El régimen de Ortega acusa a la orden religiosa de los jesuitas de "incumplimientos de leyes". Confiscación de bienes empezó semanas atrás.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega revocó la personería jurídica de la Compañía de Jesús (Jesuitas) y dispuso la transferencia de todos sus activos al Estado este 23 de agosto de 2023.
Este acto se produce en medio de una creciente ola de hostigamiento en contra de la orden religiosa, informó la agencia de noticias de El Vaticano.
Con un acuerdo ministerial, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, aprobó "la cancelación de personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, por incumplimientos a las leyes".
Respecto "al destino de los bienes muebles e inmuebles", el documento indica que la Procuraduría General realizará el "traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua".
El régimen de Ortega señala que la Compañía de Jesús, inscrita en los registros públicos desde julio de 1995, supuestamente no había reportado "sus estados financieros (de los) periodos fiscales 2020, 2021 y 2022".
Condena rotunda de universitarios
A través de un comunicado, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) condenó "rotundamente" la disposición de “la dictadura sandinista de Daniel Ortega”.
"Esta acción no es más que otro capítulo en la persecución implacable del sandinismo contra la Iglesia Católica y la fe que nutre a nuestra nación", señaló.
A pesar de la confirmación oficial en La Gaceta este miércoles, el gobierno ya había comenzado a confiscar los bienes de los religiosos desde antes, dice ACI Prensa, web de noticias de El Vaticano
El pasado 19 de agosto, de manera injustificada, se apropió de la residencia de los Jesuitas en Villa Carmen, que se encuentra junto a la Universidad Centro Americana (UCA), institución que también fue objeto de confiscación cuatro días antes, refiere.
"Acusaciones totalmente falsas"
Desde Roma, el superior general de la Curia de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, tachó de "totalmente falsas, y sin fundamento alguno, todas las acusaciones que se le hacen a la UCA".
"Se ha negado, además, el derecho a la legítima defensa. Un juicio justo -con una justicia imparcial- sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles de 2018", señala.
Asimismo, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL), de la que forma parte la PUCE de Ecuador, dijo que "este acto violento y arbitrario por parte del gobierno de Ortega se da en un contexto de persecución contra 26 centros de educación superior cuyos bienes fueron anteriormente confiscados".
El gremio exigió que "sean revertidas y corregidas inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense en contra de las instituciones educativas universitarias católicas".
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, pidió al gobierno de Nicaragua que "cese la represión" y que "acepte la búsqueda de una solución racional", al tiempo que demandó que "respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos".
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