Colombia: Fiscal que acusa al hijo de Petro por corrupción ahora enfrenta cargos

*Por Jules Ownby

El caso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, nunca deja de sorprender. La Comisión de Disciplina Judicial ha formulado un pliego de cargos al fiscal a cargo del proceso, Mario Burgos, por violar la intimidad del investigado.

La comisión, una entidad independiente que es parte de la Rama Judicial, formuló tres cargos contra Burgos. Lo imputa por haber filtrado videos del interrogatorio del primogénito presidencial en los que dice que su padre tenía “pleno conocimiento” de los delitos que él había cometido.

Las imágenes aparecieron publicadas en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de este año.

El magistrado Alfonso Cajiao Cabrera también señala a Burgos de haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás para que declarara en contra de su familia, ofreciéndole beneficios por hacerlo, y de señalar a personas ajenas al proceso de posibles delitos. Mientras la Comisión no tome una decisión, el fiscal podrá continuar en el proceso contra Petro hijo, imputado en agosto pasado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás ha celebrado este 7 de junio el acontecimiento. “Después de tantas arbitrariedades que se han cometido en mi proceso judicial, no pensé que se hiciera justicia”, declaró en X. La formulación de cargos la hizo el presidente de la Comisión, el magistrado Cajiao, tras nueve meses de indagaciones previas.

Se inició el pasado 12 de octubre una investigación sobre las actuaciones de Burgos. Luego, el equipo de defensa de Nicolás pidió en febrero que el fiscal fuera suspendido, petición que fue denegada por el magistrado.

Finalmente, el pasado 6 de mayo, el alto tribunal recaudó los testimonios que llevaron a que se produjera el llamado a juicio. En un comunicado de prensa publicado este viernes, Cajiao asegura que “es claro que las denuncias respecto al caso que involucra al ciudadano Nicolás Petro son de la mayor gravedad”.

Ahora el caso pasará a manos del magistrado Juan Carlos Granados, un político que fue gobernador de Boyacá por el partido de centroderecha Cambio Radical, y contralor de Bogotá.

En ese último cargo, entre 2016 y 2017, emitió tres sanciones contra el hoy presidente Petro, en los que lo señaló de ser responsable de la pérdida de millonarios recursos públicos.

La primera, por 22.170 millones de pesos, se debía a la multa que debió pagar Bogotá por las falencias en un cambio de su esquema de recolección de basuras. Tras más de seis años de debate y litigio, el pasado 27 de mayo, el tribunal administrativo de Cundinamarca anuló esa sanción.

La segunda, por 217.000 millones de pesos por haber reducido las tarifas del sistema de transporte masivo Transmilenio, terminó con la propia Contraloría negando la responsabilidad del entonces alcalde, en 2021. La tercera, por haber liderado en 2014 la recompra de acciones de la empresa Transportadora de Gas Internacional por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, a un precio que la Contraloría de Granados señaló como excesivo. De nuevo, en 2021 la misma Contraloría cerró el caso.

Petro siempre ha señalado a Granados de haber actuado en su contra por motivaciones políticas. Sus destinos se cruzan de nuevo.

*Artículo publicado el 7 de junio de 2024 en El País, de PRISA MEDIA. Lea el contenido completo aquí. PRIMICIAS reproduce este contenido con autorización de PRISA MEDIA.