Las 10 claves del declive político del presidente Guillermo Lasso

Incluso antes de llegar al poder, Lasso ya dio la espalda a su primer aliado: el Partido Social Cristiano (PSC). Pese a que la lista 6 lo ayudó a llegar al poder, el oficialismo no tardó en dejarlo de lado en las negociaciones legislativas. Además, a lo largo de estos dos años, Jaime Nebot y Guillermo Lasso se han atacado constantemente con mensajes, directos e indirectos, agudizando la distancia entre ambas tiendas políticas. En medio del proceso de juicio político, la bancada socialcristiana ha perdido tres legisladores y acusa al Gobierno de comprar sus votos.

Pese a la fuerza que han tenido los dos últimos paros nacionales, encabezados por la Conaie, el presidente Lasso ha insistido en convertir en su enemigo público a Leonidas Iza, presidente de la agrupación. Ninguna de las acusaciones contra el líder indígena han sido comprobadas, ni siquiera cuando lo detuvieron, en medio de cuestionamientos, en junio de 2022. Esto ha marcado a la vez la relación con la Feine y la Fenocin. Así como con la bancada de Pachakutik en el Legislativo. Pese a un acuerdo inicial, que puso a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea durante un año, el Mandatario ha logrado exacerbar la relación con la lista 18 y sus organizaciones de base. Las reacciones y acciones de Lasso han causado que la Conaie exija y amenace con justicia indígena a los legisladores de Pachakutik para que voten a favor de su censura y destitución.

El Ejecutivo no ha sido capaz de conciliar las relaciones con los distintos sectores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, Guillermo Lasso se ha encargado de tensar los vínculos con sus aliados naturales, como el sector empresarial y los grupos conservadores. A esa lista se suman los roces con sectores como las centrales sindicales, los bananeros, los arroceros, el movimiento de mujeres, los estudiantes, los transportistas, los ambientalistas y los defensores de derechos humanos.

Algo que ha causado malestar constante durante esta administración es la problemática emisión de documentos ciudadanos, como las cédulas, pasaportes, licencias de conducción y matrículas. Pero, el mayor problema que enfrenta el Ejecutivo y no ha logrado solucionar del todo es la falta de especialistas de la salud, medicamentos e insumos. Las quejas de los usuarios no paran y las denuncias, especialmente en los hospitales del IESS, son una de las mayores demandas de la población en general.

Desde su llegada al poder, en mayo de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció un cambio en las políticas de comunicación del Ejecutivo. La intención era distanciarse del 'estado de propaganda' del correísmo y el abuso de la publicidad y cadenas estatales. Sin embargo, el giro fue de 180 grados. El mismo Mandatario lo aceptó y el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que ese era un problema grave por corregir, porque nada de lo positivo del Gobierno se conoce. Sin embargo, tres funcionarios han pasado ya por la Secretaría de Comunicación, sin éxito. Los dos últimos, Leonardo Laso y Andrés Seminario, coincidieron en que el Mandatario y su equipo cercano los dejan fuera de las decisiones y no les permiten hacer su trabajo.

Aunque el Ejecutivo insista en todas sus entrevistas en que sí hay inversión social y enumere listas de cifras, es lo que menos percibe la ciudadanía. Y el buen manejo de la macroeconomía no se ha reflejado en la economía familiar y popular. La inversión en salud, educación, inclusión social, gestión de riesgos y vialidad son las demandas más latentes entre la población. Por ejemplo, del plan estrella del Gobierno, sobre la lucha contra la desnutrición crónica infantil, poco se sabe. Por eso, el correísmo ha aprovechado esa brecha para enfocarse en esa atención desde los gobiernos locales, generar cercanía con la ciudadanía y conseguir así un fortalecimiento político y electoral.  

Del movimiento Creo queda poco y la estructura como organización política tiene cada vez menos representación. En las últimas elecciones seccionales, apenas consiguieron seis alcaldías por sí solos y otras tres en alianzas. Por lo tanto, no hay una base social y política que pueda sostener o apoyar al Ejecutivo en los momentos de crisis. Además, la falta de cuadros en todo el país se refleja en la necesidad del Ejecutivo de buscar funcionarios en otras tiendas políticas o de distintas trayectorias partidistas para intentar alcanzar algún tipo de respaldo local o sectorial.

De la misma falta de cuadros políticos se desprende la compleja situación del gabinete ministerial. El presidente Lasso ha tenido problemas para encontrar ministros en algunas ocasiones, por ejemplo, para Agricultura, Salud, Energía y todas las carteras de seguridad. Además, la limitada cantera que tiene el Ejecutivo, el tanque de pensamiento Ecuador Libre, se vio afectada por los problemas de gestión y denuncias de corrupción en su círculo cercano. Por lo que sus hombres de confianza tuvieron que abandonar los cargos en Carondelet.

Entre la crisis carcelaria y el incremento de la violencia en las calles, el presidente Guillermo Lasso ha enfrentado la mayor crisis de inseguridad del país en tiempos recientes. La tasa de muertes violentas ha llegado a ser una de las más altas de la región, los recursos y su ejecución en seguridad han tenido problemas y los estados de excepción se han tornado insuficientes para frenar al crimen organizado. Ahora el debate público gira en torno a la existencia del terrorismo en Ecuador, el porte y tenencia de armas y el uso de la fuerza letal por parte de los policías y militares.

Pese a los innumerables problemas de gestión que ha tenido el Ejecutivo, las denuncias de supuesta corrupción en las empresas públicas y entre el círculo cercano del presidente Lasso fueron la excusa que escogieron los legisladores de oposición para intentar destituirlo, por segunda ocasión. Las denuncias contra su cuñado, Danilo Carrera, y su representante ante el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque, fueron el inicio del proceso de juicio político en el Legislativo. Sin embargo, pese a las denuncias incluso ante la Fiscalía, no ha habido pruebas suficientes para acusar al presidente Guillermo Lasso de conocer y beneficiarse de los posibles actos de corrupción señalados. Al punto en que los nombres de Carrera y Luque ya ni siquiera se mencionan. Incluso, el informe de la Comisión de Fiscalización, sobre el juicio, recomienda que no se lleve a cabo la medida. De todas formas, los legisladores proponentes consideran que sí existen las pruebas y que se debería dar paso a la censura y destitución.