Maduro acusa de 'golpista y terrorista' a oficina de la ONU en Venezuela

Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de "bufete particular" de "golpistas y terroristas".

El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.

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El anuncio sigue a la "profunda preocupación" que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de "terrorismo".

"Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", dijo el canciller Gil.

La suspensión se mantendrá "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas", añadió el canciller.

Organizaciones rechazan decisión de Maduro 

Organizaciones no gubernamentales rechazaron la medida anunciada este jueves por el Gobierno de Venezuela.

Consideran que la decisión deja en estado de "total vulnerabilidad e indefensión" a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.

Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas "aumenta la desprotección de las víctimas" de violaciones de derechos humanos.

La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. solicitó al Gobierno en 2019 "garantías de respeto al derecho a la vida" ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la policía nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.

Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.