Nicaragua prepara el "muro" legal que pidió Daniel Ortega para impedirle a la oposición llegar al poder en elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este martes 21 de julio un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes de manera que le impidan a la oposición llegar algún día al poder, como ordenara el pasado fin de semana el presidente Daniel Ortega.

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El Parlamento, controlado por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Ejecutivo, con el fin de definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según indicó, permitirán "garantizar las bases jurídicas" de las reformas.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución sandinista el pasado domingo 19 de julio, Ortega dijo que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" que le permitan a la oposición acceder al poder y ordenó a los legisladores y a las "organizaciones correspondientes" levantar "un muro, un bloque" legal para impedirlo.

De momento no está claro en qué consistirá la reforma al proceso electoral.

Como en China, Corea del Norte o Cuba

Según el dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, Ortega siempre ha querido convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba, porque a juicio del mandatario las organizaciones políticas "dividen a las sociedades".

Para Chamorro, los sandinistas celebrarán elecciones internas, como lo hacen en China, para designar a sus autoridades. "Es ese el centralismo chino y cubano el único que le ha interesado", zanjó.

La oposición nicaragüense, por su parte, ha pedido a la comunidad internacional "que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad" y ha demandado "que actúen ya respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia".

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con su esposa Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura.

Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral.