Casos de corrupción coparán gran parte de la agenda judicial de 2022

Los seis procesos penales derivados de las fraudulentas inversiones del Isspol avanzarán en 2022, después de superar sus primeras etapas el año anterior. El principal proceso se sigue en contra de nueve personas: Jorge "El Mago" Chérrez, el asesor financiero señalado como principal en la estafa, y exfuncionarios del Decevale y del Isspol, entre ellos dos exdirectores generales. Este proceso se lleva por el presunto delito de peculado. La audiencia preparatoria de juicio estaba convocada para el 16 y 17 de diciembre de 2021, pero fue diferida y aún no hay una fecha para su instalación. Mientras que el segundo proceso se sigue en contra de 12 personas, entre las que están incluidas Chérrez y exfuncionarios del Decevale, por el presunto delito de falsedad de información. La audiencia preparatoria de juicio está fijada para el 10 de enero. Un tercer proceso se inició en contra de cuatro personas relacionadas con la operación swap, con la que el Isspol puso en riesgo USD 327 millones en inversiones. También son acusados del delito de falsedad de información. En este caso, la audiencia preparatoria de juicio ya se instaló, pero fue suspendida. Su reinstalación será el 18 de enero. También hay tres procesos que aún están en instrucción fiscal, cuyo plazo concluirá este diciembre de 2021, por lo que las audiencias preparatorias de juicio deberían fijarse para los primeros meses de 2022. Estos casos son los de Ecuagran, Delcorp y la auditoria externa SMS. En investigación previa hay además otros 20 procesos por la estafa al Isspol.

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, pusieron en aprietos al Ejecutivo y a la cúpula policial. El diplomático afirmó que en Ecuador existen 'narco generales' y que el narcotráfico no solo ha infiltrado las fuerzas del orden sino también el sistema judicial. Frente a la polémica que desató el anuncio del retiro de visas a los presuntos involucrados, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tannya Varela, pidieron a las autoridades de control que auditen los patrimonios de la cúpula. Es así que, hasta finales de marzo de 2022, la Contraloría tendrá listas las auditorías de 25 generales en servicio activo y sus cónyuges, parejas e hijos menores de edad.

La Fiscalía General busca demostrar una red de corrupción que operó en la Secretaría de la Presidencia, en la Contraloría y en Petroecuador.  Fue uno de los casos más sonados de 2021, pero no terminó y se definirá en 2022. Durante el año que se cierra, este proceso se completó en las etapas preprocesal o investigación previa. Y en la última etapa, la preparatoria de juicio, está pendiente la resolución, pues el 16 de diciembre de 2021 la audiencia se suspendió. La Fiscalía solicitó que se llame a juicio a 13 personas, la Procuraduría a 12 y Petroecuador a 11. Está pendiente que el juez Felipe Córdova convoque a la reinstalación de la diligencia, en la que se conocerá quienes serán juzgados por delincuencia organizada. Entre los procesados están el excontralor, Pablo Celi, su hermano Esteban; Pablo Flores, exgerente de Petroecuador y Adolfo Agusto, hermano del exsecretario de la Presidencia, José Agusto. Este último también fue parte de la causa, pero en mayo de 2021 murió en la Cárcel 4, en un supuesto suicidio.

Apenas iniciado 2021, la Corte Nacional de Justicia dio a conocer la sentencia del denominado caso Singue. Siete personas fueron condenadas por un supuesto peculado. En la lista resaltan el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor. Pero el caso no quedó ahí, pues para que la sentencia se ejecute restan dos instancias: apelación y casación. Y ninguna se pudo concretar el año pasado, por lo que deberán sustanciarse en 2022. El 2 de diciembre de 2021, en la Corte Nacional, estaba previsto que se instale la audiencia de apelación. Un quebranto de salud de una abogada del exvicepresidente Jorge Glas y la inasistencia de sus otros dos representantes provocaron que la diligencia no se pueda instalar. Ahora, está pendiente que el juez Luis Rivera agende nuevamente la audiencia. El magistrado advirtió que en caso de una nueva ausencia de los defensores de Glas, el exfuncionario será representado por defensores públicos. Más allá del caso, la audiencia tiene importancia por el futuro judicial de Glas. El exvicepresidente está insistiendo en que sus dos primeras sentencias, por los casos Odebrecht y Sobornos, se unifiquen. Si logra esto antes de que una eventual sentencia por el caso Singue quede en firme, podría salir con prelibertad en julio de 2022.

La Fiscalía General confirmó en diciembre de 2021 la existencia de una investigación previa por el uso del sistema de compensación Sucre, que data desde 2016. El tema tomó relevancia después de la publicación de un informe de la Comisión de Fiscalización, que habla de un supuesto abuso de la reserva internacional del país a través del Sucre. Esta investigación se lleva por el presunto delito de defraudación tributaria, y derivó de un informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría tras un examen especial. Aunque no hay fecha para una posible formulación de cargos, se espera que esta se concrete en los primeros meses de 2022. Sobre el uso del Sucre también está pendiente un proceso penal por lavado de activos que data de 2013. Este se sigue en contra de Pietro Zunino, principal accionista del cerrado Banco Territorial, y 31 personas más. El caso se basa en empresas que presuntamente hacían exportaciones irregulares a Venezuela con pagos a través del sistema Sucre. Todas estas empresas tienen transacciones desde o hacia el Banco Territorial. La audiencia preparatoria de juicio en este caso está fijada para los primeros días de enero de 2022.