La noche del 20 de marzo de 2024, especialmente húmeda y templada en Londres, tres veinteañeros se plantaron en un polígono industrial del este de la ciudad a bordo de un Kia Picanto rojo cereza. Entraron, prendieron fuego a un almacén y grabaron el incendio con un teléfono móvil. El video de las llamas devorando el local acabó en manos de otro joven de 20 años, Dylan Earl, captado a través de la aplicación de mensajería Telegram por la organización paramilitar rusa Wagner, de la órbita del Kremlin, y que a su vez había reclutado a otros para hacer el trabajo sucio. Una de las naves incendiadas contenía ayuda humanitaria y equipos de satélite Starlink destinados a Ucrania. Según la investigación británica, los tres jóvenes que prendieron la mecha no sabían que trabajaban en realidad para Rusia.

El espionaje de Moscú en Europa se ha asociado tradicionalmente a diplomáticos, burócratas, oficiales de inteligencia bajo cobertura y agentes clandestinos. Muchos siguen ahí. Pero desde que Vladímir Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, los gobiernos europeos han expulsado a cientos de oficiales rusos, endurecido las medidas de contrainteligencia y cortado así algunos de los valiosos tentáculos que el Kremlin está tratando a toda costa de reconstruir.

Rusia está adaptando parte de sus operaciones en Europa a esa nueva realidad, según el relato a este diario de varios oficiales de inteligencia especializados en las redes de Moscú y datos de informes académicos. En lugar de enviar por norma a sus propios agentes —fundamentalmente de su inteligencia militar, el GRU— y a las unidades a las que tradicionalmente ha confiado sus trabajos, está externalizando muchas de esas actividades. Desde la recolección de información que encargan a estudiantes en universidades de todo el mundo, a sabotajes, complots o actividades delictivas cibernéticas. Moscú niega las acusaciones.

Un estudio del International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) y el think tank Globsec ha contabilizado 151 casos conocidos de sabotaje, incendios, intentos de atentado y otras operaciones vinculadas a Rusia en Europa. Eso, solo entre febrero de 2022 y febrero de 2026, aunque la propia institución advierte de que la cifra real probablemente sea mayor. Los investigadores han identificado a 172 personas implicadas en esos casos; el 95% no tenía una vinculación formal con los servicios de inteligencia rusos.

Jan Pad’ourek, antiguo subdirector de la inteligencia exterior checa y ahora profesor en la Universidad CEVRO de Praga, explica que Moscú ha reinventado su modus operandi y ahora depende en mayor medida de colaboradores reclutados a ciegas a través de diversas plataformas de redes sociales. Esta externalización sigue un modelo sencillo: por ejemplo, utilizan canales de Telegram para contactar a personas que atraviesan dificultades personales o sociales, o incluso a delincuentes conocidos, ofreciéndoles trabajos bien remunerados. Inicialmente, les asignan una tarea simple —como fotografiar un lugar concreto— y les pagan una suma en criptomonedas una vez completada la tarea y enviada la foto. Posteriormente, aumentan la exigencia de sus demandas, llegando a requerir que cometan actos de sabotaje.

En el verano de 2025, un tribunal checo condenó a un ciudadano colombiano de 26 años a ocho años de cárcel por incendiar tres autobuses públicos de Praga en un depósito de vehículos y por planificar otro fuego. Las autoridades señalan que el hombre, que provocó el incendio, lo grabó y se fue, recibió el encargo por Telegram con una promesa de pago de 3.000 dólares (2.600 euros).

Lituania tiene un caso abierto contra seis personas —una de ellas con ciudadanía española y otro española y colombiana— por intentar incendiar en 2024 instalaciones que almacenan estaciones móviles para el análisis del espectro radioeléctrico que iban a ser enviadas a Ucrania. La Fiscalía del país sostiene que la operación, que no salió bien, fue coordinada desde Rusia por personas vinculadas al GRU.

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La conexión criminal

“Los servicios rusos se centran actualmente más en los bajos fondos, motivando y asignando tareas a individuos de ese ámbito”, incide Pad’ourek, que fue representante oficial del servicio checo de inteligencia exterior en Moscú, Kiev y Washington. “Es un método eficaz, sencillo y económico, que además permite una ejecución rápida. Los servicios rusos no asumen ninguna responsabilidad por estas personas; si son descubiertas, quedan totalmente a su suerte. Muchas de las personas engañadas de este modo ni siquiera son conscientes de que están trabajando para Rusia”, añade.

Además, asegura otro veterano oficial de una agencia europea aún en activo y que habla bajo condición de anonimato, los servicios de espionaje de Rusia —que desde la época soviética ha tenido cierta relación con el crimen organizado— están recurriendo más a menudo a organizaciones criminales o personas con un historial delictivo para sus operaciones híbridas en Europa. “En ocasiones, para casos importantes, con información y logística proporcionada desde Moscú o incluso con algún agente involucrado para verificar”, apunta.

Sostiene el veterano agente aún en activo que ese puede ser el caso de Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó a Ucrania con un helicóptero militar y terminó exiliado en Villajoyosa (Alicante), donde llevaba una vida muy poco discreta de lujo con la recompensa que había recibido de Kiev. Fue asesinado a tiros en un aparcamiento subterráneo en febrero de 2024. La investigación sospecha de la inteligencia rusa, especialmente del GRU, por cómo fue diseñada y ejecutada la operación, pero el caso se ha cerrado provisionalmente a falta de pruebas concluyentes.

