CEPS, la llama que se apagó

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) fue una fundación que trabajó desde España con los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, dirigentes de Podemos, aparecían como sus directores. Este Centro recibió dinero de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, según reveló El País.

El CEPS desapareció sin bulla una vez que Podemos se estableció como partido en España, y que sus dirigentes hicieran el salto oficial de la fundación hacia la política. Ya fuera del radar, se creó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), una empresa que funciona en Quito y que se dedica a las mismas consultorías que su predecesor hacía.

El CEPS firmó convenios con Ecuador entre 2009 y 2012 por 724 mil euros (unos USD 818 mil, al cambio actual). Entre 2013 y 2014, recibió del país 685 mil euros (unos USD 775 mil, al cambio actual), por líneas de cooperación con Senplades y la Cancillería ecuatoriana.

La Fundación CEPS firmó un convenio para su funcionamiento en Ecuador en 2012, con la entonces Secretaría Técnica de Cooperación Institucional. El representante de la organización que firmó es el español José María Guijarro, mejor conocido como ‘Txema’, exasesor de Ricardo Patiño en la Cancillería y después subsecretario para África, Asia y Oceanía de ese ministerio.

Desde ese cargo, Guijarro fue quien gestionó el asilo político para el hacker australiano Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, de acuerdo con una publicación del diario español ABC.

Guijarro es desde 2016 diputado de Podemos por Alicante. En marzo pasado, envió una pregunta al Gobierno español sobre el apartamento supuestamente adquirido por una offshore relacionada con el presidente Lenín Moreno.

Tras su salida del CEPS, Antonio Cabo de la Vega se quedó al frente de la institución. De nacionalidad española, también fue parte del programa Prometeo, entre marzo del 2014 y diciembre del 2016, trabajó como investigador de la Corte Constitucional en el área de “administración de empresas y derecho”. Por ese período, recibió un pago de USD 109.496,72.

Durante el tiempo que Cabo de la Vega se desempeñaba como Prometeo en la Corte Constitucional, esa institución firmó un contrato de USD 40.000 con el CEPS, representado por el mismo Cabo de la Vega.