La Contraloría General confirmó la responsabilidad civil de distintos funcionarios de la Prefectura de Imbabura entre 2012 y 2018, por la contratación del asfaltado para la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum.
La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil por USD 3'342.307 por los procesos de contratación vial, efectuados entre julio de 2012 y diciembre de 2018, por la Prefectura de Imbabura.
El proyecto auditado es el de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi. Y las personas señaladas son el exprefecto de Imbabura, tres funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo que participaron en las contrataciones.
El equipo de control advirtió que, durante el periodo de prueba, el contratista dio mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, derrumbes, trabajos emergentes), pero no intervino la carpeta asfáltica y no reparó los daños como baches, hundimientos, grietas, fisuras y tramos colapsados que ponían en riesgo el tránsito vehicular.
La Contraloría determinó que la Prefectura de Imbabura realizó pagos, por rubros mal ejecutados, por el monto de la responsabilidad civil. Esto ocurrió debido a que el exprefecto, en su periodo de gestión, no dispuso que se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera y garantizar así su operación.
Por su parte, el director de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato no supervisaron las acciones de la constructora, ni comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos.
Además, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que las capas de la estructura del pavimento cumplan los espesores determinados en las especificaciones técnicas, ni exigió a la constructora la ejecución de rubros contractuales como muros de gaviones, hormigones y drenajes.
A pesar de los incumplimientos, el administrador de ese contrato gestionó los desembolsos en favor de la fiscalizadora.
La Contraloría confirmó también otra glosa por USD 1’327.476 para el fiscalizador de la Prefectura designado para la liquidación de los contratos principal y complementario de obra.
El funcionario no verificó la exactitud de los trabajos e incluyó actividades que no formaron parte del contrato, relacionadas con reasfaltado, bacheo, reposición de materiales por contaminación y lluvias, ocasionando que la Prefectura realice desembolsos injustificados.
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