Estados Unidos quiere cobrarles multas a migrantes deportados en sus países de residencia
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reporta USD 423 millones en multas migratorias sin pagar y quiere contratar una empresa para que ubique a los deportados en sus países y les cobre lo adeudado.
Fotografía de archivo que muestra a un grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos arribar a una base militar en Ciudad de Guatemala, Guatemala, en enero de 2025.
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Johan Ordonez / AFP
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El Gobierno del presidente Donald Trump quiere contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos y les cobre multas migratorias que puedan tener pendientes de pago.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.
"El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá ser pagado por el propio inmigrante o por un tercero.
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta.
Para ello, podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
Millones en multas sin pagar
CBP calcula que unos 66.387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente Estados Unidos tienen multas civiles pendientes de pago.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaba en julio pasado que existen unos USD 423 millones en multas migratorias sin pagar.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas por incumplimiento de órdenes de expulsión.
La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en USD 500 por la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996 y actualmente asciende a USD 998 diarios tras los ajustes por inflación.
El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.
CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Cuando una persona se encuentra fuera de Estados Unidos estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según CBP.
La nueva convocatoria busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.
Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.
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