Qué es la Asociación Mundial de Juristas, la carta del Gobierno para 'legitimar' su estado de excepción

El gobierno de Daniel Noboa insistió por tercera ocasión en declarar un estado de excepción en siete provincias. Y desde la Presidencia, se promocionó que este nuevo decreto ejecutivo tiene el "aval" de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), un argumento que el Gobierno usa para presionar a la Corte Constitucional.

Miembros de esta asociación estuvieron en Quito la semana pasada. En una rueda de prensa, convocada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, los abogados españoles José Estévez y Elena Fernández, y el colombiano Gabriel Fernández, explicaron su trabajo "independiente".

Durante la rueda de prensa, realizada el 27 de junio en el Swissotel, en Quito, Estévez aseguró que la Asociación tiene un Observatorio de Derecho Internacional, en el que les "interesa" el caso de Ecuador y que, por eso, realizaron un análisis "totalmente independiente". Dijo además que su informe sería entregado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

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Esta información fue replicada en un comunicado de la Presidencia. El boletín explica que la Asociación Mundial de Juristas creó un "Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador", que emitió un "informe jurídico sobre la adecuación del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción a la Constitución". Dicho informe, según la Presidencia, constituye un "aval" al último decreto de Daniel Noboa.

La Secretaría de Comunicación incluso gestionó la agenda del abogado colombiano Gabriel Fernández en varios medios de comunicación.

Ante la consulta de PRIMICIAS, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, aseguró que aunque la relación de la Asociación fue directamente con la Secretaría Jurídica y no hubo un pago por este "acompañamiento", la Secretaría de Comunicación sí "ayudó para que se ubiquen" con los medios de comunicación.

El trabajo de la Asociación Mundial de Juristas en Ecuador

La Asociación Mundial de Juristas es una organización con sede en Washington, Estados Unidos, creada en los años 50. Es una organización de la sociedad civil, por lo que supuestamente no tiene vínculos políticos.

El abogado Gabriel Fernández explicó en la rueda de prensa en Quito, que la WJA "busca apoyar a aquellos países en situaciones concretas cuando así nos lo pide la sociedad civil". Sin embargo, los juristas explicaron a la prensa que en esta ocasión actuaron "de oficio", es decir que supuestamente no hubo un pedido de parte del Gobierno ecuatoriano.

En ese espacio, los abogados adelantaron que el nuevo estado de excepción sería sólo en unas provincias, no en todo el país, como sí sucedió. Vélez confirmó que la Asociación tuvo acceso al borrador del estado de excepción que la Secretaría Jurídica había redactado y a otros documentos, aunque dijo que fueron estos abogados los que se acercaron a la Presidencia.

"Ellos son independientes; vinieron porque quisieron ayudar. Era una manera de demostrar que la forma y la legalidad (del decreto) está. Fue una revisión, un respaldo y acompañamiento a la Secretaría Jurídica"

Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia

La explicación coincide con las declaraciones del secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, quien en días pasados afirmó en una entrevista que esta iniciativa no tuvo costo para el país y que fue "una iniciativa de la comunidad internacional".

PRIMICIAS envió correos electrónicos a la WJA y a Javier Cremades, su presidente, así como a su estudio jurídico, para conocer cómo fue la coordinación con la Presidencia y para conocer los alcances de este informe. Hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

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La independencia de este análisis sobre Ecuador genera dudas en los juristas ecuatorianos. La constitucionalista María Dolores Miño señala que ninguna organización de la sociedad civil, como lo es la Asociación Mundial de Juristas, puede avalar un estado de excepción en ningún país.

"Una organización que se respeta no está de la mano de ningún gobierno, avalándole nada, porque eso le resta legitimidad. Lo que podría haber hecho es presentar en la Corte un amicus curiae. Es molesto que una organización pretenda hacer las veces de la Corte Constitucional".

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia

Las dudas se aumentan porque los abogados que estuvieron en Quito, Estévez, Fernández y Fernández, no aparecen como miembros del directorio de la Asociación en su página web. Tampoco hay información en dicho portal sobre la creación del "Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador", ni sobre su visita a Ecuador la semana pasada.

En la página de la Asociación tampoco hay información sobre trabajos similares en otros países, ni sobre una futura nueva visita del "Comité", que se anunció en Quito.

Lo que sí coincide es que Estévez, Fernández y Fernández trabajan en el estudio jurídico Cremades & Calvo-Sotelo, dirigido por Javier Cremades, quien es también el presidente de la Asociación Mundial de Juristas.

Estévez es promocionado en la página del estudio jurídico como un abogado mercantil, Elena Fernández como abogada de la familia y exfiscal, y Gabriel Fernández como especialista en derecho administrativo.

Los orígenes de la organización

La página web de la Asociación Mundial de Juristas dice que esta nació en 1957, cuando el presidente de la American Bar Association (ABA), Charles Rhyne; el 'chief justice' del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Earl Warren, y el exprimer ministro inglés Winston Churchil, se reunieron en Londres para acordar un programa que promueva la paz mundial mediante el derecho.

Según los juristas que vinieron a Quito, esta organización es tiene "estatus consultivo" de la Organización de las Naciones Unidas. Y entre sus más de 2.000 miembros se encontrarían exmagistrados de Tribunales europeos, expresidentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, jueces, oficiales de gobierno, profesores y estudiantes de leyes.

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En su página, promocionan que la membresía a la asociación cuesta hasta USD 199.99.

El presidente actual de la Asociación es el español Javier Cremades, quien es reconocido por ser parte de la defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López y del periódico venezolano El Nacional.

La Asociación entrega anualmente el premio Paz y Libertad, que en 2019 recayó en manos del Rey Felipe VI de España. En 2017, lo recibió el secretario general de la OEA, Luis Almagro.