El país está por cerrar el primer trimestre del año. El Gobierno enfrenta una crisis económica que se junta a la emergencia sanitaria por el coronavirus. El escenario estará marcado por la necesidad recuperación económica en pleno año electoral.
El inicio de año deja a la economía ecuatoriana en suspenso por el momento: frente a una pandemia global que no tiene un final definido y en medio de un escenario político de incertidumbre, por la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas, que tendrán lugar en apenas 11 meses.
El mensaje de la mayor parte de los movimientos y partidos en la Asamblea es de crear una unión nacional para superar la epidemia, pero hay sectores que apuestan por la oportunidad para aprovechar las dificultades del país y sacar provecho.
La emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus coincidió con un momento complicado para Ecuador. El Gobierno y la sociedad se estaban recuperando del paro nacional de octubre de 2019, cuando llegó el coronavirus a crear un nuevo paréntesis político y económico.
Esto en momentos en que el Gobierno no logra pasar las reformas estructurales a las que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tampoco logra articular una reforma laboral, que es un clamor de los gremios de la producción. Y, para complicar el panorama, el ministro de Trabajo y cabeza de la propuesta de la reforma laboral, Andrés Madero, ha presentado su dimisión tras contraer coronavirus.
Falta de dinero, necesidad de él
Mientras tanto las funciones del Estado piden más recursos, pero las medidas que se desprenden de la falta de dinero y del Plan de Austeridad golpean a la burocracia.
Ecuador está en un momento especialmente complicado. Con el riesgo país muy elevado, lo que le impide emitir deuda en el exterior, y el precio del petróleo por debajo de los USD 30 por barril, lo que reduce sus ingresos, al país se le viene un año electoral con un escenario económico desafiante.
Antes de que apareciera el primer caso de coronavirus, Ecuador ya atravesaba un inicio de año duro. Tras el paro de 2019, el Gobierno no había logrado aún concretar su propuesta de focalizar los subsidios al diésel y a las gasolinas Extra y Ecopaís.
Tampoco había podido avanzar en las reformas al Código de Planificación de las Finanzas Públicas y al Código Monetario y Financiero, que son compromisos con el FMI. Y ni hablar de la reforma Laboral.
Cuando el Ejecutivo se estaba organizando para enviar al menos las dos primeras reformas a la Asamblea, antes del final del primer trimestre del año, apareció el coronavirus.
Lo que la pandemia se llevó
La pandemia no solo fue un tornado político, también golpeó a la economía, al punto que el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha calculado su impacto en dos puntos del PIB, o unos USD 2.320 millones.
Antes de la llegada del coronavirus a Ecuador, el mundo ya vivía un shock de demanda de petróleo por el impacto del virus en China, el mayor consumidor mundial de petróleo.
Es en medio de este escenario que el Gobierno lanzó un paquete de medidas económicas con las que buscaba conseguir ingresos por USD 2.252 millones. Las medidas incluyen aportes “voluntarios” de los funcionarios públicos e impuestos para los dueños de autos valorados en más de USD 20.000, entre otras disposiciones.
Pero estas medidas quedaron congeladas cuando el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus. Y la crisis cambió de cara.
Quién paga la cuenta
El primer caso de coronavirus en Ecuador se confirmó el 29 de febrero de 2020. Los contagios aumentaron rápidamente, y ya sumaban más de 700 hasta el 22 de marzo, mientras que el número de fallecidos alcanzaba las 14 personas.
Para enfrentar la epidemia se necesitan recursos. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que Ecuador cuenta con USD 80 millones, en dinero que será desembolsado por los organismos multilaterales de crédito.
Estos recursos deberán destinarse para el equipamiento de los hospitales de la red pública de salud y para mejorar la infraestructura de salud del país, que en algunas regiones es muy frágil, como lo ha reconocido el propio Gobierno.
A estos gastos hay que sumar la compra de insumos médicos básicos, como mascarillas y batas, que el personal de salud debe desechar después de atender a cada paciente.
Según la exministra de Salud, Catalina Andramuño, quien renunció en medio de una polémica, este material alcanza para dos meses.
El Gobierno también necesita dinero para atender albergues para personas en situación de calle, comida para adultos mayores que no pueden salir de sus casas, y para solucionar la situación de los trabajadores que viven del día a día.
Además, la Asamblea analiza medidas de protección para la población, como subsidios a los arriendos y que no se bajen los salarios, pero nadie dice cómo se pagará la cuenta.
Por el momento, las medidas económicas anunciadas el 11 de marzo quedaron en la congeladora por lo menos 15 días. Y la recaudación de impuestos, prevista para marzo y abril, se diferirá por la emergencia sanitaria.
El después de la crisis
La fecha de terminación de la restricción de circulación de personas no está definida y depende de cómo evolucione la epidemia. De momento, las restricciones siguen vigentes hasta el 31 de marzo.
Una vez superada la crisis sanitaria, el Gobierno deberá revisar las medidas económicas anunciadas, pues no se emitieron los decretos ejecutivos ni se enviaron las reformas legales al Legislativo.
Las autoridades tienen también el reto de impulsar la recuperación de las empresas que han dejado de funcionar en estos días de encierro. Y de paliar la situación de los trabajadores independientes que han dejado de recibir ingresos.
Las medidas adoptadas después de la emergencia serán cruciales para el futuro del Gobierno y del país en un año de comicios, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) que también exige recursos para garantizar unas elecciones transparentes.
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