamentos, con una altura de 45 metros y un área de construcción de 26.000 metros cuadrados.

Las gigantescas llamas afectaron la estructura de la edificación de 13 niveles, ocupada por unas 60 familias y unos 70 locales comerciales, aunque también funcionaba como bodega de mercadería y artículos, algunos inflamables.

El Cuerpo de Bomberos señala que, “como consecuencia de este siniestro, se generaron afectaciones materiales de considerable magnitud, evacuaciones de personas, interrupción de actividades comerciales en el sector y una amplia repercusión mediática y social”.

“Esto motivó la intervención de entidades públicas y el inicio de procesos investigativos y judiciales para la determinación de responsabilidades. El Cuerpo de Bomberos ha sido objeto de múltiples requerimientos de la Fiscalía, solicitando información sobre registro de inspecciones técnicas realizadas al inmueble”, menciona la entidad.

La Fiscalía también le ha solicitado la siguiente documentación como parte de los elementos de convicción para procesos judiciales en el caso Multicomercio:

• Permisos de funcionamiento emitidos. 
• Informes técnicos de origen y causa del incendio.
• Informes operativos de la atención de la emergencia
• Documentación administrativa y técnica vinculada al control y regulación del establecimiento.

“Particulares han iniciado acciones legales en contra de la institución, incluyendo demandas civiles, denuncias penales, acciones constitucionales relacionadas con decisiones técnicas adoptadas respecto del inmueble afectado, como su eventual demolición”.

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

'Afectación psicológica'

Entre estas demandas y denuncias constan seis como iniciadas en la Función Judicial. Una de ellas presentada como acción de protección constitucional, otra civil y cuatro se encuentran en la etapa de indagación previa, en total seis procesos judiciales.

En los reclamos -señala la entidad- “se ha pretendido atribuir responsabilidad al Cuerpo de Bomberos bajo alegaciones relacionadas con supuestas omisiones en el control, supervisión y otorgamiento de permisos, así como en la actuación operativa durante el siniestro”.

Uno de los demandantes detalló en el listado de sus reclamos el valor de USD 20.000 como indemnización por concepto de daño moral, pues asegura que ha sufrido “afectación psicológica, pérdida de estabilidad económica y afectación al proyecto de vida”.

José Manuel H. B., de 44 años, se declaró víctima del incendio y relató que era propietario de la oficina 4 del primer piso del edificio Multicomercio. “Dicho inmueble constituía no solo un activo patrimonial, sino un elemento esencial para el desarrollo económico y estabilidad personal. El inmueble fue completamente destruido por el incendio de gran magnitud”, alegó.

En su demanda judicial, José Manuel H. no solo acusa al Cuerpo de Bomberos, sino también al municipio de Guayaquil y a la importadora Mega Asia por “acción negligente de particulares y omisión de control y fiscalización de entidades públicas”.

“Este siniestro no es un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa de actividades comerciales de alto riesgo desarrolladas por la importadora, falta de control municipal respecto a permisos, uso de suelo y condiciones de seguridad, y omisión del Cuerpo de Bomberos en inspecciones preventivas y control técnico”.

José Manuel H. B., perjudicado

El incendio “evidencia una cadena de omisiones institucionales que derivaron en una vulneración estructural de derechos constitucionales”, resume el denunciante y menciona sus derechos afectados: A la propiedad, a una vida digna, a la seguridad jurídica, a la responsabilidad del Estado, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

En su demanda plantea las siguientes medidas e indemnizaciones:

• Que se prohíba la demolición del edificio hasta que las entidades se responsabilicen de lo sucedido.
• Que se haga un peritaje integral del edificio y se determine las causas del incendio.
• Que se suspendan las actividades comerciales de riesgo similares
• Que se revisen los permisos municipales, de control de bomberos
• Que se haga un registro oficial de las víctimas y se activen ayudas
• Que se den garantías de no repetición, como supervisiones continuas y obligatorias.
• Que se fije como valor de reparación integral el valor de su inmueble, fijado en USD 34.500, un lucro cesante de USD 24.000 (USD 1.000 mensuales por 24 meses), por daño moral USD 20.000, por costas judiciales USD 3.000 y por honorarios de abogados USD 5.000. En total: USD 86.500.

Sin abogado penalista

Demandas como la de José Manuel H. B. y de otros perjudicados han rebasado el trabajo del departamento jurídico del Cuerpo de Bomberos, compuesto por cuatro abogados. “La Dirección de Asesoría Legal no cuenta con un abogado especialista en derecho penal y litigación oral, con experiencia en litigios complejos y de alta exposición pública”, admitió la entidad bomberil.

Por ello, el pasado 26 de mayo inició la contratación de servicios especializados de asesoría y patrocinio jurídico “que permitan garantizar una defensa técnica, oportuna y eficaz de los intereses del Cuerpo de Bomberos frente a todas las acciones derivadas del incendio”.

La próxima contratación tiene un presupuesto de USD 50.000 y se prevé la adjudicación el 19 de junio, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Mientras tanto, la entidad bomberil defiende su actuación en el caso Multicomercio.

“La institución cuenta con respaldo documental y técnico que evidencia el cumplimiento de sus competencias dentro del marco legal vigente, incluyendo registros de inspecciones, actuaciones administrativas y procedimientos ejecutados conforme a la normativa aplicable”.

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.