En una nota confidencial sobre las amenazas para la Unión Europea que ha podido consultar El País, las instituciones comunitarias advierten de que actores estatales están usando redes criminales como intermediarias para algunas de sus operaciones híbridas en Europa. Europol ha emitido una alerta similar en sus informes.

La cuestión no es que exista una única red criminal europea subordinada al Kremlin. La evidencia apunta más bien a relaciones puntuales y pragmáticas: cuando un servicio necesita a alguien que pueda moverse por un país, obtener información, intimidar a una persona o cometer un acto de sabotaje, puede recurrir a intermediarios que tengan acceso a personas dispuestas a hacerlo.

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En el corazón de esas operaciones externalizadas sigue estando la mayoría de las veces el GRU, según el informe lituano de 2026, que señala que las unidades de la inteligencia militar rusa especializadas en sabotaje y asesinatos siguen planificando y coordinando operaciones cinéticas en Europa y que Moscú está tratando de elevar su peligrosidad. Entre los objetivos de Moscú, avisa, no hay solo infraestructuras y centros logísticos, sino también personas que apoyan a Ucrania y opositores al régimen de Putin que viven en el extranjero.

El Kremlin ha puesto en la diana desde hace años a la disidencia. También en suelo extranjero. Los opositores que viven en el exterior, sobre todo en el este de Europa, reciben avisos habituales de las autoridades europeas de extremar la precaución. Hace dos semanas, Estados Unidos acusó a cinco personas que supuestamente trabajaban para el espionaje ruso para “llevar a cabo ataques y asesinatos en todo el mundo, incluido Estados Unidos”. El Departamento de Estado habla de supuestos complots que involucran vigilancia, reclutamiento y asesinatos selectivos. Esta semana, el opositor y excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov reveló que los servicios de seguridad en Estados Unidos y Lituania le habían advertido que su vida estaba en peligro.

Rusia también persigue a los periodistas. En 2025, Reino Unido condenó a seis ciudadanos búlgaros a entre cinco y diez años de cárcel por espiar para Moscú. Entre otras cosas, la red vigiló entre 2020 y 2023 la base militar estadounidense Patch Barracks, en Stuttgart, donde creían que se entrenaba a militares ucranianos; y a los periodistas de investigación Christo Grozev, búlgaro, y al ruso Roman Dobrokhotov. Las autoridades británicas dicen que la red incluso llegó a debatir sus secuestros y que en algún caso insinuó la posibilidad de un asesinato.

El grupo estaba dirigido por Orlin Roussev, un especialista en informática. Según la Fiscalía británica, Roussev recibía instrucciones de Jan Marsalek, el antiguo ejecutivo de Wirecard al que los investigadores relacionaron con los servicios de inteligencia rusos. Para ellos trabajaba un equipo compuesto, entre otros, por una esteticista, una técnica de laboratorio, un pintor y decorador o un luchador de artes marciales mixtas.

En esa operación, la policía confiscó en sus domicilios 221 teléfonos, 495 tarjetas SIM, 258 discos duros y otros dispositivos de almacenamiento, 55 cámaras, 33 grabadoras de audio, 11 drones, y 75 pasaportes y documentos de identidad. También había equipos de escucha, sistemas de seguimiento y material para ocultar cámaras. Una de ellas apareció escondida dentro de un juguete de los Minions.

La externalización no ha sacado al GRU de las operaciones, pero en algunos casos sí puede haberlo alejado del último eslabón. La inteligencia militar rusa puede decidir el objetivo y coordinar una misión mientras intermediarios, reclutadores y agentes de bajo nivel se encargan de ejecutarla, resume una oficial europea. “Es una arquitectura diseñada para crear distancia. Cuanto más larga es la cadena, menos sabe cada participante sobre quién está realmente detrás de la operación”, añade.

En agosto, las autoridades alemanas encontraron un dron cargado de explosivos en una zona restringida del aeropuerto de Leipzig, cerca de un avión ucranio utilizado para transportar material militar. El artefacto no llegó a detonar, pero la investigación ha revelado que no se trataba de un episodio aislado: había varios drones y tareas previas de reconocimiento. En septiembre, el Gobierno alemán concluyó que Rusia está detrás del intento de ataque. Investigaciones periodísticas de los medios germanos WDR, NDR y Süddeutsche Zeitung hablan de una cadena de intermediarios, pero señalan al GRU como responsable logístico de la operación.

En esa capa de espías, saboteadores o sicarios que forman los nuevos tentáculos de los que se vale el Kremlin en Europa, quien coloca el explosivo puede estar muy lejos de quien decidió el objetivo. Entre ambos pueden interponerse intermediarios, reclutadores y operadores que apenas conocen una parte de la misión. La inteligencia militar rusa puede permanecer al otro lado de esa cadena, proporcionando instrucciones, logística o contactos mientras otros asumen el riesgo sobre el terreno. El espía clásico no ha desaparecido. Simplemente, en algunas operaciones, ya no necesita estar allí cuando toca encender la mecha.

Contenido publicado el 3 de octubre de 2026 en El País ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.