Deuda y petróleo financian gasto en salud, educación y justicia hasta 2023

La caída de la recaudación tributaria (ingresos permanentes) por efecto de la pandemia de Covid-19 obligó al Gobierno Central a realizar un ajuste a los presupuestos de 2021, 2022 y 2023.

Para eso expidió el Decreto Ejecutivo 170, que dispone que, de manera excepcional, los gastos en salud, educación y justicia (gastos permanentes) puedan ser financiados con ingresos no permanentes.

Un informe del Ministerio de Finanzas, al que accedió PRIMICIAS, revela que el decreto busca corregir los "graves efectos" de la pandemia de coronavirus sobre la actividad económica del país.

En medio de la pandemia, los ingresos programados en el Presupuesto General del Estado se vieron reducidos, producto de las medidas de aislamiento, de restricción de la movilidad y los cierres de fronteras.

"La economía presentó poco dinamismo y, en consecuencia, la recaudación de los principales tributos (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto a la Renta) disminuyó", afirma el Ministerio de Finanzas.

En 2020, los ingresos permanentes alcanzaron los USD 18.022 millones, mientras que los gastos permanentes subieron a USD 19.097, ocasionando un déficit de USD 1.075 millones.

Para 2021 los ingresos también fueron "fuertemente afectados" especialmente en el primer semestre, según lo dice el Ministerio de Finanzas con cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Según el SRI, el Gobierno recaudó en impuestos USD 7.360 millones entre enero y julio de 2021:

De acuerdo con Finanzas, la reducción de ingresos permanentes golpea directamente a la capacidad de responder a las obligaciones catalogadas como gastos permanentes, y por eso se vio en la necesidad de cubrir el déficit con deuda, ingresos petroleros y venta de activos, o sea, con ingresos no permanentes.

Los pocos recursos que ingresan a la Caja Fiscal han sido destinados, sobre todo, a cubrir el costo del proceso de vacunación y a las transferencias sociales (bonos y ayudas sociales).

El Ministerio de Finanzas informó que para la adquisición de vacunas y medicamentos para combatir el coronavirus hubo una asignación de USD 485,46 millones en la Proforma 2021.

De ese total, USD 140 millones ya están siendo ejecutados en el Presupuesto del Ministerio de Salud Pública.

Se demora la normalidad

El decreto tiene como base el artículo 286 de la Constitución, que señala que los egresos permanentes de los sectores de salud, educación y justicia deben ser financiados con ingresos permanentes y que, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

Según la programación el Gobierno la situación se regularizará en 2024, cuando los gastos permanentes como los salarios y la provisión de servicios de educación, salud y justicia volverán a cubrirse con ingresos permanentes.

El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, dijo que llama la atención que la disposición termine tan tarde (2023).

"Eso significa que toma su tiempo ir recuperando los ingresos e ir desmontando el nivel de gastos porque la pandemia seguirá demandando de un mayor gasto", dice Ortiz.

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