El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta de Perú, pero un fiscal quiere meterlo preso

Un fiscal de Perú solicitó una pena de 5 años y 4 meses de cárcel contra el candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento Juntos por el Perú, que él mismo lidera, a cuentas personales.

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La pena forma parte de la resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, pero cuyo contenido no trascendió hasta este 12 de mayo, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori.

La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta, convocada para el domingo 7 de junio.

En esa audiencia, el juez de turno deberá definir si por los elementos e indicios expuestos por el fiscal debe abrirse un juicio contra el actual candidato presidencial.

Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).

En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.

Roberto Sánchez rechazó la acusación fiscal

El candidato Roberto Sánchez rechazó este martes la acusación fiscal y señaló que la Justicia peruana ya descartó que hubiera incurrido en un delito de fraude. Ratificó su inocencia por los supuestos delitos de documentación y financiación falsa del partido político.

"Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido, y por eso el supuesto fraude como delito grave fue archivado por el Poder Judicial mediante resolución judicial. No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia", señaló el líder de Juntos por el Perú.

"Rechazo haber dado falsa declaración a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades", apuntó el candidato.

Así mismo, recordó que ha asistido a todas las diligencias realizadas por la Fiscalía durante los cinco años que se prolongó la investigación. "Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error", apostilló Sánchez.