El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron que las próximas elecciones presidenciales tengan observadores internacionales, pero sin dejar espacio para que inhabilitados políticos puedan postularse.
El Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acordaron este 17 de octubre que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren en el segundo semestre del año, en una fecha todavía sin definir, con la observación de misiones técnicas de la Unión Europa (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales.
Las partes firmaron en Barbados, dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega, un acuerdo sobre la "promoción de derechos políticos para todos", que incluye la solicitud de misiones de veeduría, ajustadas a la Constitución y las leyes locales.
El documento pide una actualización del registro electoral, incluido en el extranjero, una petición de la oposición, y que se inviten a "misiones técnicas de observación electoral".
Con la firma del pacto, el oficialismo y la oposición se comprometen a solicitar que sean invitadas las "misiones técnicas de observación electoral acordadas", entre las que se encuentran, además de la UE y la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
El último proceso electoral que se celebró en el país, en noviembre de 2021, cuando se llevaron a cabo los comicios regionales, contó con varias misiones de observación, entre las que se encontraba la de la UE. Su informe inicial, que no fue del agrado del chavismo, generó una crisis que llevó a diversas autoridades a asegurar que no volvería al país caribeño ninguna misión del bloque comunitario.
El oficialismo aseguró, en aquel momento, que uno de los observadores de la misión que visitó Venezuela violó un acuerdo que les prohibía "inmiscuirse en los asuntos políticos internos" de la nación caribeña, algo que la misión negó.
El más insistente entonces fue el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, que es, a su vez, el jefe de la delegación oficialista para el diálogo con la oposición y hoy firmante del documento mediante el que se acuerda que se solicitará al Gobierno que invite a la UE a enviar una misión para el proceso de 2024.
El proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora Plataforma Unitaria comenzó en agosto de 2021 y desde entonces fue interrumpido en dos oportunidades, la última en noviembre de 2022, luego de que la delegación de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.
Los inhabilitados
Un punto que quedó sin resolver fue el relacionado con las inhabilitaciones políticas, bandera para la oposición que las tacha de inconstitucionales.
El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos "siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".
De esta forma, María Corina Machado, la favorita a ganar las primarias de la oposición, este domingo 22 de octubre, no podría formalizar su candidatura contra Maduro pues sobre ella pesa una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.
Las sanciones
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró tras la firma de los acuerdos, que estos ayudarán a levantar las sanciones económicas internacionales impuestas al país en los últimos años.
"Con la firma de estos acuerdos, estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia, en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional", expresó el mandatario en X.
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