Esto no es político
Los asuntos privados del Presidente
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
Actualizada:
La semana pasada, Gabriela Goldbaum, exesposa del Presidente Daniel Noboa, revivió un viejo escándalo relacionado con una denuncia por violencia psicológica hecha en 2020 por Goldbaum en contra de Noboa. Además, se hizo público que Noboa entabló 49 procesos legales contra ella y su familia.
El viernes, Goldbaum pidió públicamente a Noboa que Luisa, la hija de cinco años que tienen en común, regrese al hogar materno tras conocerse que el Presidente saldría del país y, por lo tanto, no podría cuidar a la niña en los días que le correspondía.
Aunque la niña regresó con Goldbaum al día siguiente, no ha cesado una discusión sobre la pertinencia de ventilar públicamente los asuntos privados del Presidente.
¿Debemos convertir en un debate público aquello que aparentemente nada tiene que ver con las actuaciones de Daniel Noboa en su calidad de Presidente de la República?
Sí. Cuando se trata del Presidente de la República –o de otros funcionarios públicos– los asuntos privados no son tan privados.
La razón es simple: un Presidente de la República concentra mucho poder en sus manos, aún más en un estado hiperpresidencialista como el nuestro, y es probable que sus actuaciones en lo privado tengan incidencia en lo público.
Las preocupaciones de Goldbaum así lo demuestran.
En un país con las instituciones absolutamente debilitadas, la figura e imagen del Presidente pueden ser intimidantes.
Es probable, además, que los intereses presidenciales puedan ser considerados superiores a los de cualquier otro ciudadano. Aunque, en teoría, todos los ciudadanos tenemos las mismas garantías, derechos y obligaciones, en la práctica, sabemos que un ciudadano con poder tiene ventajas.
El caso de Olón es un ejemplo: los intereses empresariales de Lavinia Valbonesi de Noboa se chocaron con los intereses de la comunidad. Y no solamente eso, se levantaron preocupaciones sobre la ágil entrega de la autorización ambiental para la empresa Vinazin de Valbonesi que pretendía construir un complejo de lujo en la zona.
El ministerio de Ambiente entregó la autorización apenas dos semanas después de que Noboa llegara a Carondelet.
¿Cualquier ciudadano podría beneficiarse de esa eficiencia en los trámites estatales? Resulta, por lo menos, difícil de creer.
A esto se suman otros hechos sospechosos: Gilberto Pino, quien firmó en representación de Vinazín e intentó, sin éxito, intervenir en favor de esa empresa en Olón, fue, posteriormente nombrado como representante de Noboa en la Agencia Nacional de Tránsito.
Teleamazonas denunció además varios vínculos preocupantes. Uno de ellos, con Álvaro Román, quien renunció a ser abogado de Noboa apenas horas antes de su posesión como titular del Consejo de la Judicatura. Hoy, Román preside el organismo que debe decidir sobre sanciones a jueces y fiscales denunciados por irregularidades por la propia Goldbaum.
Hay otros abogados que emprendieron causas en contra de Goldbaum y hoy también son parte del gobierno o tienen estrechas relaciones con él. Mónica Palencia, hoy Ministra del Interior, y Luis Fernando Torres y Felipe Torres Cobo, padre y hermano, respectivamente, del Viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres.
Quienes antes emprendieron causas —que siguen abiertas– en contra de Goldbaum, hoy son altos funcionarios del Estado o tienen cercanía con ellos. Es entonces legítimo que tengamos dudas sobre cómo el ejercicio del poder público puede también ser eventualmente utilizado para beneficio de asuntos privados.
Aún más cuando el aparataje del Estado también es utilizado para dar respuestas sobre un asunto que, en teoría, es privado. Eso se evidencia cuando la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República responde al reportaje de Teleamazonas, para “aclarar” los temas que, su titular, dice, son privados del Presidente.
Si son privados, la respuesta no debería venir de Irene Vélez, una funcionaria pública, pagada con fondos públicos, avalada en una institución pública; debería venir de los abogados privados de Daniel Noboa.
El Presidente no se desdobla; no es uno en lo público y otro, en lo privado. Es un solo personaje que está sujeto al escrutinio precisamente por la función que ostenta.
El Presidente maneja fondos públicos, tiene información privilegiada, accede a contactos del más alto nivel —no solamente dentro del país sino también a nivel internacional—, tiene acceso permanente a los medios de comunicación privados e independientes, y a un equipo gubernamental que crea su propia línea comunicacional.
Eso lo convierte en un personaje con mucho poder. Un poder que debe ser utilizado única y exclusivamente para gestionar y responder a las necesidades de los ciudadanos que lo eligieron.
Cuando hay riesgo de que eso no ocurra, se deben prender las alertas; si no le recordamos al poder que tiene límites, los peligros no solamente recaen sobre una persona o una familia, sino sobre la sociedad entera.